“A más de un año desde el inicio del patrullaje masivo en Washington D.C., es hora de que González Colón ordene el retiro de nuestros efectivos para que regresen a casa”, sostuvo su directora ejecutiva.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico hizo un llamado hoy a la gobernadora Jenniffer González a cancelar la misión de 150 efectivos e la Guardia Nacional de Puerto Rico, que patrullan, según la organización de manera injustificada en las calles de Washington D.C.. 

“No existe absolutamente ninguna razón por la cual los efectivos de Puerto Rico deban estar patrullando las calles de la capital estadounidense, siendo parte del ejercicio propagandístico mediante el cual el presidente Trump intenta establecer un ambiente de miedo”, afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

“La gobernadora, en primer lugar, nunca debió haber activado nuestras tropas para semejantes actos. Y a más de un año desde el inicio del patrullaje masivo en Washington D.C., es hora de que González Colón ordene el retiro de nuestros efectivos para que regresen a casa”, sostuvo Martínez Orabona.

Hasta este miércoles, al menos 153 efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico continuaban activos en la capital estadounidense, según datos de la Guardia Nacional de Washington D.C. En una carta abierta dirigida al público, la ACLU, sus filiales, el Capítulo de Puerto Rico y la ACLU del Distrito de Columbia (ACLU-D.C.), exigieron el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de la capital estadounidense.

Este verano, en el punto álgido del despliegue, más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional de 15 estados, Puerto Rico y del Distrito de Columbia patrullaron los vecindarios de Washington, D.C. Esta presencia comenzó en agosto de 2025, cuando el presidente Trump desplegó la Guardia Nacional de D.C. 

En el caso de D.C., el presidente tiene el control de su Guardia Nacional y, junto con el secretario de Defensa, puede solicitar a los gobernadores que, de forma voluntaria, pongan a disposición efectivos de la Guardia Nacional de sus jurisdicciones para determinadas misiones federales. Los gobernadores tienen la facultad de rechazar estas solicitudes y muchos lo han hecho en el último año.

“Cada día que pasa sin que la gobernadora ordene el retiro de nuestras tropas, se hace cómplice del bochornoso acto de hipervigilancia, miedo y control que promueve el presiente Trump hacia los propios ciudadanos estadounidenses”, manifestó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.  

Desde hace más de un año, los residentes de D.C. se han encontrado con efectivos de la Guardia Nacional desplegados en uniforme militar y armados, las calles y aceras frente a sus casas, escuelas y negocios locales. Esta presencia no aumenta la seguridad en la ciudad, sino al contrario, abona al ambiente de miedo y amenaza generado por las políticas discriminatorias y anti-inmigrante del presidente Trump.  

La carta también advierte que desplegar tropas en la capital del país podría normalizar el uso de las fuerzas militares contra la población en Estados Unidos. Ya se han documentado casos en los que efectivos de la guardia nacional han discriminado y violado los derechos de residentes del distrito federal. En mayo, la ACLU-D.C. presentó una demanda en nombre de Anna King, veterana de combate y condecorada con el Corazón Púrpura, quien fue agredida por efectivos de la Guardia Nacional frente a su vivienda en la capital.

“En el Distrito no se necesitan ni se quieren tropas armadas de la Guardia Nacional. En ausencia de una verdadera emergencia, los miembros de la Guardia Nacional deberían estar en casa, en sus comunidades, con sus familias”, afirmó Mónica Hopkins, directora ejecutiva de ACLU de D.C.

Las estimaciones indican que los despliegues de efectivos podrían costarle a los contribuyentes 1.7 mil millones de dólares para finales de 2026, en un momento en que las familias en Puerto Rico y en Estados Unidos enfrentan el aumento de costos en general. 

Los despliegues prolongados también pueden reducir la disponibilidad de los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico para atender otras necesidades importantes, como la respuesta ante desastres naturales.  

“Estas tropas militares patrullan la capital del país como una demostración de fuerza, con el propósito de amenazarnos e intimidarnos. Pero no nos dejaremos amedrentar. Debemos seguir alzando la voz contra este flagrante abuso del poder ejecutivo”, afirmó Mike Zamore, director nacional de Políticas y Asuntos Gubernamentales de la ACLU.   

 Puedes ver y descargar la carta en este enlace: