El tribunal anuló también una orden de la Administración González Colón que amordazaba a los pilotos que se encargan del tránsito de las barcazas y que habían alertado sobre el relajamiento de la seguridad.

La jueza federal Silvia Carreño Coll determinó el viernes en la noche que se van a mantener en pie, al menos por los próximos 14 días, las medidas de seguridad bajo las que las barcazas de gas licuado de la empresa New Fortress Energy (NFE) estuvieron entrando a la bahía de San Juan durante los últimos dos años, pero que se relajaron hace dos semanas.

Esencialmente, se trata del uso de cuatro remolcadoras con capacidad de 80 toneladas, para controlar los movimientos de la barcaza. Esta medida fue un acuerdo entre NFE y los pilotos, o “prácticos”, que manejan las barcazas, después de que se realizaran simulaciones por unos dos años en Houston para contemplar todos los posibles escenarios.

NFE decidió abandonar esa medida para comenzar a usar menos barcazas y de menos capacidad, caracterizando el acuerdo como meramente una media que habían adoptado los prácticos entre ellos, sin que fuera una regulación formal ni una orden de entidades como la Guardia Costanera. A la controversia se le añadió una cuña entre los prácticos cuando la empresa consiguió que uno de los ocho que están autorizados a realizar las maniobras en esa bahía aceptara realizar el transporte de las barcazas con menos remolcadoras y de menor tamaño. El gobierno de Puerto Rico, a través de una decisión unilateral de la presidenta de la Comisión de Practicaje, se puso del lado de NFE emitiendo una carta de cese y desista que prohibía a los siete capitanes opuestos al cambio a comunicar sus preocupaciones a ningún componente del transporte marítimo.

Estos siete capitanes sometieron una demanda federal el 31 de agosto y la jueza ya ha realizado tres vistas evidenciarias que incluyen testimonio pericial y que continuan hoy, lunes. Pero al principio de las vistas, el 16 de septiembre, abogados de los demandados confirmaron que las barcazas con capacidad de 80 toneladas se acababan de retirar del puerto. Los demandantes entonces pidieron la orden de emergencia que la jueza concedió el viernes y que ya NFE avisó que apelará.

En su orden, la jueza explicó que había provisto espacio para que las partes conversaran y llegaran a un acuerdo, pero resultó en un impasse. Además, los demandados le cambiaron versiones y, como se le indicó que la próxima barcaza podía entrar el domingo, 28 de septiembre, no tuvo “otro recurso” que la orden de emergencia para mantener el estado de las cosas como estaba hasta que se resuelva la controversia.

Un representante de NFE le argumentó al tribunal que debía imponer a los prácticos demandantes una fianza que podía llegar a los $10 millones, por el “revés monetario potencial” que podría tener la orden de volver a las medidas de seguridad de cuatro remolcadoras con capacidad de 8o toneladas, pero el tribunal se negó. El tribunal “entiende que en este caso hay preocupaciones de interés público mucho más grandes en juego, como las vidas de los que viven en la isla de Puerto Rico, que pesan más, por mucho, el impacto monetario que pueda sufrir el demandado NFEnergia (subsiadiaria de NFE)”.

La jueza también concluyó que el cese y desista que la comisión emitió contra los capitanes violenta el derecho de expresión de estos, por lo que lo declaró nulo.

La recién nombrada presidenta de la comisión, Jessica Ñeco Morales, fue una de las que le cambió los muñequitos a la jueza porque inicialmente dijo que iba a retirar la carta de cese y desista contra los siete capitanes, pero luego dijo que eso estaba condicionado a que ellos aceptaran realizar las maniobras con las medidas de seguridad reducidas. Por su parte, NFE anunció al tribunal que había llegado a un acuerdo con los demandantes pero, al explicarlo, era que le dejaran hacer el tránsito de la próxima barcaza, el domingo, sin las medidas de seguridad acordadas y entonces después se sentaban con ellos a negociar maniobras futuras.

La orden de la jueza (TRO en inglés) tiene tres puntos: 1) que NFE continuará realizando las maniobras de sus barcazas en la bahía con las medidas iniciales, es decir, cuatro remolcadoras con capacidad de 80 toneladas cada una; 2) que la carta de cese y desista que el gobierno emitió el 15 de agosto es nula; y 3) que los capitanes demandantes van a ayudar a NFE a identificar empresas que puedan proveer las barcazas necesarias para realizar las maniobras como se venían realizando desde hace dos años.

Tras la orden del viernes, NFE no solamente avisó que apelaría, sino que también sometió una solicitud de paralización de la orden mientras se tramita la apelación porque sería «catastrófico» que no se pudiera realizar el domingo la maniobra de sacar el tanquero Energos María y sustituirlo con el Energos Princess y que ya se habían realizado, sin incidente, cuatro maniobras con medidas de seguridad más relajadas. El retiro de la Princess sin descargar gas fue la ficha que NFE usó en julio después de que la Junta no aprobara un borrador de su contrato de suplido de gas a largo plazo en lo que hasta el propio gobierno de la isla calificó como un «chantaje».

El sábado al filo de la medianoche, la jueza denegó la solicitud de paralización. Recordó que no es un interdicto, sino una orden temporera, y que NFE tendrá oportunidad de presentar su prueba en las vistas. Adelantó que ya hay evidencia de que el Capitán de Puerto de la Guardia Costanera ha dicho que las maniobras tienen que hacerse con las medidas de seguridad que satisfagan a los prácticos; que la medida de usar barcazas con capacidad de 80 toneladas se convirtió en una «guía operacional» para estas maniobras y que siete de los ocho capitanes se sostienen en mantener esa salvaguarda que se había aplicado por dos años desde el principio del tránsito de las barcazas de NFE. Parte de la información que han planteado los demandantes es que NFE está usando barcazas de gas varias veces más grande que las que inicialmente usaban y para las que se desarrollaron las simulaciones y medidas de seguridad.

NFE tiene pendiente ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la evaluación de un contrato que lo convertiría en suplidor de gas principal de Puerto Rico por hasta 10 años y le mantendría el control que tienen sobre el único punto de entrada de ese combustible en la costa norte de la isla, por la bahía de San Juan.

Vea:

Capitanes describen maniobra de emergencia por barcaza que NFE ordenó retirar

El gobierno apoyó que NFE redujera medidas de seguridad para tránsito de sus barcazas de gas