«El verdadero peligro radica en que desarma legalmente al empleado al permitir que el patrono administre y extienda los turnos de forma unilateral», dijo José Rodríguez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical.

El Movimiento Solidario Sindical (MSS) reaccionó con repudio la aprobación del proyecto de la Cámara 1505. La organización sindical señaló esta enmienda a la Ley Núm. 379 de Jornada de Trabajo, ha legalizado la explotación laboral bajo el falso pretexto de la «competitividad» y el «desarrollo económico».

EL proyecto del representante Roberto López Román ibera a patronos de tener que pagar horas extra por turnos de hasta 10 horas de trabajo cuando ocurran como parte de un acuerdo entre el empleado y la empresa. El Proyecto de la Cámara 1505 enmienda la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico (Ley 379-1948) en el artículo de pago de horas extra. Específicamente indica que cuando se establezcan horarios de trabajo semanales alternos que impliquen horarios diarios hasta 10 horas, el patrono no tendrá “la obligación de pagar horas extra”.

El lenguaje de la ley vigente se mantiene en cuanto a que estos acuerdos de jornadas extendidas deben estar por escrito entre el empleado y el patrono, pero en pasadas discusiones legislativas sobre enmiendas a leyes laborales se ha dejado establecido que no existe una verdadera relación de equidad entre un patrono y un empleado.

La medida mantiene intacto el lenguaje de pago extra a razón de tiempo y medio a partir de la décima hora de trabajo.

José Rodríguez, portavoz del MSS, comentó “denunciamos que la exposición de motivos del proyecto utiliza de forma cínica la crisis demográfica, la baja participación laboral y una reducción del 0.4% en el empleo manufacturero para justificar que los patronos tengan el control absoluto sobre el tiempo y la vida de quienes trabajan”.

Rodriguez Veléz denunció que “aunque el proyecto intenta lavarse la cara asegurando que no se elimina el pago de horas extra, el verdadero peligro radica en que desarma legalmente al empleado al permitir que el patrono administre y extienda los turnos de forma unilateral. Esto anula la capacidad del trabajador para negarse a laborar jornadas agotadoras bajo la amenaza de despido o represalias por insubordinación.

A su vez, expresó Rodriguez Vélez “es poco democrático y completamente patronal que solo se haya pedido opinión al Departamento del Trabajo, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), excluyendo a los sindicatos, entre otros grupos. La lucha por las 8 horas diarias y las 40 semanales es una conquista de la clase trabajadora organizada. En momentos en donde se está discutiendo en muchos países, o incluso se ha llevado a cabo, la reducción de la jornada laboral, la Cámara de Representantes de Puerto Rico quiere llevarnos a las condiciones de trabajo del siglo pasado”.

Rodríguez Vélez recordó el historial legislativo del autor de la medida para demostrar las verdaderas intenciones detrás de este proyecto.

«Este ataque no nos sorprende. El representante López Román es uno de los peores enemigos de la clase obrera; es el mismo legislador que en el pasado intentó eliminar la Comisión de Salario Mínimo para dejar desprotegidos a los trabajadores más vulnerados de nuestro país. Hoy vuelve a arremeter contra nosotros, actuando como el principal gestor de la precariedad laboral en Puerto Rico. El irresponsable de López Román también ha ignorado el envejecimiento de la clase trabajadora que muchas veces no puede con los turnos de 8 horas. Esta medida puede traer consecuencias peligrosas como los accidentes laborales.», sentenció el portavoz.

El Movimiento Solidario Sindical anunció que trasladará de inmediato su campaña de presión al Senado de Puerto Rico. «Exigimos al Senado que detenga esta amenaza a las y los trabajadores, que abra el proyecto a vistas públicas reales y no actúe como un sello de goma de la Asociación de Industriales”. Concluyó el portavoz Rodriguez Vélez. 

El Movimiento Solidario Sindical representa a cientos de trabajadores y trabajadoras de la empresa privada en Puerto Rico, principalmente en Pepsi Cola, Coca-Cola y Partner Business Services.