La determinación del tribunal tiene que ver con la intervención del funcionario del DRNA, Samuel Acosta, en el caso de deslinde de la zona marítimo terrestre en Punta Bandera, Luquillo.

El Tribunal de Apelaciones anuló el deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) que había obtenido Azure Development, Inc. para un desarrollo en la playa luquillense Punta Bandera y que tiene la oposición de vecinos.

La acción que el tribunal revocó la tomó como oficial examinador el licenciado Samuel D. Acosta Camacho, quien es el jefe del área de oficiales examinadores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Este funcionario fue también el que redactó la orden administrativa con la que el gobierno nuevo legalizó actuaciones en contra de ley y reglamento que han cometido algunos propietarios de casetas en el área de La Parguera en Lajas, incluyendo los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón. Luego de esto, la mandataria recomendó a Acosta Camacho para una posición de juez superior, lo que todavía está pendiente de votación en el Senado.

En esencia, la decisión de los jueces apelativos fue ir hasta el principio de la controversia, la certificación del deslinde a favor de Azure por parte del DRNA, para anular el deslinde desde su origen.

En octubre de 2024, Acosta Camacho recomendó dejar sin efecto el deslinde. Pero los jueces entendieron que erró y se quedó corto porque si meramente dejaba sin efecto la certificación del deslinde, entonces el desarrollador podía subsanar fallas para recuperar la certificación. Sin embargo, el problema de la certificación es que se hizo sin notificar adecuadamente a los vecinos afectados, lo que es un error fundamental en el tracto administrativo que amerita anular el deslinde para que el proceso tenga que comenzar de nuevo, en vez de meramente dejarlo sin efecto para subsanar fallas.

Procede declarar nula desde el inicio la certificación del deslinde “por incumplir con los preceptos reglamentarios del DRNA y por violentar el debido proceso de ley de los propietarios colindantes, quienes tienen derecho a estar informados y participar efectivamente del proceso”, precisó el apelativo.

Azure, que proponía construir 224 apartamentos en el terreno frente a la playa Punta Bandera, vendió los terrenos a otro desarrollador por $2.5 millones en abril pasado. Pero, según El Nuevo Día, una condición del negocio es que Azure los puede recuperar por $3.1 millones, si el nuevo dueño decide venderlos en el plazo de un año.

Durante la campaña eleccionaria pasada, el proyecto de Punta Bandera generó controversia cuando se relacionaron varios hechos a su alrededor. Por un lado, que el dueño de Azure, Alfonso E. Valdés García, estuvo en contacto con la oficina de González Colón, entonces comisionada residente, y de la congresista Nydia Velázquez para acelerar una adjudicación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre la jurisdicción de un cuerpo de agua en el terreno. Por otro, que el hijo de Valdés García hizo un donativo de $2,000 a González Colón tres días antes de que el DRNA certificara el deslinde. Junto a esto, el expediente del deslinde en el DRNA estaba a cargo del oficial examinador Luis González Ortiz, quien es primo hermano de la gobernadora. González Ortiz dijo que se inhibió en junio de 2023 al enterarse de la solicitud que el desarrollador hizo para la intervención de su prima y el deslinde fue certificado en agosto de 2024.

Vea:

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Para leer la decisión del apelativo vea aquí: