«Se juzga al juez por el titular de un día. Nadie pregunta por las miles de decisiones correctas que ese mismo juez tomó en silencio, sin que nadie las contara», expresa el juez Carlos Salgado, presiedente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene una costumbre peligrosa: juzgar a su judicatura por el peor titular del día y no por las miles de decisiones correctas que ocurren a diario, sin cámaras, sin aplausos y sin que nadie las cuente. Esa costumbre no es inocente. Tiene un efecto corrosivo sobre la independencia judicial y es hora de decirlo sin eufemismos.

El relato cómodo del juez ausente. Hay un relato que circula sin que nadie lo cuestione: el juez como figura distante, lenta, desconectada de la realidad del país. Es un relato cómodo porque permite simplificar un sistema complejo en una caricatura. Pero es un relato falso. Antes de que un juez o jueza se siente en estrado, ya trabajó: leyó expedientes —muchas veces decenas en un solo calendario—, investigó jurisprudencia en controversias que casi nunca son sencillas, redactó resoluciones después de horas laborables, los fines de semana, en su tiempo personal. Esa realidad no le conviene a quien prefiere el titular fácil sobre el análisis riguroso.

En cada región judicial de Puerto Rico, todos los días, se resuelven casos de custodia, pensiones alimentarias, violencia doméstica, disputas laborales, controversias criminales de toda naturaleza. La inmensa mayoría nunca generará una nota de prensa. Pero cada una de esas decisiones altera, de forma permanente, la vida de alguien. Eso no es un trabajo menor que se ejerce ‘cuando hay tiempo’. Es la columna vertebral de la convivencia democrática del país, y merece que se le trate como tal — no como un blanco fácil cada vez que conviene políticamente.

La trampa de exigirle al juez lo que se le prohíbe hacer. Aquí está la hipocresía que esta columna no va a suavizar: se le exige al juez que se defienda públicamente de la crítica, mientras el propio sistema —con razón— se lo prohíbe. El Canon 24 del Código de Conducta Judicial le impide comentar casos pendientes o explicar su razonamiento fuera del expediente. Esa limitación existe para proteger la imparcialidad del proceso. Pero mientras el juez calla por mandato ético, otros actores —incluyendo algunos con responsabilidad pública— aprovechan ese silencio para construir narrativas sin contrapeso, sabiendo perfectamente que no habrá respuesta directa. Eso no es debate informado. Es jugar con las cartas marcadas.

La consecuencia de ese desequilibrio no es abstracta. Jueces y juezas reciben amenazas por decisiones correctamente fundamentadas en derecho. Cargan, sin la red de apoyo institucional que deberían tener, el peso emocional de presidir casos de violencia, de menores en riesgo, de tragedias humanas. Y lo hacen sabiendo que, si la decisión resulta impopular, no habrá quien explique el expediente completo — solo el fragmento que más indigna.

Esto no es un problema de comunicación. Es un problema de respeto institucional. No se trata de pedirle al país que aplauda a sus jueces. Se trata de exigir el mínimo respeto que toda institución democrática merece: que se le juzgue por el expediente completo, no por el recorte conveniente; que se reconozca la diferencia entre crítica legítima a una decisión específica y el desgaste sistemático de la confianza pública en la judicatura como institución. La primera es saludable. La segunda es irresponsable, y quienes la practican —desde la tribuna pública o desde la comodidad de un titular— deberían saber que tiene costos reales para el país.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico no existe para pedir inmunidad. Existe porque alguien tiene que decir, con claridad y sin disculpas, lo que el silencio impuesto por el Canon 24 no le permite decir a cada juez individualmente: que detrás de cada sentencia hay rigor, hay sacrificio, y hay una independencia que el país no puede darse el lujo de seguir erosionando por conveniencia política o por la pereza de explicar lo complejo.

El juez que no se ve no es el juez ausente. Es el que sostiene el sistema mientras otros construyen carrera atacándolo sin que pueda responder. Puerto Rico tiene que decidir si quiere una judicatura independiente o una judicatura que viva con miedo. No puede tener ambas.

* Esta columna es una expresión institucional de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico (FMPR) y no representa la posición oficial del Poder Judicial ni del Tribunal General de Justicia. De conformidad con el Canon 24 del Código de Conducta Judicial de Puerto Rico, los jueces y juezas suscritos se abstienen de comentar sobre casos específicos pendientes ante los tribunales.