Rechaza enmendar el contrato. Por el contrario, pide que se «ejecute».

No solo descartó enmiendas al contrato de LUMA Energy, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, señaló ayer que el consorcio podrá contratar a sus afiliadas para realizar trabajos de reconstrucción en la red eléctrica, que sufragarán con fondos federales, después que cumpla con los criterios de contratación federal.

Indicó también que LUMA -quien asumirá la operación del sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica a partir del 1 de junio- no tiene papel en la negociación en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero Jaresko admitió que si la corporación pública no alcanza un nuevo plan de ajuste de su deuda en los primeros 18 meses de la gestión de LUMA, la empresa puede reclamar la cancelación del contrato.

Ayer, durante la reunión pública mensual del ente fiscal, la JSF y el gobernador Pedro Puierluisi Urrutia defendieron el polémico contrato que cede a LUMA la operación y administración del sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica del país en medio de reclamos ciudadanos y legislativos para que se aplace la puesta en vigor del acuerdo de privatización hasta enero del 2022.

En una exposición sobre el avance de las mejoras estructurales en la corporación pública, Jaresko afirmó que los cambios y reformas que impulsa la JSF redundarán en “menos y más breves apagones eléctricos”.

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“Esta reforma (energética) es una prioridad porque cada ciudadano necesita energía confiable y limpia”, afirmó.

Aseguró que la reforma energética se alcanzará fortaleciendo la figura del Negociado de Energía para garantizar que sea un regulador “fuerte e independiente”; administrando profesionalmente el sistema de transmisión y distribución y el sistema de generación, maximizando el efecto de los fondos federales de reconstrucción y reestructurando la deuda y el sistema de pensiones de la corporación pública.

A tenor con esta visión, el presupuesto del Negociado de Energía aumentó de $5.6 millones a $20 millones para que la agencia reduzca su nómina de empleados de confianza y contrate un equipo con experiencia y peritaje “para prevenir la influencia política”. Este año fiscal el Negociado reducir los empleados de confianza a menos del 15% de su plantilla y el próximo año fiscal bajar a menos del 10%.

En ese mapa, la contratación de LUMA, según Jaresko, resulta esencial.

Afirmó que el polémico contrato se adjudicó luego de un cuidadoso proceso de selección, que contó con la evaluación y aprobación de la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3), el Negociado de Energía y la propia Junta.

La AEE cederá a LUMA mediante una alianza público privada la operación distribución y transmisión de energía por un periodo de 15 años, que generará a la privatizadora $1,500 millones sin tener que invertir un centavo. LUMA también asumirá control de las operaciones de gerencia, facturación, servicio al cliente y las oficinas comerciales.

Ayer, Jaresko machacó que LUMA aportará su “conocimiento y experiencia” para mejorar sustancialmente el servicio de electricidad y la relación con los abonados de la corporación púbica. Señaló también que la AEE tiene que completar su proceso de reorganización y separar las divisiones de generación y de distribución y transmisión, que a partir de la privatización quedaran en manos de GridCo y GenCo.

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GridCo es la nueva empresa que actuará como gerente de la red eléctrica, mientras que GenCo se convertirá en la gerente de los activos de generación.

“Esto es un mandato directo de la Ley 17 de 2019 (Ley de Política Pública Energética), que prohíbe el monopolio de AEE en las operaciones de generación y de transmisión y distribución”, apuntaló Jaresko.

Subrayó que el proceso de privatización de la fase de generación se encuentra atrasado y que LUMA tendrá la responsabilidad de “usar a tiempo” y según las leyes federales y estatales los $10,600 millones disponibles para reconstrucción del sistema eléctrico.

Al responder a la presentación de Jaresko, Pierluisi Urrutia afirmó que existía mucha “desinformación y politización” en torno al debate que ha generado la contratación de LUMA. Recordó la pobre respuesta de la AEE luego de que el huracán María dejó el país a ciegas y, como tomó casi un año restablecer el servicio de electricidad a través de toda la Isla.

Insistió también en que Puerto Rico es un país de ley y orden, que tenía que honrar sus acuerdos contractuales.

Otros miembros de la JSF, como Antonio Medina y el propio presidente David Skeel, también se expresaron a favor de la contratación, que aseguraron garantizarán se realice según la cronología de tiempo establecida.

Luego -en una rueda de prensa- Jaresko aseguró que el contrato no requería enmiendas como exigen algunos sectores sino que solo requería “ser ejecutado”.

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Organizaciones ambientales, ciudadanos y políticos han criticado el contrato porque LUMA no invierte capital en la transacción. Diversos grupos incluyendo al representante Luis Raúl Torres Cruz, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, que investiga el contrato, han pedido la anulación del acuerdo, que entra en vigor el 1 de junio, justo cuando arranca la temporada de huracanes.

Algunos miembros de la Junta de Gobierno reclamaron al Gobernador que posponga la fecha de la puesta en vigor de la transición a LUMA hasta enero del 2022, un planteamiento que ahora recoge una resolución de la Cámara de Representantes.

“LUMA no tiene papel en la negociación de la quiebra o en la negociación con los acreedores. Su papel es solo lo que ves en el contrato, es transmisión y distribución. Es correcto el punto de los 18 meses, pero confío en que lograremos un acuerdo de reestructuración de deuda previo a esa fecha”, respondió Jaresko a estipulaciones del contrato.

Rechazó que el contrato no cuente con garras o guías claras para evitar que las afiliadas de LUMA acaparen las contrataciones de los trabajos de construcción, una pregunta que afloró durante una vista congresional donde el Gobernador enfrentó pregunta sobre ese mismo asunto.

“Si cualifican, no hay razón par que no participen en el proceso. No hay por qué pensar que van a estar fuera o no cumplir con los criterios de contratación federal”, dijo Jaresko.

En torno a la jurisdicción de los fondos de reconstrucción, subrayó que el beneficiario (grantee) es el gobierno de Puerto Rico y el beneficiario secundario (subgrantee) es la AEE, que dijo no desaparecerá y mantendrá algunos activos luego de la privatización.

“La responsabilidad de LUMA es invertir el dinero”, afirmó.