La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) no tiene personal especializado suficiente para analizar los expedientes sometidos a su consideración y, por ejemplo, no están manteniendo sus estadísticas oficiales para evaluar los niveles de cumplimiento o reincidencia de los confinados, indicaron sus miembros durante una vista el jueves de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, defendieron que están atendiendo a las 577 personas que actualmente disfrutan del privilegio de libertad bajo palabra.

La vista ocurrió en el contexto del caso de Carlos Estefano Pino, un sexagenario que la Policía mantiene como “persona de interés” en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro, en Caguas. El evento ocurrió mientras el hombre disfrutaba de libertad bajo palabra, a pesar de tener condenas que suman 167 años por casos que se remontan a 1976 (cuando era menor de edad), por violación, robo, asesinato y sodomía contra mujeres.

El presidente de la JLBP, Samuel A. Silva Rosas, narró que cuando llegó ese expediente lo estudiaron inmediatamente y se determinó su arresto ya que había violado los términos de su libertad, cuando no pernoctó en su hogar por tres noches, además de no haberse comunicado con su técnico socio penal y estar involucrado en el caso de feminicidio. Se indicó también que ya se celebró la vista sumaria inicial y que se anticipa una recomendación de vista final de revocación. A la vez, la Junta defendió que las vistas de seguimiento en este caso se habían estado realizando cada seis meses.

“Entiendo que, si pudiéramos tener algún técnico social que nos diera atención directamente a nosotros, alguna ayuda o asistencia en la línea psicológica y si es posible psiquiátrica, eso sería de gran utilidad para que pudieran asistirnos en sacar los perfiles psicológicos y mentales de estas personas, dada la magnitud de la complejidad de lo que está aconteciendo en este caso”, dijo Silva Rosas.

Este personal se uniría a los 39 empleados que laboran en la entidad, la cual tiene tan solo ocho oficiales examinadores a cargo de los informes que se realizan para el trámite de libertad bajo palabra. Documentos del organismo muestran vacantes en la dirección ejecutiva, su secretaria, Recursos Humanos y administración de sistemas de oficina confidencial. En lo que va de año, 518 casos han sido referidos por parte del DCR.

Los miembros de la Junta favorecieron que se introduzcan enmiendas a la Ley 118 del 1974, que crea el organismo, así como disposiciones relacionadas con el cumplimiento de sentencia en la libre comunidad, con el fin de lograr un balance entre la rehabilitación y la seguridad de la ciudadanía. Pidieron también revisión de sus reglamentos y de programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad de estos y cómo cumplen dependiendo de la situación de salud mental que esté presentando cada confinado.

Asimismo, funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) concurrieron en la necesidad de implementar protocolos especializados para atender casos de violencia de género y reclutar cerca de un centenar de empleados en puestos esenciales para poder atender las necesidades de la población correccional.

De acuerdo con Madeline González, secretaria auxiliar de la Secretaría de Programas y Servicios, el DCR requiere la contratación de aproximadamente 94 técnicos sociopenales y por lo menos, 15 psicólogos adicionales para apoyar los programas de rehabilitación como “Aprendiendo a Vivir sin Violencia”.

“Los casos de violencia de género tienen unos técnicos sociopenales que atienden exclusivamente lo que son la violencia de género, y ese grupo está capacitado. Pero sí necesitamos mejorar los protocolos, mejorar los servicios y también la cuestión del reclutamiento”, indicó González a preguntas de la representante independentista Adriana Gutiérrez Colón. La funcionaria aseguró que solicitó los fondos en el nuevo presupuesto del DCR para iniciar el reclutamiento de los técnicos socio penales y espera completarlo en los próximos meses.