Aunque se levanta la prohibición, la jueza retiene control sobre los movimientos de esas naves hasta que se disponga del caso de manera final.

La jueza federal Silvia Carreño Coll retuvo el control del movimiento de barcazas de gas en la bahía de San Juan, después de que ayer la empresa NFEnergía LLC y siete de ocho prácticos (pilotos) que realizan maniobras en ese puerto sometieran una estipulación que levanta por 45 días la prohibición de tránsito de barcazas que el tribunal había emitido.

Aunque se levanta la prohibición, la jueza retiene control sobre los movimientos de esas naves hasta que se disponga del caso de manera final. En esos 45 días deben ocurrir cuatro cosas: 1) tan pronto como hoy entraría la barcaza que lleva más de una semana esperando fuera de la bahía, esto sujeto a autorización final de la Guardia Costanera; 2) la empresa, que es una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), debe traer a la bahía dos remolcadoras con capacidad de más de 70 toneladas para uso exclusivo del tránsito de sus barcazas; 3) sujeto a que esas remolcadoras estén en la bahía, se podría realizar un segundo movimiento de barcaza previsto para el 1 de noviembre; y 4) NFE sufragará simulaciones que coordinará con los pilotos y a las que podrán asistir los peritos de ambas partes y otros capitanes que manejarán las barcazas, para verificar si pueden llegar a un consenso sobre cuál es la configuración de remolcadoras que se usará para los próximos movimientos de barcazas en la bahía.

“Después de estos movimientos, no habrá otros movimientos de naves con gas natural licuado… a menos que lo ordene el tribunal o la Guardia Costanera”, se consigna en el acuerdo.

La estipulación no contiene disposiciones que incumban al gobierno de Puerto Rico, que está demandado a través de la Comisión de Practicaje, ni tampoco a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) o a Genera PR. A las primeras dos ya la jueza les denegó una solicitud de intervención y la última, otra subsidiaria de NFE, tiene pendiente su moción de intervención.

La controversia principal del caso que comenzó el 31 de agosto es que siete de los ocho pilotos que maniobran el tránsito de las barcazas en la bahía indicaron que NFE se había apartado de un arreglo de seguridad al que llegaron tras dos años de simulaciones. Bajo el mismo, todos habían acordado que las barcazas requerían asistencia de cuatro remolcadoras con capacidad de 80 toneladas cada una. Esto, debido al alto riesgo que implica mover barcazas llenas de un combustible volatil en una bahía que es conocida por su navegación complicada y que, de ocurrir un accidente, afectaría no solo a comunidades alrededor sino la propia continuidad de la operación del punto de entrada para casi toda la mercancía que se consume en la isla. Las remolcadoras son las naves más pequeñas que literalmente mueven la barcaza a su entrada o salida.

Uno de las contenciones en el caso es que ese acuerdo era meramente entre partes privadas, no tenía fuerza de ley y no limitaba ni a la empresa ni a cualquier otro piloto que tuviera un criterio de seguridad distinto al de los demandantes. Pero el curso que tiene el caso ahora es que la simulación acordada en la estipulación va a producir un consenso de seguridad nuevo que, al recibir la aprobación del tribunal, tendrá fuerza de ley para la empresa, los pilotos y la Comisión de Practicaje. Cualquier desvío futuro de lo que el tribunal autorice sería base para una impugnación judicial más directa que la que hay ahora.

El movimiento que puede ocurrir hoy contará con dos remolcadoras con capacidad de 75 toneladas, una de 65 y una de 61. El de noviembre sería con las dos nuevas remolcadoras descritas como con capacidad “70+” y, presumiblemente, con algunas de las cuatro que están disponibles ahora. La estipulación aclara que ninguno de los dos movimientos se puede usar como evidencia de que los demandantes han accedido a una configuración de seguridad menor o como prueba de que el movimiento en la bahía se puede hacer con una configuación menor a la que los demandantes acordaron con NFE inicialemente.

NFE dejó de usar las remolcadoras de 80 toneladas por motivos económicos y las retiraron de la bahía dos semanas después de la radicación de la demanda, justo el día antes de la primera vista ante la jueza. En su petición de intervención, su hermana corporativa, Genera, abogó porque se permitiera el tránsito con menores medidas de seguridad porque ellos estaban gastando $710,295.83 diarios en operar con diésel las unidades que antes operaban con el gas que no llegó. Añadieron también que estaban perdiendo oportunidad de acceder a incentivos bajo su contrato de operación de las plantas termoeléctricas de la AEE.

“Si todas las partes llegan a un consenso sobre la configuración de remolcadoras que se usará, los demandantes desestimarán esta reclamación sin perjuicio. Si las partes no pueden llegar a un consenso sobre la configuración de remolcadoras, este proceso se reanudará tras la expiración de la paralización (de 45 días), y de acuerdo a cualquier orden del tribunal”, indica el documento sometido ayer.

Vea:

Guardia Costanera se resiste a dar testimonio sobre controversia de barcazas de gas