La mujer veintiañera con discapacidad mental pasaba sus días pidiendo limosna, o vendiendo taquillas para rifas inexistentes, en el estacionamiento del Walmart de Carolina. Su ropa no le entallaba, le quedaba grande. Se veía sucia y desaliñada. Ocasionalmente, aparecía con moretones.

Un día de mayo de 2023, cercano al Día de las Madres, una persona que la conocía la vió con esos moretones y le dejó su número de teléfono para que le avisara si necesitaba ayuda. La llamada llegó dos semanas después y la buena samaritana la recogió en el estacionamiento del Walmart, tras otra golpiza.

Ese día de 2023, terminó la pesadilla de cinco años de esa mujer joven y se comenzó a revelar lo que podría ser uno de los episodios de trata humana más impactantes registrados en la isla.

Tras una investigación de dos años, un gran jurado federal emitió el 16 de octubre pasado acusación de trabajo forzado, manipulación de documentos para encubrir trata humana y de encubrimiento contra una familia de Carolina que incluye a miembros de “los famosos Peña” y a un policía municipal.

Los detalles quedaron expuestos el martes después del arresto de Luz Maria Peña López (55 años), su hija Tatiana Correa Peña (36 años) y su esposo, el guardia municipal de Carolina Enrique Gutiérrez Rivera (54 años). Ni la víctima ni la mujer que la rescató (designada Testigo 1) han sido identificadas, pero el relato de su odisea está contenido en una moción con la que el Departamento de Justicia federal pidió al juez Pedro A. Delgado que mantenga detenidas a madre e hija porque son un peligro para la comunidad, la víctima y porque podrían obstruir la justicia.

Peña López es miembro de lo que los documentos describen como “los famosos Peña” de Carolina, una familia vinculada con actividad criminal. La mujer fue tiroteada y herida junto a su hijo al salir del Centro Judicial de ese pueblo en 2012. Su hijo murió después de repeler ese ataque. El padre de Peña López, y otro hijo de esta, también fueron asesinados. La acusada amenazó a la víctima, a la madre de esta y a una vecina a quien acusó de tener relaciones con su esposo, el guardia municipal.

Fue en el seno de esa familia que la víctima cayó en mayo de 2018. Un poco antes, en el verano de 2017, la mujer había comenzado a cuidar a un adulto mayor a cambio de hospedaje y comida. Cuando esa tarea se volvió complicada por las necesidades del hombre y sus propias limitaciones mentales, la víctima siguió el consejo de una conocida para que fuera a casa de Peña López para que ella los recogiera y les administrara los beneficios del Seguro Social.

La madre de la víctima, quien vive en Nueva York, autorizó mediante notario a que Peña López se encargara temporeramente de su hija. Esto fue lo que la acusada aprovechó para supuestamente aprisionar a la víctima en su casa y abusar de ella.

En septiembre de 2018, después de que su hija le pidiera dinero varias veces, la madre viajó y llegó a la casa de Peña López, donde encontró a la víctima deteriorada, consumiendo marihuana y expresando ideas suicidas. La madre consiguió una orden judicial para someter a su hija a tratamiento psiquiátrico y mientras esto sucedía, fue a la casa de la acusada, donde fue agredida por ambas por el hombre mayor al que su hija había estado cuidando, quienes estaban furiosos con la hospitalización.

La madre solicitó una vista de remedios provisionales contra las acusadas y a la vista asistió una trabajadora social del Departamento de la Familia. Sin embargo, en la vista la víctima pidió una orden de protección en contra de su madre y que sus beneficios de Seguro Social fueran transferidos a Peña López. El juez las refirió a una oficina de esa agencia y la acusada usó el documento notarial que la madre había hecho para lograr que se le transfirieran los beneficios de la víctima y comenzar a cobrar para sí ese dinero, dejando a la joven sin cosas tan básicas como cepillo de dientes y toallas sanitarias. La víctima dijo luego a los investigadores federales que su actuación en la vista judicial fue porque estaba bajo amenaza de la acusada.

Luego de esto, las acusadas la obligaron a mendigar de lunes a sábado. Los domingos la ponían a trabajar en el patio y hasta la pusieron a mezclar cemento para mejoras en la casa. Para dormir, solían meterla en un viejo rancho de gallinas y cabras en el patio de la residencia. El espacio no tenía baño, por lo que la víctima hacía sus necesidades en un cubo, ni estaba completamente cubierto, por lo que siempre estaba húmedo y con el piso mojado por la lluvia. Con lo que el lugar estaba habilitado era con una correa y un palo de escoba que las acusadas usaban para golpear a la víctima.

La joven intentó escapar varias veces trepando las paredes del patio, pero solo conseguía golpizas que le dejaban cicatrices. Las acusadas la mantenían prisionera con candados en la residencia, incluyendo el rancho que solo tenía cerradura por fuera, pero también la mantenían dominada mediante amenazas.

“Yo me voy a la carcel y te mando a matar. En la calle, yo tengo mis sobrinos”, le dijo supuestamente Peña López en una ocasión. Cuando la policía llegó a la residencia para investigar la querella de la vecina a quien Peña López golpeó con una pistola por involucrarse con su esposo, meras miradas bastaron para que la víctima no dijera nada que pudiera perjudicar a su captora. La vecina vendió la casa y se fue después de que el tribunal desestimara el caso por duda razonable.

En cuanto a documentos, Peña López mantuvo confiscados el certificado de nacimiento, la tarjeta de Seguro Social y la licencia de conducir de la víctima, la cual sacaron aunque la joven no conduce. De hecho, las acusadas endrogaron a la víctima, la llevaron a un concesionario y la usaron para financiar un Toyota Yaris que usaba la acusada. También le quitaron teléfonos celulares.

El control de la acusada sobre la víctima era de un nivel que en noviembre de 2022, tras una golpiza, la joven consiguió ayuda para irse con su madre a Nueva York. Pero meses después volvió a la isla porque se sentía presionada por Peña López y temía que le estaba haciendo brujería y que pudiera hacerle daño si no regresaba.

Después de que la víctima lograra escapar definitavemente, Peña López llegó a someter ante la policía una querella de persona desaparecida en octubre de 2023, proveyendo, incluso, una foto del rancho en el que la mantenía cautiva. Fue en la investigación de esa querella que la víctima le comunicó su odisea a los agentes y estos contactaron al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Después de esa querella, y estando ya el caso bajo investigación, Peña López llamó a la madre de la víctima a decirle que su hija moriría el día siguiente, cuando estaba pautada una vista judicial por una orden de protección que la joven había solicitado contra las acusadas. Para la vista, Peña López y su hija aparecieron con abogado, pero la víctima no y a la testigo que había llevado no se le permitió entrar a sala. El tribunal denegó la permanencia de la orden y las acusadas salieron riéndose. El día siguiente, Correa Peña escribió en Facebook: “Las puerquitas pal corral… ahora digo yo lo que se está quieto se deja quieto… con los Peña no se jode”.

Para Gutiérrez Rivera, el guardia municipal, no se está solicitando detención sin fianza. Su cargo es de encubrir los actos de su esposa e hija y el pliego dice que “no tomó paso alguno para detener o reportar la explotación” de la víctima. Las acusadas enfrentan hasta 20 años de cárcel y el hombre hasta tres años.

“El Departamento de Justicia condena el abuso atroz y el trabajo forzado que sufrió esta víctima discapacitada, según alegado en la acusación”, dijo en comunicado el subsecretario de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Harmeet K. Dhillon.