La Comisión de Derechos Civiles (CDC), informó el sábado al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Silva Delgado, su intención de solicitar que se le asigne una partida de los fondos provenientes de las multas del caso Morales-Feliciano, luego de que el Tribunal de Apelaciones decidió que se podrán usar para sufragar gastos relevantes al caso.

La presidenta de la CDC, Rosa Rodríguez, flanqueada por la comisionada del organismo, Palmida Ríos, expresó ante el foro cameral que necesita más fondos para atender las querellas de los confinados y confinadas recibidas que este año alcanzan el 35%, de las 576 recibidas.

La abogada sostuvo que el CDC se ha convertido en ‘algo así como una Procuraduría de los confinados y confinadas que, mediante el Observatorio Correccional Trina Rivera de Ríos, defiende sus derechos’.

Indicó que el Observatorio está compuesto por expertos en el tema correccional que brindan apoyo en la elaboración y ejecución de un abarcador plan de trabajo que incluye diversas áreas.

‘Es por esto que podemos hablar con exactitud sobre el tema’, reaccionó a preguntas del representante Silva Delgado durante la discusión del presupuesto del organismo, correspondiente al año fiscal 2012-2013.

Asimismo, Rodríguez mencionó que al presente están en curso una investigación sobre la corrupción y derechos humanos, y dos o tres casos contra policías que espera concluyan a principios del mes de julio.

Sobre los hallazgos recientes en las penitenciarias locales tras 33 años de litigio relacionados a derechos civiles de los confinados y más de $250 millones en multas, destacó que al momento está celebrando reuniones con el Secretario de Corrección para llegar a un acuerdo con el fin de facilitar los trámites de solicitud de información y mantener la comunicación más directa y ágil.

‘Todavía quedan muchas situaciones que deben ser atendidas relacionadas con la protección de derechos civiles que acarrearía muchos costos. Se le informó a Corrección que se deben resolver los problemas de casos de abuso sexual en las cárceles, entre otros’, declaró la funcionaria.

A tales efectos, Rodríguez, solicitó un aumento de $221,000 en el nuevo presupuesto recomendado de $1,193,000, de los cuales $204,000 serían para cuatro abogados y los restantes para vehículos.

‘Tenemos que analizar todas la peticiones. Todas son serias y al chavo. Las cuatro posiciones de abogados tienen que evaluarse, porque son recurrentes, señaló el representante Silva Delgado.