La Contralora emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de Adjuntas tras evidencia sobre compra de viajes estudiantiles que no se realizaron de acuerdo con la ley.

El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, reaccionó el lunes al más reciente informe de la Oficina del Contralor de Pueto Rico (OCPR) y negó la comisión de cualquier irregularidad de parte del municipio o alguno de sus empleados tras señalamientos que los involucran en la compra ilegal de viajes estudiantiles.

El reporte de OCPR, firmado por la Contralora Yesmín Valdivieso, reveló que, para un viaje realizado a España, Portugal y Marruecos en el 2013, el alcalde y la directora de Recursos Humanos certificaron, que habían participado del viaje junto a nueve estudiantes y que ninguno había cancelado su participación. Sin embargo, los auditores de la OCPR hallaron que uno de los estudiantes incluidos como participante en el Informe de Viaje de 2013, y en una certificación adicional del alcalde en el 2017, denominado como estudiante B, en realidad no había participado.

Al respecto, en el 2017, el mismo estudiante B y dos estudiantes participantes, declararon que el estudiante B no había participado del viaje. La directora de Recursos Humanos, también declaró a los auditores de la Contraloría, que el estudiante B no había participado en el viaje y que tampoco se había nombrado un participante sustituto.

Contrario a esos hallazgos, Barlucea Maldonado explicó que, en efecto en el 2013, el municipio contrató a una agencia de viajes para adquirir paquetes vacacionales para viajes estudiantiles.

“No obstante, se notificó al municipio que por la política de cancelación de las líneas aéreas esto no era posible. De manera clara el informe del Contralor menciona la gestión realizada por el municipio por lo que nos sorprende el señalamiento. La directora de Recursos Humanos y este servidor informamos a los auditores del Contralor que el estudiante no viajó y las gestiones de recobro a la empresa. Sin embargo, por un error involuntario, se emitió una certificación en la que se incluyó al estudiante. Esto ocurrió al utilizar la lista original de estudiantes que habían confirmado su asistencia”, explicó el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Según la OCPR, esta situación pudo haber configurado delitos de falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, y posesión y traspaso de documentos falsificados.

También se indicó que las actuaciones del alcalde y de la directora de Recursos Humanos pueden estar sujetas a las penalidades y sanciones establecidas en la Ley 1-2012 de Ética Gubernamental; y que la situación se remitió a la consideración de la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, el 12 de noviembre de 2019.

El Informe también revela en un Comentario Especial, que el presidente de la agencia de viajes, solicitó a la aerolínea que sustituyera el nombre del estudiante B por el de su esposa.

«Con esta acción fraudulenta y con la ayuda del Mayorista, el presidente de la agencia sufragó el gasto de viaje de su esposa, con fondos municipales por $5,280», lee el documento de la OCPR.

Por su parte, el alcalde indicó que del propio informe se desprende que en entrevistas con auditores de la agencia, en 2017, tanto la directora de Recursos Humanos como él, aclararon la situación.

“Le indicamos que tan pronto ellos entregaran la prueba de que el presidente de la agencia se aprovechó de la situación y sustituyó al estudiante por su esposa, el municipio continuará las gestiones de recobro. Es injusto que se quiera manchar el nombre nuestro y de buenos servidores públicos cuando se demostró que nadie en el municipio se benefició y todo se resume en lo expuesto. Así quedó claro en nuestras reuniones con la Contralora y sus auditores”, concluyó el alcalde.

En otros detalles, la auditoría señala que no se encontró la evidencia de los boletos aéreos (boarding pass), ni de las reservaciones de hoteles de los participantes.

Además, el Municipio no obtuvo cotizaciones de, al menos tres proveedores representativos del mercado, sino que el alcalde solicitó por teléfono las cotizaciones a la misma agencia a la que le adjudicaron la compra.

A estas deficiencias en el Programa Municipal de Incentivos de Intercambio Cultural se suma que Adjuntas no había establecido los requisitos para seleccionar a los estudiantes participantes y los gastos que cubre, a pesar de las disposiciones de la Ordenanza 12 del 2009. Esta situación propicia que el Municipio no aplique normas uniformes en la selección de los participantes, ni los controles para justificar los gastos.

El Informe recomienda, entre otras, a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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