La agencia determinó que Ariel Torres Meléndez y Roberto Ramos Colón habían realizado trabajos de excavación, remoción, relleno y depósito de material; corte y tala de árboles; e hincado de pozo sin contar con los permisos requeridos.

Lo que comenzó en Salinas hace cinco años como una lucha comunitaria en el área de Ranchos Guayama contra la propuesta construcción de un campo de tiro, culminó en un acuerdo administrativo ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que establece más de $61,000 en sanciones, mitigación ambiental y costos técnicos, además de la siembra y protección de 112 árboles nativos.

El anuncio lo hizo José Cora Collazo, presidente de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).

El acuerdo alcanzado en el proceso administrativo contra los querellados Roberto Ramos Colón y Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA, establece una multa administrativa de $25,000, una aportación de $29,000 para un Plan de Mitigación Ambiental y $7,000 para cubrir costos periciales y técnicos relacionados con la regularización de un pozo de agua.

En el 2021, CODEPOLA comenzó la construcción de un campo de tiro en la comunidad de Ranchos Guayama. Tras varias querellas de residentes del lugar, y tras investigaciones y procesos administrativos de parte del DRNA, la agencia determinó que Torres Meléndez y Ramos Colón habían realizado trabajos de excavación, remoción, relleno y depósito de material; corte y tala de árboles; e hincado de pozo sin contar con los permisos requeridos.

Como parte de las medidas de mitigación, también se exige la siembra y protección de 112 árboles nativos, incluyendo bayahondas, hojas menudas y escambrones. El acuerdo contempla, además, un compromiso de seguimiento e informes durante cinco años para verificar la supervivencia de los árboles y el cumplimiento de las medidas establecidas.

Para Cora Collazo, presidente de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), organización que participó como parte interventora en el proceso, el resultado es producto directo de la perseverancia de los residentes de Ranchos Guayama.

“Nosotros siempre tuvimos claro por qué estábamos luchando. Durante estos cinco años vimos intereses y presiones alrededor de este proyecto, pero la comunidad tomó la decisión más importante: unirnos y defender a Ranchos Guayama. Aquí no importaban los colores políticos; importaban nuestro hogar, nuestra gente y nuestras áreas naturales”, expresó Cora Collazo.

El presidente de ASPA destacó que el acuerdo representa un reconocimiento a la importancia de mantener una comunidad organizada y vigilante ante posibles impactos ambientales.

“Este resultado demuestra que valió la pena insistir y no rendirnos. Fueron cinco años de denuncias, gestiones, reuniones y trabajo comunitario. Reconocemos la firmeza de la Lcda. Mildred Sotomayor Bourbón, representante del interés público del DRNA, así como la excelente labor de nuestros abogados, los licenciados José Colón Pérez y Segundo Meléndez Zayas, quienes caminaron junto a nosotros durante todo este proceso”, añadió.

El líder comunitario recalcó que el valor de este proceso trasciende las cantidades económicas establecidas en el acuerdo.

“Esto no se trata solamente de $61,000 ni de 112 árboles. Se trata de demostrar que cuando una comunidad se organiza, persevera y defiende responsablemente sus áreas naturales y su bienestar, puede lograr resultados. Ranchos Guayama habló, denunció y resistió durante cinco años. Ahora vamos a permanecer vigilantes pues CODEPOLA tiene que cumplir las condiciones del acuerdo al pie de la letra”, concluyó Cora Collazo.

ASPA reiteró su compromiso de continuar dando seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas y de mantener informada a la comunidad sobre las gestiones relacionadas con la protección ambiental de Ranchos Guayama.