“No son centros de adopción. Los familiares y tutores tienen que asumir su responsabilidad”, advirtió la senadora Wandy Soto Tolentino.

La senadora Wandy Soto Tolentino abrió a la vista pública la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos denunciando el trato que reciben aquellos que residen en hogares de cuido prolongado.

“Los centros de cuido de adultos mayores no son centros de adopción. Los familiares y tutores tienen que asumir su responsabilidad”, expresó Soto Tolentino al iniciar los trabajos en el Senado para atender la Resolución 56, medida que ordena una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia.

La iniciativa busca conocer de primera mano las necesidades, limitaciones y oportunidades de mejora de la agencia, así como identificar medidas dirigidas a fortalecer su capacidad de respuesta y los servicios que ofrece a las poblaciones más vulnerables del país.

La vista pública estuvo centrada en la operación de los centros de cuido prolongado para adultos mayores y en el impacto que la crisis de agua que enfrenta Puerto Rico ha tenido sobre estas instituciones. Compareció la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, quien presentó un panorama sobre el estado actual de la agencia, sus principales programas, los retos administrativos y operacionales que enfrenta, así como las iniciativas encaminadas a fortalecer la prestación de servicios.

Roig Fuertes respondió preguntas de los miembros de la Comisión relacionadas con la administración de programas, manejo de recursos, necesidades presupuestarias, reclutamiento de personal, supervisión de los centros de cuido, procesos de licenciamiento, pago a proveedores de servicios y las acciones implementadas para atender la emergencia provocada por la escasez de agua.

Durante el intercambio con la secretaria, la senadora Soto Tolentino expresó preocupación por la proliferación de hogares clandestinos para adultos mayores y solicitó información sobre las acciones de fiscalización que realiza la agencia.

En respuesta, la secretaria informó que una de las violaciones más frecuentes detectadas corresponde, precisamente, a hogares que operan sin estar registrados en el Departamento de la Familia, situación que dificulta la identificación y supervisión.

Explicó que algunos hogares clandestinos, aun cuando ofrecían un servicio adecuado y mantenían buenas condiciones para sus residentes, fueron clausurados porque sus propietarios no aprovecharon la amnistía concedida por la agencia para regularizar su operación y obtener las licencias correspondientes.

La secretaria reveló que, hasta la fecha, el Departamento cerró 45 hogares, de los cuales 12 eran clandestinos y 10 fueron clausurados por casos de maltrato institucional. Asimismo, informó que la agencia ha recibido alrededor de 17,000 querellas relacionadas con centros de cuido prolongado a través de la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia.

Sobre la supervisión de estas instituciones, Roig reconoció que la agencia ha tomado medidas disciplinarias contra empleados que no cumplieron adecuadamente con sus funciones de monitoreo y fiscalización de los centros de cuido. No obstante, indicó que no tenía disponible el número exacto de empleados que han sido destituidos o amonestados.

En cuanto a la emergencia provocada por la falta de agua, la secretaria aseguró que el Departamento ha trabajado de manera coordinada para apoyar a los centros de cuido mediante el llenado de cisternas y la distribución de agua embotellada, procurando garantizar la continuidad de los servicios a los residentes.

La senadora Ada Álvarez Conde cuestionó la necesidad de aumentar el personal dedicado al licenciamiento y supervisión de los centros, la actualización de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la coordinación entre el Departamento de la Familia, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada para atender la crisis de agua.

Por su parte, el senador Juan Oscar Morales dirigió sus preguntas al número de centros licenciados en Puerto Rico, el personal disponible para fiscalizarlos, la cantidad de referidos pendientes y cerrados, la implantación del nuevo Reglamento 9720, la diferencia entre hogares sustitutos y centros de cuido prolongado, los procesos judiciales iniciados para clausurar hogares clandestinos reincidentes, las necesidades de recursos humanos de la agencia, la utilización de fondos federales destinados a la población de adultos mayores, los atrasos en los pagos a proveedores de servicios y el estado de los convenios administrativos del Departamento.

La senadora Migdalia Padilla respaldó varias de las interrogantes presentadas por el senador Morales y añadió recomendaciones dirigidas a fortalecer la preparación de los centros de cuido ante futuras emergencias. Entre ellas, propuso establecer requisitos mínimos sobre la capacidad de las cisternas de agua según la cantidad de residentes atendidos en cada institución, además de solicitar información sobre el tiempo promedio que toma atender las querellas relacionadas con estos centros.

Antes de concluir su comparecencia, la secretaria Suzanne Roig informó que debía retirarse por asuntos personales y se comprometió a remitir por escrito a la Comisión las contestaciones que quedaron pendientes.

Al concluir la vista pública, la senadora Soto Tolentino reiteró que la investigación legislativa continuará con nuevas vistas públicas y la evaluación de toda la evidencia recopilada.

“Los centros de cuidado prolongado ni los hospitales son centros de adopción de envejecientes y en el Senado continuaremos investigando y legislando para que las consecuencias contra aquellos que cometen este tipo de acción sean responsables por sus acciones. Porque nuestros adultos mayores merecen vivir con la dignidad, la seguridad y el respeto que han ganado durante toda una vida”, expresó Soto Tolentino.