El informe OC-27-16 cubrió el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2022, aunque examinó algunas transacciones anteriores y posteriores. El documento contiene 10 hallazgos, siete comentarios especiales y una opinión adversa sobre las operaciones del Fideicomiso.

Una auditoría de la Oficina del Contralor concluyó el martes que las operaciones fiscales del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional incumplieron en aspectos significativos con la ley, luego de identificar una pérdida de $11,474,972 por un terreno sin uso, compras por $3,478,527 fuera de la Administración de Servicios Generales y obras y servicios por $1,680,904 sin contratos.

El informe OC-27-16 cubrió el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2022, aunque examinó algunas transacciones anteriores y posteriores. El documento contiene 10 hallazgos, siete comentarios especiales y una opinión adversa sobre las operaciones del Fideicomiso.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Fideicomiso no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, indicó el informe.

Entre julio de 2019 y diciembre de 2021, el Fideicomiso emitió 318 órdenes de compra por $3,478,527 sin la intervención de la Administración de Servicios Generales y sin una delegación que le permitiera efectuar directamente esas adquisiciones.

En una muestra de 25 órdenes por $1,907,956, los auditores encontraron 16 compras por $1,488,105 sin el método de licitación requerido. Otras 17 órdenes por $1,383,622 fueron adjudicadas a proveedores sin certificados de elegibilidad vigentes y 21 compras por $1,887,419 carecían de autorización previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o de la Secretaría de la Gobernación. Esas categorías se superponen dentro de la misma muestra y no representan cantidades que deban sumarse.

La Oficina del Contralor atribuyó la situación a instrucciones del entonces director ejecutivo para que las compras continuaran como de costumbre, porque entendía que la Ley 73-2019 no aplicaba al Fideicomiso. La auditoría concluyó que la corporación pública estaba obligada a tramitar sus adquisiciones por medio de la Administración de Servicios Generales.

Los señalamientos sobre las compras fueron referidos el 20 de agosto de 2025 al Departamento de Justicia, la Administración de Servicios Generales y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La remisión de los hallazgos no constituye por sí sola una determinación de responsabilidad penal.

La auditoría identificó además obras y servicios por $1,680,904 adquiridos mediante órdenes de compra sin contratos formales. La cantidad incluye $1,542,404 en trabajos de construcción y servicios técnicos, especializados y profesionales, además de $138,500 destinados inicialmente a la construcción de un monumento.

Cinco órdenes de compra provocaron desembolsos por $546,640 en obras que, una vez terminadas, no tuvieron utilidad inmediata. La cantidad incluyó $478,474 invertidos en un club para militares en la Base Aérea Muñiz que continuaba cerrado durante entrevistas efectuadas en 2023 y 2024; $47,000 en baños de una armería en Ceiba que fueron destruidos durante trabajos de mitigación por la presencia de plomo; y $21,166 en sistemas de seguridad para una oficina que nunca se utilizó.

Miguel Méndez Fontánez, entonces principal oficial ejecutivo del Fideicomiso, informó posteriormente que el club comenzó a utilizarse luego de resolver una controversia sobre la titularidad del edificio y completar mejoras al sistema contra incendios. La directora ejecutiva, Edith Pérez Estrella, también indicó que la Guardia Nacional Aérea utiliza la instalación para actividades autorizadas.

La Oficina del Contralor mantuvo el hallazgo porque las obras debieron formalizarse mediante contratos y los proyectos tenían que planificarse para que comenzaran a utilizarse con prontitud.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde a un terreno adquirido en Santa Isabel por $12.7 millones en diciembre de 2008. Al 1 de noviembre de 2022, catorce años después de la compra, la Junta de Directores todavía no había aprobado un plan para utilizarlo.

El terreno fue valorado en 1$.3 millones en 2014, por lo que el Fideicomiso registró una pérdida de $11,474,972 en sus estados financieros. Una tasación de noviembre de 2023 redujo su valor a un millón de dólares. Los auditores también observaron caballos, escombros y basura durante visitas realizadas en 2020 y 2022.

Méndez Fontánez señaló que la Junta de Directores aprobó en abril de 2024 la preparación de un estudio de viabilidad para evaluar un desarrollo comercial y residencial dirigido a veteranos y sus familias. El exdirector ejecutivo Epifanio Jiménez Cruz sostuvo que la responsabilidad por la pérdida recaía en la administración que compró el terreno sin un plan. La Oficina del Contralor mantuvo el hallazgo al concluir que las gestiones posteriores no revierten la pérdida registrada.

Otros señalamientos incluyen el pago de $1,592 por una póliza contra el cáncer para una empleada, beneficio que no estaba reglamentado ni fue ofrecido a otros empleados en condiciones similares; donativos por $34,704 que no respondían a los propósitos del Fideicomiso; y tres órdenes por $45,405 para servicios de refrigeración prestados por proveedores sin licencias vigentes.

Las situaciones relacionadas con los donativos y los proveedores sin licencia también fueron referidas al Departamento de Justicia. El caso de los técnicos fue enviado además a la Junta Examinadora y al Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.

La auditoría encontró 12 pagos anticipados por $638,316 antes de que las obras, los bienes o los servicios fueran recibidos. Diez de esos pagos, por $608,283, se efectuaron sin facturas de los proveedores. También faltaban registros de cheques, copias de cheques cancelados y documentos para confirmar el recibo de bienes o servicios.

Entre 2016 y 2021 se efectuaron 1,060 compras con tarjetas de crédito por $113,349 sin un procedimiento aprobado por la Junta de Directores. Una muestra reveló recibos ausentes, pagos de impuestos de los que el Fideicomiso estaba exento y cargos por financiamiento. El procedimiento para las tarjetas entró en vigor en enero de 2025.

La Oficina del Contralor señaló además que una contadora registraba órdenes, facturas y pagos, custodiaba los cheques en blanco, aprobaba transferencias electrónicas y preparaba las conciliaciones bancarias. Esa concentración de funciones impedía una separación adecuada de responsabilidades.

Las tiendas militares permanecieron cerradas entre julio de 2022 y marzo de 2023 durante una impugnación judicial sobre la selección de un concesionario. El Fideicomiso dejó de recibir $4,050,000 en ingresos durante nueve meses y, al 13 de mayo de 2024, no había transferido $1,930,000 al fondo de anualidades ni $275,000 al fondo educacional.

“La ausencia de ingresos por nueve meses se debió a la interrupción del proceso de concesión de las tiendas militares, no a la falta de un Plan de Continuidad”, sostuvo Jiménez Cruz al señalar que una impugnación judicial excedía el alcance de un plan operacional ordinario.

“Un Plan de Continuidad de Operaciones no se limita a escenarios operativos normales, sino que precisamente existe para anticipar, mitigar y manejar eventos imprevistos”, respondió la Oficina del Contralor al mantener el señalamiento.

El informe emitió 35 recomendaciones dirigidas al Gobierno, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Directores y la gerencia del Fideicomiso. Las medidas incluyen transferir los $2,205,000 a los fondos correspondientes, establecer un plan de continuidad, tramitar las compras por medio de la Administración de Servicios Generales y separar las funciones financieras incompatibles.

“Estas recomendaciones buscan fortalecer la supervisión, reforzar los controles internos, mejorar la planificación administrativa y asegurar el cumplimiento estricto con la normativa aplicable”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.