La Junta de Supervisión Fiscal ha rechazado propuestas similares.

Ante el nuevo aumento en la factura eléctrica y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Alan Taveras, propuso establecer una moratoria de seis meses en el cobro de la crudita como una medida inmediata de alivio económico para comerciantes y consumidores.

La propuesta, consistentemente rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por su impacto en el Fondo General, amplía el planteamiento que el CUD ha llevado durante las últimas semanas para reducir sustancialmente este impuesto y establecer una ruta hacia su eventual eliminación.

En al menos tres ocasiones en dos años, la JSF ha reiterado que no se puede eliminar el impuesto al combustible conocido popularmente como la crudita sin identificar medidas que reemplacen cada centavo que recauda. O sea, hasta $345 millones. El reto del gobierno sería identificar cómo sustituir ese dinero dentro de una reforma contributiva más amplia.

“Tenemos una situación que requiere acciones inmediatas. Si nuestras PyMEs van a enfrentar un aumento significativo en el costo de la electricidad, tenemos que buscar dónde podemos aliviar otras cargas que también impactan directamente su operación. Una moratoria de seis meses a la crudita sería una medida concreta que puede comenzar a generar alivio mientras trabajamos soluciones de más largo plazo”, expresó Taveras sin hacer referencia al impacto fiscal de la iniciativa.

De acuerdo con un análisis de Inteligencia Económica, el aumento de 5.28 centavos por kilovatio-hora aprobado para el trimestre de octubre a diciembre representará alrededor de $218 millones en costos adicionales para la economía de Puerto Rico. Para una PyME típica, el incremento en la factura rondaría el 17%.

El análisis estima, además, que comercios, industrias y fincas enfrentarán aproximadamente $122.5 millones en costos adicionales durante el trimestre. Las empresas tendrán que absorber parte de ese impacto reduciendo sus márgenes o trasladarlo a precios, con las correspondientes consecuencias para el consumidor.

“Aquí no hay un escenario en el que alguien no termine pagando. Si el comerciante absorbe el aumento, pierde capacidad para invertir, contratar y crecer. Si lo traslada, lo termina pagando el consumidor. Por eso estamos planteando que el Gobierno evalúe medidas que permitan compensar parte de esta nueva presión económica”, señaló Taveras.

El impacto va más allá de la factura

El CUD advirtió que el efecto del aumento no se limita al pago mensual de electricidad. Según Inteligencia Económica, al considerar el efecto multiplicador de los recursos que dejan de destinarse a consumo, nómina, inversión y compras a suplidores, la producción económica afectada podría alcanzar unos $372 millones solamente durante el trimestre de octubre a diciembre.

El impacto ocurre, además, en momentos en que el comercio se prepara para la temporada navideña y la economía muestra señales de crecimiento limitado. El Índice de Actividad Económica registró en agosto un crecimiento interanual de apenas 0.1%, luego de seis meses consecutivos de contracción.

“No podemos mirar el aumento de la luz de manera aislada. El comerciante paga electricidad, combustible, transportación, nómina, seguros e inventario. Cuando todos esos costos siguen aumentando simultáneamente, ponemos en riesgo la competitividad de nuestras empresas y presionamos aún más el bolsillo del consumidor”, añadió el presidente del CUD.

De la denuncia a las soluciones

Taveras sostuvo que la moratoria propuesta debe formar parte de una discusión más amplia dirigida a reducir estructuralmente el costo de hacer negocios en Puerto Rico.

Además de la crudita, el CUD propone abrir una mesa de discusión sobre alternativas para reducir los costos energéticos, incluyendo la reducción de la dependencia del diésel; alternativas de generación más eficientes; aprovechamiento del gas producido en vertederos; reducción de pérdidas en transmisión y distribución; mayor acceso de las PyMEs a generación distribuida y almacenamiento; y la evaluación responsable de nuevas tecnologías de generación.

“No queremos limitarnos a denunciar cada aumento. Queremos poner soluciones sobre la mesa. Nuestra propuesta inmediata es una moratoria de seis meses a la crudita, pero la conversación tiene que ser mucho más amplia. Puerto Rico necesita una estrategia para reducir permanentemente el costo de producir, transportar, operar y hacer negocios”, puntualizó Taveras.

El CUD reiteró su disposición a trabajar con el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el sector energético y organizaciones empresariales para identificar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan atender el impacto de los costos energéticos sobre las PyMEs y los consumidores.