Al destacar que el servicio de la deuda está en $4,500 millones y que aumentará a $4,700 millones en 2016, tres representantes populares presentaron varias medidas para renegociar la deuda y allegar fondos al gobierno como parte de la propuesta Reforma Contributiva del gobernador.

Los representantes Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres puntualizaron que todos los gastos del gobierno han bajado menos el servicio de la deuda, el cual se espera que llegue a los $5,000 millones en varios anos, casi igual que el presupuesto del país, para luego estabilizarse.

‘La restructuración de la deuda es necesaria pero no suficiente. No es el fin, sino un medio para lograr crecimiento económico’, dijo Natal.

A esos fines, el lunes los representantes estarán radicando una resolución concurrente que autorizaría una consulta al pueblo en julio para enmendar las Secciones 2 y 8 de la constitución del Estado Libre Asociado.

Una de las enmiendas eliminaría un párrafo de la Sección 2 que obliga al Secretario de Hacienda a ser requerido a que destine recursos incluyendo sobrante del pago de intereses sobre la deuda pública y la amortización que fuere aplicable a la Sección 8 del Artículo 6 mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos.

También se enmendaría la Sección 8 para establecer cuando los recursos no basten para cubrir las asignaciones aprobadas, se procederá con el pago de intereses y amortización de la deuda de acuerdo a las normas que se establezcan por ley pero ‘solo hasta donde los recursos del Estado lo permitan’.

También se adiciona lenguaje para permitir mediante resolución por no menos de dos tercera partes partes del número total de cada cámara certificar o renegociar la deuda del Estado o de las instrumentalidades que funcionen como empresas privadas. Los mecanismos establecidos deberán garantizar la participación pública y las resoluciones aprobadas deberán disponer de la suspensión total o parcial de la deuda.

Actualmente, la Constitución dispone que se debe establecer por ley la prelación de deudas en el caso en el que recursos del estado no basten. Esta ley establece que primero se pagará primero la deuda, luego los contratos, en tercer lugar los gastos ordinarios de salud, seguridad, educación, retiro y salarios; luego los contratos de mejoras permanentes y luego los contratos otorgados bajo asignaciones especiales.

Con la propuesta enmienda, los legisladores dijeron que se elimina cualquier trato preferencial que pueda tener la deuda frente a otras obligaciones del gobierno para que pueda continuar invirtiendo en el desarrollo económico y que no se afecten los servicios básicos.

‘La enmienda constitucional ubica adecuadamente el pago de la deuda frente a las prioridades de inversión pública que son necesarias para fomentar el desarrollo y crecimiento económico pleno de Puerto Rico’, dijo Vega Ramos.

No se pudo obtener una reacción inmediata de La Fortaleza. El Gobernador en noviembre le dijo a Bloomberg que es virtualmente imposible que Puerto Rico llegue a un impago precisamente porque la constitución establece que por ley se debe establecer una prelación de pagos, que establece que la deuda se paga primero. El reportaje de Bloomberg era acerca de la posibilidad de un impago por Puerto Rico que tiene una deuda de sobre $70 mil millones.

Los representantes recordaron que el servicio de la deuda en varias corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no ha permitido que se desarrolle infraestructura que ayude a reducir los costos a los ciudadanos.

Natal recordó que el proyecto de la Cámara 2003 de su autoría, y al cual se unieron Vega Ramos y Torres, autoriza decretar una moratoria en el 78 por ciento de la deuda pública bajo la Ley 66.

De otra parte, Torres y Vega Ramos se unieron como autores al Proyecto 2341 de Natal que mientras dure la moratoria en el pago de la deuda, crearía una comisión independiente encargada de auditar toda la deuda pública y establecer cual es legítima y cual no para entonces negociar con los bonistas.

No obstante, ninguno de los legisladores fue claro en establecer cual deuda se consideraría legítima.

Al citar al profesor Manuel Fernós, quien es presidente de la Universidad Interamericana, Natal dijo que la deuda legítima es aquella que tenga un fin público y la ilegítima es la que se haya hecho en contra de la ley.

Los legisladores dijeron que debido a que los Tribunales invalidaron la ley de quiebra criolla y que el Congreso no está inclinado a permitir que Puerto Rico se pueda acoger a la Ley de Quiebras federal, la isla debe enmendar la Constitución.

Ante preguntas de posibles demandas de los bonistas para exigir el pago de los bonos, Natal dijo que Puerto Rico no ha cedido su soberanía para autorizar a ser demandado por lo que los bonistas tendrían que demandar en Puerto Rico para exigir el pago de la deuda.

Aunque la Isla sí permitió a los bonistas que compraron de la recién deuda de $3,500 millones demandar en Nueva York, eso no quiere decir que lo puedan hacer con el resto de la deuda, dijo Natal al citar una opinión del Departamento de Justicia.

De otra parte, los representantes anunciaron medidas para suplementar la propuesta reforma contributiva y que en conjunto superan el 50 por ciento de los recaudos adicionales que aspira a recaudar el ejecutivo como parte de la reforma.

Los representantes dejaron claro que sus medidas son suplementarias a la Reforma Contributiva propuesta por el gobernador ya que la misma se espera sufra cientos de enmiendas en la Cámara o pudiera transformarse a un proyecto sustitutivo.

‘Ahora como está, no tiene los votos’, dijo Torres.

Los tres dejaron claro que no se oponen a que se transforme el sistema actual de impuesto de ventas y uso a un impuesto de valor añadido pero que entienden que la tasa del IVA no debe ser un 16 por ciento, por lo que propusieron medidas alternas para que la tasa se pueda bajar.

La Cámara puede escoger una de entre las dos alternativas que proponen.

La primera medida aumentaría de un dos a un seis por ciento la contribución mínima alterna en las compras que las megatiendas le hacen a las matrices o lo que se conoce como transfer pricing.

‘Estaríamos tributando lo que ellos se venden a si mismo’, dijo Vega Ramos al destacar que la medida es para negocios cuyas ventas anuales sobrepasen los $600 millones.

La otra alternativa sería establecer una sobre tasa o algo similar a la patente nacional sobre aquellas tiendas cuyo ingreso bruto anual sea de sobre $600 millones. Esta tasa, según el proyecto sería de entre .80 por ciento a 1.0 por ciento.

‘Esta propuesta con conjunto con el Proyecto de la Cámara 2032, que ya cuenta con un informe positivo, sumarian entre $700 y $800 millones’, dijo Vega Ramos.

El proyecto 2032 es uno que establece una aportación tributaria de 1.5 por ciento sobre la repatriación de los rendimientos de capital y que Natal ha dicho podría generar $500 millones. El informe de la Comisión de Hacienda no dice cuanto podría recaudar ese impuesto.

Según Torres, las medidas permitirían al Gobernador poder otorgar alivios contributivos y excluir a la educación y la salud del pago del IVA sin tener que imponer contribuciones a la clase trabajadora.

‘Con esto queremos reducir la tasa del IVA y reducir la base sobre la cual impondrá’, dijo Torres.