El marco legal que liberó al asesino convicto emana de una ley refrendada por esta Legislatura y firmada en septiembre del 2022.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón aceptó frente al Senado en una vista pública que su agencia fracasó en supervisar adecuadamente al convicto asesino Hermes Ávila Vázquez, quien logró su libertad, entre otras cosas, gracias a una ley aprobada por esta Legislatura.

Todo apunta, según se desprende de lo vertido por la propia Escobar, que el DCR pudo evitar que Ávila Vázquez estuviera en la calle en la noche del 21 de abril, cuando se cometió el asesinato en el municipio de Manatí de Ivette Joan Meléndez.

La decisión final que provocó la autorización del reo se hizo al amparo de la Ley 79-2022, que chocaba con la Ley 25-1992, que limita los pases extendidos de reos con condiciones de salud a padecer de sida o tener una condición terminal. No obstante, el texto de la Ley 79-2022 modificó el Plan de Reorganización del DCR para añadir “condiciones fisiológicas limitantes” a las circunstancias bajo la cual se permitiría un pase extendido por condición de salud.

También se consignó que si toda o parte de la ley choca con otra, esta quedará derogada. En la ley nunca se define qué es una condición fisiológica limitante.

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Con el impedimento legal de la Ley 25-1992 fuera del camino, solo faltaba que se certificara la condición de Ávila Vázquez como fisiológicamente limitante para que saliera de prisión, y así ocurrió.

La Ley 79-2022, denunció anoche en el programa Jugando Pelota Dura el político popular y analista Jorge Colberg, emana de un proyecto de ley de los novoprogresistas Gregorio Matías, William Villafañe, ambos como coautores y Keren Riquelme, como autora. La medida fue aprobada en ambos cuerpos y, en la Cámara de Representantes, sin un solo voto en contra.

El proyecto fue convertido en ley en septiembre del 2022. En agosto del 2022, Escobar, en una carta a La Fortaleza, indicó que el DCR no recomendaba la excarcelación de Ávila Vázquez, aunque no porque su supuesta condición de salud no lo ameritara. Entonces se refirió a que no cumplía con el requerimiento de contar con apoyo familiar.

Ávila Vázquez obtuvo un pase extendido cuando se le reconoció una condición limitante bajo el Reglamento 9242, conocido como el Reglamento del Programa Integral de Reinserción Comunitaria, promulgado el 11 de diciembre de 2020. El reglamento no establece criterios específicos a tomarse en cuenta para determinar lo que sería la condición limitante. El diagnóstico de paraplejia fue certificado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

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Escobar Pabón se ampara en que en el Artículo 16 de la Ley 79-2022 establece cuáles de los miembros de la población correccional pueden ser o no elegibles para un programa de desvío. Indica que se adjudicará cuando un miembro de la población correccional confronte “problemas de salud por prognosis de vida corta y con condiciones fisiológicas limitantes”, detalla el reglamento.

Bajo los mismos criterios, también se establece que tendría que estar acompañado por una certificación médica que detalle la prognosis de vida y que no está representando un peligro para la comunidad. La historia ha demostrado que la prognosis de vida y el diagnóstico de paraplejia de Ávila Vázquez fue erróneo.

Ávila Vázquez fue diagnosticado en un periodo de 18 años con: paraplejia, vejiga neurogénica, asma bronquial, Hepatitis C y Síndrome Degenerativo Cervical. Las condiciones de salud fueron evaluadas y certificadas por Physician Correctional sin la intervención de un médico especialista.

Escobar Pabón, a preguntas del senador José Vargas Vidot, también aceptó que hay inconsistencias en la documentación médica, en los diagnósticos y de evidencia que respalde las condiciones certificadas.

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“Los expedientes no contienen información que valide las condiciones de salud, que valide los laboratorios ni resultados que sustenten ese diagnóstico; esa condición de salud del confinado”, afirmó la secretaria.

También, a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, la secretaria aseguró desconocer si Ávila Vázquez fue sometido a una evaluación sicológica previa al excarcelamiento.

“Esta persona estaba presa porque violó y mató. No estaba presa por carjacking, porque lo agarraron con marihuana… ¿Usted puede dar fe aquí (de que se hicieron evaluaciones sicológicas)?”, cuestionó Santiago Negrón.

“No puedo dar fe en este momento porque tendría que evaluar el expediente… no puedo confirmar que esa evaluación sicológica fue realizada”, indicó Escobar Pabón.

El convicto ya había presentado querellas en contra de la compañía privatizadora, Physician Correctional, pero trascendió que no ha sido el único, ya que hay otros reos y familiares que han denunciado insatisfacción con los servicios médicos o con la continuidad de servicios.

¿Cómo Hermes Ávila Vázquez sale a la libre comunidad?

El 19 de abril de 2023, Ávila Vázquez fue integrado al Programa de Pase Extendido por Condición de Salud, autorizado por Celia Cosme, directora del Programa de Desvío. Un reglamento del DCR que data del 2008 indica que el evaluador del Programa de Desvío -en este caso Cosme-, será el responsable de procesar la recomendación de excarcelación luego de que el panel médico haya determinado el caso médicamente meritorio.

Cosme es subordinada de Escobar.

Durante un año, reconoció Escobar, Ávila Vázquez solo fue visitado para consulta de seguimiento cuatro veces y, en total, se tuvo contacto con él ocho veces en un año.

Por reglamento del DCR, se suponía que fuera visitado cada 15 días.

La secretaria mencionó en la vista pública que tampoco sabe si el caso de Ávila Vázquez fue trabajado de manera presencial, por lo que tampoco descarta que estas “visitas” sean incluso, fueran por la modalidad virtual o solo un chequeo de expediente.

“Se supone que haya un técnico que esté visitando a la persona cada 15 días. Lo que yo quisiera saber es si eso se hizo y si originalmente colocamos ahora mismo frente a los tres médicos al paciente, si ellos lo podrán reconocer. ¿Ellos lo vieron?”, preguntó Vargas Vidot.

“No puedo contestar si lo vieron o no lo vieron…”, se limitó a contestar Escobar Pabón.

A pesar de las incongruencias e irregularidades, Cosme sigue trabajando en la agencia y el contrato con Phycician Correctional está vigente.

Las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Santiago Negrón, después de escuchar las declaraciones de la funcionaria, mantuvieron la postura que lo correcto es que Escobar Pabón renuncie a su silla.

Sin embargo, aunque pidió perdón públicamente por la negligencia que resultó en el asesinato de Ivette Joan Meléndez, a preguntas de NotiCel, la secretaria dijo a su salida que «no es que asuma una responsabilidad o no con el efecto de la excarcelación. Lo importante dentro de todo esto es que al momento en que se ejecuta la excarcelación teníamos dos áreas fundamentales con la que estábamos atendiendo. Primero: un panel de médicos favoreciendo un miembro de la población correccional …y por otro lado, un informe de investigación de comunidad que validaba que la persona podría salir posteriormente a la comunidad», concluyó.

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