La reclamación es por 25 años de supuesto incumplimiento con parámetros ambientales y se suma a una demanda que sometió la Agencia federal de Protección Ambiental.

Los residentes del barrio Contorno de Toa Alta llevan más de 50 años con un vecino apestoso y descuidado que pone en peligro su salud y amenaza sus propiedades.

Se trata del vertedero municipal, una operación activa desde 1966 en 32 cuerdas que acumula múltiples violaciones ambientales y, específicamente, por lo menos 25 años de incumplimiento con parámetros de aire limpio. Ahora los vecinos de Contorno se aprestan a tomar acción directa con una demanda que presentarían a fines de agosto y que se suma a otra acción, bajo leyes distintas, que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) presentó contra el ayuntamiento en febrero pasado.

“La comunidad quiere que se cierre el vertedero, punto, que no reciba más basura. Eso no resuelve el problema, pero es el principio de la solución del problema”, afirmó el licenciado Miguel Sarriera Román, representante de los miembros de la comunidad que iniciarán la acción legal. La intención de la comunidad es ganar un espacio en la mesa en la que se discute el futuro del vertedero porque encuentran que el municipio ha sido históricamente no responsivo a sus necesidades mientras que la EPA no ha sido suficientemente proactiva.

Una fuente de la EPA dijo, bajo condición de anonimato, que el vertedero se considera el lugar más contaminado de Puerto Rico, después de los antigüos campos de tiro de la Marina en Vieques y Culebra.

“25 años operando en violación a la ley es bastante tiempo y 25 años exponiendo a la comunidad es bastante tiempo… es una comunidad muy sufrida”, añadió. Un análisis de la EPA concluyó que hay 100 residencias y comercios en un radio de 1,300 pies del perímetro del vertedero y que hay una residencia que está ubicada tan cerca de la colindancia como 55 pies.

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La contención principal de la comunidad es que, desde 1996, el vertedero cumple con la cantidad de basura depositada y la cantidad de emisiones de gases detectada que activan la necesidad de establecer un sistema de recolección de gases y otros controles bajo el Título V de la ley federal de Aire Limpio. Los vertederos municipales como el de Toa Alta son de los principales generadores de gases invernadero, como el metano y el dióxido de carbono, que, además de causar la actual emergencia climática, son cancerígenos.

NotiCel obtuvo una evaluación que la EPA realizó a los vertederos de la isla después del paso de los huracanes Irma y María que confirma que Toa Alta es uno de los que debe estar sometido a los controles del Título V.

La reclamación de la comunidad incluirá al municipio, al operador privado, Toa Baja Eco Park LLC y al alcalde Clemente Agosto Lugardo en su carácter personal porque “el problema con los municipios es la impunidad, los alcaldes pasan y pasan y pasan y nadie asume una responsabilidad personal”. Las leyes bajo las cuales demandarán incluyen también que los demandados podrían tener que pagar los gastos legales de la comunidad. La comunidad ya sometió a los demandados el aviso de 60 días que se requiere antes de poder formalizar el pleito.

Agosto Lugardo no contestó una solicitud de entrevista de NotiCel, pero en la contestación que el municipio sometió a la demanda de la EPA de febrero se defendió argumentando que el cierre del vertedero “no está en el interés público” y que “no hay necesidad para intervención judicial porque no hay un peligro sustancial o amenaza inminente para la salud o el ambiente”. Explicó que el ayuntamiento inicialmente operó el vertedero, luego intentó hacerlo con una corporación municipal y luego recurrió a operadores privados señalando específicamente que había que traer al pleito a Landfill Technologies of Toa Alta, quien fue el operador en 2017 cuando la EPA emitió una orden administrativa mandatando la suspensión del depósito de desperdicios, lo que no sucedió. La orden de 2017 también cubría a otros operadores, LandTech y CMA.

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El operador actual, Toa Baja Eco Park LLC, es una subsidiaria de la empresa Puerto Rico Eco Park LLC, quien también maneja vertederos en Juana Díaz, Moca y Cabo Rojo con contratos que han sumado $19 millones desde 2011.

Además, el municipio se defiende indicando que, en todos estos años, la Junta de Calidad Ambiental del gobierno de Puerto Rico le ha permitido operar. La evaluación de la EPA post huracanes precisó que la falta de personal en la Junta es un riesgo para atender el problema de que casi todos los vertederos de la isla están llegando a su capacidad y que no se han desarrollado proyectos alternos con suficiente rapidez.

Una evaluación confidencial de la EPA, que luego fue divulgada mediante solicitud bajo la ley federal de Libertad de Información, detalla que el cierre del vertedero de Toa Alta costaría unos $28 millones en los primeros 10 años.

La orden de 2017 concluye que el vertedero representa un “riesgo inminente y sustancial a la salud humana y el ambiente”. Resalta los daños que representa para el Acuífero del Norte, el Carso y las descargas que realiza en el valle del río La Plata. En un radio de 2 millas alrededor del vertedero, hay dos pozos de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros 14 pozos identificados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Se estima que, para este año, el vertedero acumularía 4.5 millones de metros cúbicos de desperdicios depositados. De hecho, la demanda federal de la EPA se basa en violaciones a la ley de desperdicios sólidos y pide al tribunal que ordene al municipio suspender la disposición de desperdicios, ejecutar medidas para atender los riesgos ambientales, pagar multas por violación de la orden de 2017 y el pago de los gastos del Gobierno de los Estados Unidos en la acción.

Para ver la evaluación confidencial de la EPA sobre el vertedero de Toa Alta, pulse aquí.

Para ver la orden de la EPA de 2017, pulse aquí.