El pasado 26 de agosto el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, no pudo precisar ni cuánto costará ni de dónde saldría el dinero para elevar la totalidad de las pensiones de retirados del gobierno a $1,000.

En medio de cuestionamientos sobre el financiamiento de la medida, la Presidenta de la Comisión Cameral de Sistemas de Retiro del Gobierno, representante Lourdes Ramos, anunció que el próximo viernes dará inicio el ciclo de vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1393, que eleva el monto de las pensiones de los jubilados del gobierno central un mínimo de $1,000 mensuales. 

Para dar paso al análisis de esta iniciativa, la legisladora novoprogresista informó que el primer deponente citado ante la comisión, será el director de la Administración de los Sistemas de Retiro, Arnaldo Ortiz Miranda. 

“Su testimonio marcará la pauta técnica y fiscal inicial para evaluar los mecanismos de implementación de la propuesta, la cual busca hacerle justicia social a miles de hombres y mujeres que entregaron sus mejores años al servicio público de Puerto Rico”, expresó Ramos, al recordar que la medida es parte del compromiso programático de la gobernadora Jenniffer A. González Colón.

El pasado 26 de agosto el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, no pudo precisar ni cuánto costará ni de dónde saldría el dinero para elevar la totalidad de las pensiones de retirados del gobierno a $1,000.

Sostuvo en una entrevista con Noti-Uno que le tocará a la Administración de Retiro aclarar las dudas que se tiene sobre la viabilidad del proyecto, que afectaría a sobre 50,000 retirados. No precisó quién redactó la medida. Alegó que no tenía la información y dijo que, en conversaciones preliminares -aunque ya se radicó el proyecto- se habló con Retiro de un impacto fiscal anual de entre $30 millones y $40 millones. Luego, confrontado con que los números no cuadran y que podría ser más , incluso sobre $130 millones, Rivera Berríos insistió en que están en un análisis “bien preliminar”.

Mientras, Ramos recalcó que este proceso legislativo será sumamente amplio, transparente y participativo. 

En las audiencias, explicó la líder estadista, se integrará de manera activa a todos los componentes fiscales del gobierno, así como a las diversas asociaciones de jubilados, con el firme propósito de establecer un proceso robusto que permita viabilizar la aprobación de la medida y asegurar que pase exitosamente el cedazo de la Junta de Supervisión Fiscal.

«Nuestros servidores públicos retirados no pueden seguir cargando sobre sus hombros el peso de una crisis económica que no provocaron. Merecen vivir con la tranquilidad y la dignidad que se ganaron tras décadas de entrega y servicio a nuestra gente», expresó. 

Textualizó que el PC 1393 no es un favor, sino un acto de estricta justicia social y un pilar fundamental del programa de gobierno, por lo que agotará todos los espacios de diálogo y concertación para hacerla una realidad a la brevedad posible.