Si no ocurre el desalojo, el gobierno federal no renovará el financiamiento de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, indica demanda ante el tribunal de Guayama.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sometió hoy la demanda de desalojo con la que finalmente se atenderían las construcciones ilegales y los daños ambientales que se están causando hace años en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

De no ocurrir el desalojo de los invasores, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) no renovará el financiamiento y acuerdo bajo el que el DRNA administra la Reserva, la única de su tipo en Puerto Rico y el Gran Caribe, indicó la agencia en la demanda. El acuerdo se renueva cada cinco años, siendo este año la expiración del periodo más reciente de cinco años.

El recurso enumera a 12 personas que ocupan espacios en terrenos de la reserva, en algunos casos con edificaciones como casas, gazebos y muelles, pero también incluye a demandados innombrados que serían personas identificadas durante el pleito que podrían estar ocupando otros espacios en el lugar.

El juez superior del tribunal de Guayama, Josian J. Rivera Torres, citó a una vista inicial por videoconferencia para el 6 de junio a las 10:00 am.

La presentación del recurso es la primera acción legal formal que toma el DRNA para atajar a los invasores desde que en 2015 se emitió una orden de Cese y Desista contra tres personas por remoción ilegal de mangle. Esa orden inicialmente produjo una multa de $250,000, pero la División Legal de la agencia luego la redujo a $3,000 y, de hecho, todavía no se ha pagado.

La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega explicó que esperan que las peticiones que están haciendo al tribunal les permitan tomar posesión inmediata de los terrenos invadidos para comenzar a hacer estudios sobre los daños ambientales que, mínimamente, se estima que tomaría 10 años y $4 millones revertir. «[L]a Reserva es hogar de varias especies en peligro de extinción, entre ellas la mariquita de Puerto Rico, el pelícano pardo, el carey de concha y el manatí antillano, agrupando la población más grande de Puerto Rico de este último», se asegura en el escrito. La intención es que el tribunal otorgue ese acceso sin esperar a resolver otras controversias en el caso.

Según la demanda, el DRNA pide siete remedios: 1) sentencia declaratoria de que el DRNA es dueño de los terrenos de la reserva en pleno dominio; 2) que el DRNA tiene derecho absoluto al uso y disfrute de los mismos; 3) que se reivindique al DRNA en la posesión de los terrenos; 4) que se emita orden de desalojo contra todo ocupante no autorizado; 5) que se ordene la remoción inmediata de toda construcción removible y bienes muebles sitos dentro de los terrenos de la reserva, a costo de los demandados; que se ordene la restauración del área ilegalmente ocupada a su estado original, a costo de los codemandados; y 7) que se reconozca el derecho del DRNA a quedarse con toda estructura, sin compensación a los demandados, que tenga que permanecer en el área porque su demolición causaría más daño.

Los demandados son: Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, su esposa Grecy Mari Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz.

«Por información y creencia, los codemandados han aprovechado, entre otras, situaciones catastróficas como el Huracán María y la Pandemia por el COVID-19 para acelerar las construcciones indebidas en esta zona, en su mayoría en horas de la noche», indica la demanda que presenta como evidencia una comparativa de fotos aéreas del área desde 1985.

«Esperamos que (el caso) sirva de disuasivo para que las personas en Puerto Rico que están cometiendo crímenes ambientales detengan este tipo de conducta», expresó Rodríguez Vega sobre la controversia que, hasta ahora, ha sido un ejemplo de lo contrario, de que los daños ambientales pueden permanecer impunes por décadas.

En agosto de 1981, un mes antes de que se formalizara el acuerdo que convirtió los terrenos en reserva federal, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió un interdicto para que se removieran estructuras ilegales y se restauraran daños ecológicos en el área que, por sus características ecológicas, estaba protegida desde antes de convertirse en reserva. El DRNA adquirió formalmente la finca de 1,147 cuerdas en 1982 por $516,332.

En una ponencia escrita sometida ayer a la Cámara de Representantes, la exsecretaria del DRNA que emitió la orden de 2015, ahora directora de la región del Caribe de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA en inglés), Carmen Guerrero Pérez, explicó que en 2016 formalizó mapas de delimitación de la reserva y que luego de su incumbencia el agrimensor Carlos Vega entregó un informe sobre la titularidad de las tierras y que «siempre había sido la intención de que la agencia diseñara e implementara una estrategia legal-judicial de cumplimiento para atender el problema de los invasores de forma integrada con información técnica y pericial actualizada por estudios de agrimensura y titularidad».

La actual secretaria interina confirmó ayer que ese informe de titularidad de 2016 es la base de la demanda presentada y que el resto de la información que la sustenta viene de informes de vigilantes de la agencia, expedientes administrativos y de cotejo con las autoridades de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados sobre las personas que habían logrado que se le conectaran utilidades en terrenos de la reserva. Es decir, que desde 2016 existía la información necesaria para presentar el pleito, pero no se hizo hasta ahora que las invasiones se convirtieron en controversia pública. La funcionaria dijo que no podía explicar por qué no se hizo antes, ya que está en el cargo hace menos de un mes.

La demanda se preparó después de que la NOAA otorgó fondos específicamente para sufragar la acción y de que el Departamento de Justicia emitió dispensa para asignarla a un bufete externo, González López & López Adames. El principal del mismo, licenciado Homero González López, ha prestado servicios legales repetidamente en distintas agencias bajo varias administraciones del Partido Nuevo Progresista. La firma legal atiende el pleito bajo un contrato otorgado el 20 de enero pasado por $49,000 cuya vigencia ha sido extendida hasta el 31 de marzo de 2023 y bajo el cual se han facturado $4,031.25.

El tracto de propiedad de los terrenos que expone la demanda es complicado y comienza en 1888. Esencialmente, los demandados habrían hecho transacciones de compraventa de participaciones en una finca originalmente propiedad del matrimonio Guillermo Godreau Marrero y Josefa Veguilla (Finca Núm. 3752 o Finca La Cuarta), pero ocuparon y urbanizaron en la finca de la reserva (Finca Núm. 5791o Finca Lugo Viñas).

«Es solo el comienzo», prometió Rodríguez Vega al mencionar que contra los demandados se van a iniciar también procesamientos administrativos en la agencia y al reconocer que, aunque la demanda se concentra en la invasión de terrenos de la reserva, a lado contrario de donde ubican esos terrenos también se han realizado edificaciones ilegales y daños ambientales porque, aunque no es parte de la reserva, son terrenos protegidos. Además, la agencia se mantiene cooperando con pesquisa criminal que inició Justicia.

El DRNA precisó que las organizaciones sin fines de lucro Protectores de Cuencas, IDEBAJO y The Nature Conservancy ya han expresado interés en ayudar a remediar el daño en el área. Guerrero Pérez dijo a la Cámara que en 2015 se firmó acuerdo con IDEBAJO que produjo «varias actividades colaborativas, incluyendo organizar campamentos de verano de educación ambiental con niños y jóvenes de las comunidades aledañas».

Para leer la demanda, pulse aquí:

Vea la orden y citación:

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