Además solicitan incentivos para mejorar la eficiencia energética y mecanismos que faciliten la transición hacia fuentes de energía renovable.

La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), Lcda. Tania Conde Sterling  solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico que conceda una audiencia pública a los administradores de servicios de salud para presentar su oposición al propuesto aumento en la tarifa de energía eléctrica y exponer las consecuencias económicas y operacionales que esta medida podría tener sobre las instituciones de salud y los pacientes.

Conde Sterling hizo la expresión junto al Presidente de CooLab, Teo Rolón; la Directora Ejecutiva de la Asociación de Farmacias, Linda Ayala; y la ex presidenta del Colegio de Tecnólogo Médicos, Barbara Surillo.

Mediante una carta dirigida al presidente del Negociado de Energía, Lcdo. Edison Avilés Deliz, y a los comisionados de ese organismo, el CASS reclamó que se escuche la voz de los profesionales responsables de administrar hospitales, salas de emergencias, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de diálisis, hogares de cuidado prolongado y otras instalaciones de salud en los 78 municipios, incluyendo Vieques y Culebra.

“No podemos permitir que un aumento en la factura de energía eléctrica se convierta en una amenaza adicional para la estabilidad de nuestros hospitales y demás instituciones de salud. La electricidad no es un lujo para el sector de la salud; es un servicio esencial para salvar vidas. Cada dólar adicional que una institución tenga que destinar al pago de energía es un recurso que deja de estar disponible para fortalecer los servicios médicos, adquirir equipos, contratar profesionales y atender las necesidades de nuestros pacientes”, expresó Conde Sterling.   

El CASS agrupa a más de 800 administradores de hospitales, centros de salud primaria 330, Centros de Diagnóstico y Tratamiento; Casas de Salud; Centros de Rehabilitación Psicosocial; Facilidades Médicas para Retardados Mentales; Centros de Salud Mental; Centros de Rehabilitación; Unidades de Cuidado Prolongado; Hospicios; Agencias de Salud en el Hogar, entre otras instituciones de salud en toda la isla.

La presidenta del CASS destacó que las instituciones de salud enfrentan una realidad operacional distinta a la de otros sectores económicos, debido a que muchas de ellas deben mantener sus operaciones de manera continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, requieren energía eléctrica para sostener equipos médicos, sistemas de ventilación, áreas críticas, laboratorios y unidades de refrigeración destinadas a la conservación de medicamentos y vacunas.

“Estamos hablando de instituciones donde una interrupción del servicio eléctrico puede poner en riesgo la vida de un paciente. A esa realidad se suma el alto costo de mantener generadores de emergencia, combustible y sistemas de respaldo. Imponer nuevos aumentos sin evaluar su impacto sobre las instituciones de salud podría agravar su situación financiera y afectar la continuidad de servicios esenciales para nuestro pueblo”, añadió.

El CASS señaló que sus profesionales participan en la administración de una amplia variedad de instalaciones de salud, entre ellas hospitales, salas de emergencias, centros de salud primaria, centros de rehabilitación, hospicios, centros de salud mental, unidades de cuidado prolongado, centros de cirugía ambulatoria y agencias de servicios de salud en el hogar.

Como parte de su petición, el Colegio propone presentar ante el Negociado de Energía una ponencia sustentada en información económica y operacional, con recomendaciones dirigidas a proteger la continuidad de los servicios de salud. Entre las alternativas planteadas figuran la evaluación de tarifas especiales para instalaciones de salud, incentivos para mejorar la eficiencia energética y mecanismos que faciliten la transición hacia fuentes de energía renovable.

“Nuestra petición es clara: antes de aprobar cualquier aumento que afecte a las instituciones de salud, el Negociado de Energía debe escuchar a quienes tienen la responsabilidad de administrar estas instalaciones y garantizar que sus servicios continúen disponibles para los pacientes. Solicitamos que se considere un trato tarifario diferenciado para el sector de la salud, tomando en cuenta su función esencial y su responsabilidad de proteger la vida humana”, sostuvo la presidenta.

Finalmente, Conde Sterling reiteró la disposición del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico para colaborar con el Negociado de Energía en la evaluación de alternativas que permitan atender las necesidades del sistema eléctrico sin comprometer el acceso, la calidad y la continuidad de los servicios de salud.

Durante  la Conferencia administradores de hospitales de los hospitales Menonita, Lcda. Ruberte Norat y el Hospital Presby, Lcdo. Héctor Ortiz presentaron evidencia y comparativa de cómo ha ido aumentado el costo de energía en sus respectivas facilidades y que un aumento más como el propuesto sería crítico para su salud financiera.