DACO insiste en que le resultan inmanejables las querellas sobre condiminios, pero estos quisieran preservar ese foro en vez de tener que ir solo al tribunal.

Gremios que agrupan a líderes y administradores de condominios apoyaron con reservas la aprobación de una medida que propone un proceso adjudicativo alterno para transferir al Tribunal de Primera Instancia (TPI) las impugnaciones que no hayan sido resueltas por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en 60 días.

“La medida atiende un problema legítimo y propone mecanismos valiosos, pero debe perfeccionarse para evitar que la reforma termine sustituyendo un atraso administrativo por un proceso judicial más costoso y complejo”, advirtió Wilson Cruz, oficial de Legislación de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso, sobre el Proyecto de la Cámara 1010.

El deponente señaló ante la comisión cameral de Gobierno durante vista el lunes que trasladar querellas podría agravar el problema de volumen de casos al mantener al titular en un foro administrativo como el DACO, que no pueda resolverlo oportunamente, o empujarlo a un foro judicial que puede resultar más técnico y “menos accesible”.

La entidad recomendó que la propuesta legislativa establezca jurisdicción concurrente con la intención de preservar al DACO como un organismo especializado y potencialmente más económico, mientras permite que un titular acuda al tribunal cuando la naturaleza del caso lo justifique.

“Esta alternativa puede disminuir la carga total del sistema porque distribuye las controversias según su complejidad y necesidad real de remedio. Las controversias simples, documentales o de impugnación administrativa pueden permanecer en DACO”, comentó.

Por su parte, la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso sugirió el desarrollo de un sistema escalonado de resolución de controversias en condominios según su nivel de complejidad. El presidente del organismo, Marco Rosado, detalló que el primer escalón deberá estar compuesto por mecanismos de prevención y conciliación.

Explicó que el segundo nivel quedaría constituido por la adjudicación administrativa en el DACO y, en última instancia, el TPI se mantiene disponible para atender aquellas controversias que requieran intervención judicial.

“La medida atiende una necesidad real identificada por titulares, administradores, comunidades y entidades gubernamentales, ofreciendo una solución balanceada que evita los extremos de mantener todas las controversias exclusivamente en DACO o trasladarlas indiscriminadamente al Tribunal”, opinó.

Sin embargo, el licenciado Gabriel Sicardó, abogado del DACO, alertó que la agencia carece del recurso humano suficiente para resolver los casos en 60 días, en momentos en que las controversias asociadas a la Ley de Condominios representan el 27.5 % del total de querellas activas.

El también juez administrativo del DACO informó que existen 3,716 querellas activas a nivel isla, de las cuales 1,023 corresponden a impugnaciones relacionadas con condominios. Añadió que, en lo que va de año, la agencia ha registrado sobre 200 querellas vinculadas con condominios y anticipó que el 2026 superará los 541 casos reportados en el 2025.

El licenciado también mencionó que la División Especial de Condominios atiende las impugnaciones en un estimado de 180 días a través de ocho jueces administrativos, de los cuales tres de ellos –incluyéndolo– trabajan a tiempo completo en la resolución de casos de condominios.

“A eso se le suma que hay controversias que pueden ser sencillas, que se pueden resolver de alguna manera sumaria, pero, incluso, las querellas sumarias se han tornado cada vez más complicadas”, dijo Sicardó. “Nuestra posición al pedir que salga la jurisdicción del DACO no es un mero capricho, es porque realmente es inmanejable para la propia agencia”, agregó.

El representante Víctor Parés Otero- quien es autor del proyecto de ley- acogió la petición del DACO para ampliar el tiempo de resolución de controversias a 90 días, semejante al plazo que dispone la Ley 147 de 2019 en cuanto a los procesos administrativos expeditos para personas de edad avanzada.