«Con $18,000 millones proyectados en pérdidas, la única política fiscal responsable es eliminar estos incentivos, no extenderlos hasta 2055”, expresó Ana Hernández, portavoz de la Coalición PR No se Vende.

La coalición PR No Se Vende condenó el envío a La Fortaleza del proyecto de ley que extiende hasta el 2055 la vigencia de los beneficios de la Ley 22.

El Proyecto de la Cámara 505 permanecía en un Comité de Conferencia desde junio de 2025 y, según los denunciantes, no atiende los reclamos urgentes de las comunidades. Según la coalición, esta decisión consolida una política pública que continúa privilegiando e incentivando la llegada de inversionistas foráneos, en detrimento del bienestar de quienes ya viven en Puerto Rico.

De acuerdo con el más reciente Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda, publicado en junio de 2035, el gobierno estima que las pérdidas de ingresos superarán los $18,000 millones entre 2024 y 2030 únicamente por concepto de la Ley 22. Esta cifra cuadruplica el estimado anterior de $4,400 millones proyectado para el periodo de 2020–2026.

El PC 505 aumenta la tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros Individuos Residentes Inversionistas de 0% al 4%.

“Esta medida confirma que estamos ante una administración que prioriza a millonarios foráneos con privilegios contributivos por encima del desarrollo del capital local. No se trata de crecimiento económico, sino de un modelo que subsidia a unos pocos mientras el resto del país enfrenta aumentos en la vivienda, recortes en los servicios de salud, alzas en la tarifa eléctrica y la pérdida de recursos públicos. Con $18,000 millones proyectados en pérdidas, la única política fiscal responsable es eliminar estos incentivos, no extenderlos hasta 2055”, expresó Ana Hernández, portavoz de la coalición.

Según estima la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) el PC 505 allegará $27.8 millones y $60.6 millones al Fondo General en el año fiscal 2027. Dicha proyección contrasta con los datos del propio Departamento de Hacienda, cuyo Informe de Gastos Tributarios estima que para ese mismo se dejaría de recaudar $2,634.5 millones por concepto de la Ley 22. 

La coalición sostuvo que la narrativa de crecimiento económico no se sostiene con los datos oficiales. “Incluso en el escenario más optimista, la cifra proyectada por la OPAL no representa una fracción significativa de los ingresos no devengados. Como se puede presentar como beneficiosa una medida cuyo costo proyectado es sustancialmente mayor que los supuestos ingresos que generaría”, añadió Hernández.

Vivienda y desplazamiento

La coalición también expresó preocupación por el impacto en la vivienda. La legislación aprobada no incluye mecanismos para atender la especulación inmobiliaria ni medidas que protejan a las comunidades del desplazamiento.

La coalición denunció que la especulación en la compra de propiedades por beneficiarios de estos incentivos ha contribuido al encarecimiento del mercado y al desplazamiento de residentes locales. Según Habitat for Humanity Puerto Rico, en Puerto Rico hacen falta más de 70,000 unidades de alquiler asequible. A esto se suma que el índice de vivienda asequible ronda el 60%, lo que significa que la mayoría de las familias no genera ingresos suficientes para cualificar para una hipoteca promedio. Con un ingreso medio familiar entre $24,000 y $25,000 anuales, y precios promedio que superan los $360,000 para viviendas nuevas y los $212,000 para viviendas existentes, según cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la brecha entre salarios y costos de vivienda coloca la compra de un hogar fuera del alcance de amplios sectores del país.

Asimismo, reiteraron que los beneficiarios de la Ley 22 acumulan múltiples exenciones contributivas bajo distintos esquemas, profundizando la pérdida de ingresos públicos mientras se subsidian desarrollos de lujo y se fomenta la privatización de recursos.

“Desde una perspectiva fiscal, el costo de oportunidad es enorme. Dieciocho mil millones de dólares representan inversión potencial en infraestructura energética, salud, educación y pensiones. Cuando un incentivo no genera retornos medibles en empleo y producción local, se convierte en una transferencia regresiva de riqueza. Los datos oficiales demuestran que el balance fiscal es negativo”, indicó Cristian Martinez, Director Ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo.

Finalmente, la coalición reiteró la importancia de incentivar el retorno de puertorriqueños, pero señaló que no la legislación no contiene disposiciones a esos efectos y subrayó que la prioridad debe ser retener a quienes actualmente viven en el país y a fortalecer el empresarismo local. “Una verdadera política de desarrollo económico comienza por garantizar condiciones para quienes ya están aquí. Extender este modelo hasta 2055 profundiza la desigualdad en lugar de corregirla”, concluyó Martinez

La coalición hizo un llamado a la administración y al presidente del Senado a reconsiderar políticas públicas que realmente protejan a las comunidades del desplazamiento y prioricen el desarrollo económico de quienes han permanecido y sostenido al país.

Según el trámite legislativo, la medida se encuentra a la espera de la firma del presidente del Senado para ser remitida a la gobernadora.