En respuesta a las críticas de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno plantea que el ente se equivocó porque evaluó un borrador de contrato de gas al que le faltaban cambios.

La respuesta del gobierno a la segunda evaluación negativa que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió sobre la propuesta de contrato de suplido de gas a largo plazo con New Fortress Energy (NFE) es que evaluaron un borrador del contrato equivocado y aseguraron que sus preocupaciones están atendidas.

Ese es el argumento principal en dos cartas que el gobierno le sometió al ente fiscal el sábado pasado, día después de que la Junta rechazara la segunda propuesta de contrato, pero que no divulgaron hasta el martes. Una comunicación es de Josué Colón Ortiz en su función de director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y otra es de Osvaldo Carlo Linares en su rol como presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés).

En su carta del viernes pasado, la Junta dijo que tenía varias preocupaciones que había planteado el 29 de septiembre en una reunión, pero que tenía objeciones adicionales que tenían que resolverse “urgentemente”. Entre estas, que ninguna entidad de gobierno era parte de ese contrato lo que dejaba sola a Genera PR supervisando el suplido de gas de su propia empresa matriz, que no era cierto lo que decía la gobernadora de que a NFE se le había quitado exclusividad sobre el único punto de entrada de gas en la costa norte de la isla, y sobre cómo se había determinado cuál era la cantidad correcta de gas que Puerto Rico se podía comprometer a comprarle a NFE.

En su carta, Colón Ortiz consigna que será la 3PPO la que supervise la ejecución del mismo, como un agente de Genera PR, operador de las plantas termoeléctricas de la AEE y subsidiaria de la NFE.

Esto presenta un juego de roles que puede ser confuso y que se presenta porque los contratos de operación de Genera y de LUMA Energy les permite contratar a sus propias matrices y filiales para trabajo en la red eléctrica de la isla, en vez de prohibírselo.

Si bien el gobierno a veces se refiere al 3PPO como parte de su estructura y a veces como algo aparte, esta oficina es un componente de la Autoridad de Energía Eléctrica (representada por la AAPP) que existe para hacer las subastas y compras en nombre de Genera o LUMA en las que las matrices o filiales de estas pueden interesar concursar. Los gastos de la 3PPO los paga el abonado porque, aunque la AAPP dice que los pagan los operadores, estos no lo pagan de fondos propios sino de los fondos públicos de la AEE que se le asignan. Por tanto, los operadores representan a la AEE en sus respectivas áreas de control de la red y 3PPO, a su vez, representa a los operadores y a la AEE en las compras que tengan riesgo de conflicto de interés.

Lo que Colón Ortiz consigna a la Junta es que, sin ser uno de los firmantes del contrato, 3PPO evitaría que Genera supervise a NFE porque es 3PPO la que supervisará el contrato. Esto contrasta con que la propia Junta observó el viernes que NFE todavía le debe al gobierno $17 millones por gas que no suplió supuestamente por fuerza mayor (situaciones de la naturaleza fuera de su control). Esa reclamación la supervisa 3PPO.

Actualmente, lo que se conoce como 3PPO no son empleados de la AEE ni la AAPP, sino solamente un contratista, Regulatory Compliance Services Corp. (RCSC), que es la empresa de Carlo Linares y otros profesionales que cobran hasta $300 la hora. Por tanto, el contrato de siete años que se le podría otorgar a la subsidiaria de NFE, NFEnergía LLC, para el suministro de gas, sería supervisado por una entidad cuyo contrato actual termina en 2026.

RCSC tiene contrato con la AEE (a través de la AAPP), otro con la AAPP para lo que no tenga que ver con la red eléctrica, y con el Municipio de Ponce. Estuvo la primera mitad del año negociando el primero borrador el contrato de largo plazo para gas, el cual la Junta rechazó, y luego volvió a la mesa para negociar el segundo borrador que la JSF objetó el viernes pasado.

En sus cartas de verano rechazando el primer borrador, la Junta criticó la forma en que se llevó a cabo el proceso competitivo a cargo de RCSC resaltando episodios como que inicialmente descalificaron a NFE por no someter la fianza requerida, para, días después, echar para atrás y aceptarlos. “El contrato propuesto fue inherentemente el resultado de negociaciones directas con NFE, en vez de un proceso competitivo real”, dijo el ente fiscal el 9 de julio. 3PPO le dijo a la Junta que no establece los términos del contrato sino que se limita a “evaluar y emitir una recomendación sobre su aprobación”, lo que llevó al ente a plantear que parecía no haber nadie en el gobierno que se responsabilizara por la negociación.

La otra carta del sábado, la de 3PPO, fue más al detalle de las objeciones del ente fiscal sobre el segundo borrador.

Sobre el control del terminal de gas en el muelle que NFE ostenta hasta 2038 por virtud de un contrato con la Autoridad de los Puertos (AP) que el gobierno no se ha movido para anular, la 3PPO dice que la Junta comentó sobre un borrador que no fue el final y que el borrador correcto, del 12 de septiembre, contiene un lenguaje más claro sobre la capacidad del gobierno para conseguir que terceros suplan gas por ese punto si NFE no lo hace.

“Durante cualquier periodo de incumplimiento (de NFE) de su obligación de hacer disponible el gas natural licuado bajo este acuerdo, (NFE) entrará en acuerdos de peaje que le permitan (al gobierno) proveer gas natural licuado mediante terceros a las favilidades del gobierno”, es el lenguaje que 3PPO aseguró que hay en el borrador correcto. Aseguraron que esto elimina cualquier elemento subjetivo sobre cuándo y cómo es que NFE tendrá que permitir que terceros usen su terminal. Sin embargo, en otra sección del contrato todavía lee que ese acceso de terceros al terminal estará sujeto a que “no se interfiera con las operaciones (de NFE) o se comprometan la seguridad, integridad o confiabilidad de las facilidades”. NFE opera ese terminal sin permiso del gobierno federal, que actualmente lleva a cabo una evaluación ambiental y a quien las comunidades han pedido que retire la autorización que le emitieron a la empresa para seguir la operación en lo que se discute el permiso federal.

Sobre la preocupación de que era el mismo NFE, a través de Genera, el que establecía las cantidades de gas que el gobierno compraría, la 3PPO indicó que le requirió a LUMA hacer una certificación de esas necesidades que debe estar lista para el miércoles.

En cuanto a su rol de supervisión, 3PPO dice que, aunque no son firmantes, “tiene autoridad administrativa sobre el proceso de compra” y “retiene autoridad para iniciar acción legal en nombre de la parte contratante”. Así, explicó que sus reclamaciones leerían Genera PR, por medio de 3PPO como administrador del contrato v. NFEnergía.

Vea:

Junta rechaza, otra vez, contrato de gas porque no trae los beneficios que dijo la Gobernadora