La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) emitió una orden administrativa al amparo de la Ley 5-2017 para congelar las asignaciones especiales multianuales de presupuestos anteriores y sobre los creditos contributivos que todavía no han sido asignados.

En una conferencia de prensa, el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, anunció la creación del Comité de Autorización de Desembolsos y Concesiones Contributivas (CDCC), compuesto por el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Ivan Marrero y el director de la AAFAF, Gerardo Portela Franco, para evaluar los desembolosos correspondientes a esas asignaciones y los créditos.

'En el proceso de presupuesto se adoptó una costumbre de incluir unas partidas de asignaciones especiales, esas asignaciones especiales trascienden incluso el presupuesto vigente. Es decir, en gobiernos anteriores presupuestan y destinaban dinero con el cual no contaban en ese momento con capacidad de tener vigencia más allá del año en que fueron asignados (…) Hoy rondan en 1,800 millones de dólares', indicó Sánchez.

Estas partidas de años anteriores se cuentan en este año fiscal, por eso, hay un déficit que crea dos presupuestos, el de 'gasto normal y estas partidas', aclaró el licenciado. 'Trabajando uno de los requisitos de la Junta, por ejemplo, el Puente, ese Puente coge los estados financieros del 2014, hace una proyección a lo que podrían ser los estados del 2017, pero no es certificado. Es de lo que podría ser, al día de hoy, revela que podría haber una deficiencia que ronda en 500 millones para el 2017. Eso es lo que el Puente revela para el 2017, pero es bien variable no es 100 por ciento certero. Pero los números bases son el presupuesto del 2017, así que para atajar esa deficiencia y asegurar que los números presentados en el Plan Fiscal sea balanceado, se emite esta orden, se congelan esos gastos, tienen que pasar por ese comité, y el objetivo con esta orden es ahorrar 625 millones de dólares', expresó Sánchez.

De esa partida de 1,800 millones de dólares, se acumulan dinero de servicios profesionales, consultorías, viajes culturales, proyectos que se ejecutaron, se completaron y todavía tienen fondos disponibles. Entonces, se reprograman y se usan para otros fines. 'Hay dinero todavía de los juegos centroamericanos y eso fue en el 2010, pero para efectos presupuestarios hay una partidas asignadas que son unos sobrantes y muchas veces lo que hacen es reprogramarlo y seguir usando cuando ese es dinero que no existe, pero en el juego presupuestario siguen jugando con esos sobrantes creándolo como partidas que pueden girar sobre ellas', aclaró el licenciado.

Sobre los créditos contributivos, que no han sido autorizados por el departamento de Hacienda, se revisarán y se establecerán unos mecanismos de control para no afectar los ingresos. La agencia hará un censo de cuántos créditos hay y cuántos se van a recobrar. No es una eliminación, si una manera de canalizar el dinero para que la corporación cumpla con sus funciones operacionales.

El secretario de Hacienda declaró que todos los créditos aprobados de años anteriores se están validando, y solo se congelarán los que están en el sistema. 'Estamos revisando todos aquellos que no sea han otorgado. La idea es que se mantengan en las áreas donde haya beneficio. Queremos revisar que créditos se están otorgando para darle más beneficios al empresario local porque ese es el norte nuestro', contestó a preguntas de la prensa.

Según la orden, el Comité establecerá limitaciones al uso de los créditos, entre ellas, el tiempo de duración que podrá tener un máximo de cuatro años fiscales. Mediante la Ley 2, conocida como la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, a tener con el Plan Fiscal que presentó el gobernador, se estableció que 'si un un contrato es incongruente con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA, la Autoridad tomará todas las acciones que considere necesarias para garantizar que dicho contrato no afecte adversamente el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con el Plan Fiscal, incluyendo la prohibición de su ejecución, su suspensión, o su cancelación.'

Al amparo de la Ley 6, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares junta a la AAFAF, pueden tomar acciones que estimen necesarias o recomendables para rectificar la emergencia financiera.