Bajo parámetros de la Junta de Supervisión Fiscal, contrato de gas sigue siendo resultado de un proceso sin competencia y que crea un monopolio energético.

Los parámetros que la Administración González Colón anunció ayer para el segundo borrador de contrato de suplido de gas a largo plazo con la empresa New Fortress Energy (NFE) mantienen elementos que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había criticado en julio pasado.

El borrador, acordado entre el gobierno y NFE el 12 de septiembre pasado, todavía depende de la aprobación del ente fiscal, pero ya ambas partes emitieron avisos públicos sobre el contrato que, en el caso de la empresa, le sirvió para tratar de capear la tormenta de malas noticias financieras que la asedian. Principalmente, que se dirige a la quiebra y que sus acciones han perdido la mitad de su valor.

Anunciar un contrato de largo plazo con Puerto Rico era de las pocas posibilidades de noticias buenas que tenía NFE para presentarle al mercado después de que, incluso, se tardaran hasta septiembre para divulgar al mercado su cuadro financiero para el trimestre que cerró en junio, después de haber incumplido varios plazos prestatarios. Según publicaciones especializadas, NFE tiene $821 millones en caja para enfrentar deuda que asciende a $9,000 millones.

En su comunicado al mercado sobre el contrato, NFE resaltó que ese acuerdo complementa el que tienen para proveer gas por 25 años a la planta que se supone construya en San Juan la empresa Energiza. Esta última movida la consiguieron con la Administración Pierluisi sin que todavía haya explicación formal de por qué ni cómo acabó esa exigencia como una condición al contrato de Energiza.

En el anuncio de la gobernadora, se divulgaron algunos detalles que contrastan con los señalamientos que la Junta hizo al primer borrador.

El cambio más notable a favor del pueblo de Puerto Rico es que la mandataria asegura que se le eliminó la exclusividad que se le había dado a la empresa en el primer borrador. Sin embargo, NFE mantiene al menos dos formas claras de tener control de su negocio en la isla.

La primera es que la certificación de los volúmenes mínimos de gas que el gobierno se obliga a comprarle la va a producir Genera PR, que es la subsidiaria de NFE a cargo de las plantas generatrices. Esto sería “validado” por la Oficina de Compras de la Autoridad de la Alianza Público Privadas (AAPP), la misma que lideró las negociaciones para el primer borrador del contrato y para este. Ya la Junta había indicado que, aún si se quitaba la exclusividad, los volúmenes de compra mínima obligada eran una manera de darle a NFE “un derecho de exclusividad implícito” para suplir hasta que se cumpliera con los mínimos.

La segunda forma de control es que NFE mantiene su contrato con la Autoridad de los Puertos (AP) para operar el único punto de entrada de gas en la costa norte de la isla. Sobre esto, el gobierno celebró que había llegado a una especie de acuerdo de peaje con la empresa para que otras empresas usen esas facilidades. Pero el mismo comunicado indica que esto no es cuando el gobierno quiera, sino solo “en caso de que NFE se vea impedido de suplir el combustible”. “Si NFE falla por alguna razón, o sea no puede suplir el combustible, con el contrato recomendado ahora de septiembre, el terminal lo puede usar otro suplidor”, dijo La Fortaleza.

Esta continuación del control de NFE sobre ese muelle contrasta directamente con expresiones públicas, y cartas oficiales, del zar de Energía, Josué Colón Ortiz, quien, después de que la Junta rechazara el primer borrador, pidió al ente que entrara a evaluar el acuerdo con Puertos bajo los poderes que la confiere la Ley PROMESA para decretar la nulidad de contratos públicos.

“Hay base creíble para concluir que el acuerdo (con Puertos) es nulo o anulable… por tanto, el Gobierno de Puerto Rico se reserva todos sus derechos para tomar acción de acuerdo con la ley, incluyendo rescindir, suspender o anular el acuerdo”, dijo el funcionario en una carta de julio pasado.

En cuanto al costo total, la gobernadora Jenniffer González Colón resaltó que el negocio bajo el primer borrador valía $20,000 millones y ahora vale $4,000 millones. Pero el ahorro que se presenta son $350 millones en reducción de precios, por lo que no está claro de dónde sale el resto del costo supuestamente reducido.

La duración del acuerdo bajó de 15 años a siete con opción a tres adicionales. Los siete son más de los cinco años base que originalmente buscaba contratar la AAPP bajo el requerimiento de propuestas que, según la Junta, nunca cumplieron porque modificaron varias condiciones para que la propuesta de NFE pudiera aceptarse. De hecho, el segundo borrador, igual que el primero, es resultado de algo que ya la Junta criticó: un proceso sin competencia que fue meramente una negociación directa con un solo suplidor.

Ninguno de los anuncios abordó otro elemento que señaló la Junta. Que el gobierno había dejado fuera del negocio la obligación de sufragar los costos de regasificación de unidades actuales de generación. Esto crea el potencial de que cumplir con los mínimos de volumen de NFE se use como presión para que el gobierno sufrague el costo de gasificar más unidades, independientemente de las necesidades reales de consumo del pueblo y de los planes para transicionar a energía renovable.

“Tal compromiso a largo plazo puede limitar la capacidad de la (Autoridad de Energía Eléctrica) para tomar decisiones futuras basadas en evoluciones tecnológicas, cambios en las fuentes de generación disponibles, modificación de la política pública o mejores condiciones de mercado… el contrato propuesto debe reflejar mejor los requisitos reales de combustible de (la autoridad), mantenerse dentro de las expectativas de costo del Plan Fiscal y permitir ajustes futuros en la medida en que la demanda energética y la política pública sigan evolucionando”, había dicho el ente fiscal en la evaluación del primer borrador.

Distinto a la Junta que evaluó el primer borrador, la actual está en el hueso, con solo un miembro en propiedad después de que el presidente Donald Trump despidiera a los demás.

A principio de año, la Administración González Colón también puso en bandeja de plata a NFE un negocio que le sirvió a la empresa para tratar de argumentar que superarían las expectativas financieras para este año. Pero ese negocio, darle un pago de $110 millones por eliminar pagos de incentivos que NFE sabía que no podía cumplir, no se materializó después de que la empresa no aceptara las garantías económicas que el Negociado de Energía le impuso.

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