Aunque la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) empezó a emitir las debidas comunicaciones a fin de emplazar a la comunidad universitaria del recinto de Rio Piedras a acatar la orden judicial del Tribunal Apelativo para reabrir los portones y reanudar clases, si esta acción no ocurre antes del 11 de mayo a las 6 de la mañana, la defensa legal de la institución tendrá que presentar ante el tribunal las acciones tomadas a fin de cumplir con ese ordenamiento.

Esto supone que tendrán que informar al tribunal sobre las medidas encaminadas antes de la próxima vista en el tribunal de primera instancia el próximo viernes 12 de mayo y de paso contestar la demanda inicial radicada por seis estudiantes de la UPR. La querella exige a la administración universitaria a cumplir con su derecho contractual con los estudiantes para ofrecer clases de manera ininterrumpida y mantener abiertos los portones del recinto riopedrense.

Para el abogado de los seis estudiantes, Pedro Vázquez, la UPR y sus funcionarios poseen la facultad de reestablecer clases, tanto fuera del salón de clases como adentro. Sin embargo, insistió que el mandamus e interdicto preliminar obliga a la institución a hacer todo dentro alcance para cumplir con ello.

‘Ahora tiene que hacer verdaderas gestiones conducentes a lo antes posible empezar a dar clases asegurando a todas las partes el derecho, tanto a los que no quieren coger clase el derecho a manifestarse, como a los que sí quieren coger clase el derecho de poder entrar y coger clases en sus salones’, dijo a NotiCel el abogado, aunque opinó que sería difícil que la universidad pueda rehabilitar el recinto antes de la fecha límite.

En ese sentido, Vazquez entiende que la administración del recinto de Rio Piedras tuvo varias alternativas para permitir que sus seis clientes puedan tomar clases, sin violentar la política de convivencia (o de no confrontación). No obstante, añadió que debido a que la sentencia del Apelativo amplió la orden para aplicar a todos los estudiantes de esa unidad, la UPR tendría que actuar a fines de reestablecer clases para todos, lo que podría conllevar la apertura del recinto riopedrense si así la administración universitaria entiende es la alternativa.

Vázquez indicó que tanto él como los demandantes han recibido acercamientos por parte de otros estudiantes en otros recintos para verificar si la sentencia podría aplicar a otros recintos. El abogado indicó que en esa eventualidad la sentencia sólo aplicaría a Rio Piedras, pero podría servir de base para otros rectores hagan lo mismo en sus recintos.

‘Los otros rectores tienen que darse cuenta que ya no hay ningún argumento legal para que no den clase o no empezar a hacer las acciones que les lleven a dar clases’, expreso Vázquez quién reiteró lo difícil que será para el recinto reanudar clases antes de la fecha límite, aunque sentenció que deben empezar a tomar medidas conducentes a ello.

Este miércoles, el Consejo General de Estudiantes de Rio Piedras se reunirá en asamblea para presentar los más recientes hallazgos en torno la huelga en esa unidad y posiblemente se llevaría a voto la decisión de continuar o levantar la huelga indefinida, que lleva poco más de un mes en vigor. Una de las portavoces del movimiento estudiantil de esa unidad, María de Lourdes Vaello, aseguró a este medio que los estudiantes dentro el recinto acatarán la voluntad de esa asamblea, sea a favor o en contra de levantar la huelga.

No obstante, el mandamus del Apelativo expone los distintos sectores del recinto a una orden de desacato que podría llevar al tribunal a tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el ordenamiento. En esa circunstancia, el desacato recaería sobre la parte demandada, es decir la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández; la rectora de Rio Piedras, Carmen Rivera y el presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez.

Para el licenciado Vázquez, sin embargo, la situación no debería desembocar en enfrentamientos para forzar la apertura de los portones, y en vez aseguró que la orden no debe acabar en violencia contra los estudiantes. No obstante, la UPR debe presentar un plan a fin de reabrir los portones antes del 11 de mayo.

Entretanto, la demanda de los seis sigue activa y persigue una sentencia declaratoria por parte del tribunal para validar el reclamo de los demandantes para mantener los portones del recinto abiertos. Sin embargo, el camino a ello implica que la universidad conteste la demanda y después pasen a la fase de descubrimiento de prueba.

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