Ha expresado inconformidad con la entrega de datos de la agencia y espera por datos de políticas organizacionales y operacionales en las escuelas, su plan financiero a cinco años y un desglose del programa de servicios comprados a entidades educativas privadas.

En el capítulo más reciente de saga entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Departamento de Educación, el ente fiscal ha hecho una nueva solicitud de información sobre una serie de políticas organizacionales y operacionales en las escuelas.

En las pasadas semanas, la Junta le ha reiterado su exigencia de que entregue su plan financiero a cinco años y también un desglose del programa de servicios comprados a entidades educativas privadas. La Junta también ha indagado sobre los problemas que ha enfrentado Educación al cumplir con los pagos a suplidores.

Mientras, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés ha dicho que la Junta tiene gran parte de la información solicitada.

La petición más reciente, con fecha de ayer, comienza con el señalamiento de que Educación, en una carta del 6 de mayo, fallo en entregar información solicitada una semana antes como el análisis fiscal de ciertos documentos como políticas de organización escolar.

“Como se explicó en la carta del 27 de abril, los materiales solicitados por la Junta de Supervisión no estaban limitados a políticas de organización escolar, pero se extendían a cualquier política, regulación o directriz administrativa u operacional con implicaciones fiscales directas o indirectas en relación al Plan Fiscal Certificado”, indicó el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.

Acto seguido, Mujica enumera en una carta una lista de 23 tipos documentos que necesita la Junta. Por ejemplo, múltiples cartas circulares, documentos relacionados al Programa de Educación Especial y regulaciones sobre transportación escolar.

“La Junta de Supervisión reitera su solicitud de que el Departamento de Educación entregue todas sus políticas, regulaciones, directrices y documentos operacionales relacionados establecidos en la carta del 27 de abril… no más tardar del 30 de octubre”, sostuvo Mujica al advertiir que la Junta se reserva su derecho de tomar “cualquier acción que entienda necesaria con relación a los temas discutidos”.

Reacciona Educación

Ramos Parés indicó que está considerando solicitar una reunión con los miembros de la Junta para hablar, entre otras cosas, sobre cómo tantas reuniones sostenidas en el pasado parecen no haber dado resultados.

«Si después de años de reuniones continuas seguimos regresando sobre asuntos ya discutidos, corresponde preguntarnos qué podemos hacer de manera distinta para que este proceso sea verdaderamente productivo para ambas partes», dijo

«Me sorprende que recibamos una nueva misiva de la Junta de Supervisión Fiscal requiriendo más información del Departamento de Educación cuando nuestros equipos sostienen reuniones prácticamente a diario para atender asuntos relacionados con la operación y las finanzas de la agencia. No hablamos de reuniones recientes; llevamos años en este intercambio continuo de información. Por eso, resulta legítimo cuestionarnos cuál ha sido el resultado de tantas horas de trabajo, reuniones y explicaciones si, a estas alturas, persisten dudas sobre procesos que han sido discutidos ampliamente», dijo el secretario Ramos Parés en declaraciones escritas.

«Quiero ser absolutamente claro: el Departamento de Educación no se ha negado ni se negará a proveer información. Todo lo contrario. Hemos mantenido una política de apertura y colaboración constante con la Junta, quizás al punto de dedicar una cantidad considerable de tiempo y recursos de nuestros funcionarios a responder requerimientos, participar de reuniones y explicar una y otra vez los procesos administrativos de la agencia. Sin embargo, cada día percibimos menos ese mismo espíritu de colaboración en la otra dirección», agregó.

Según dijo, la nueva comunicación solicita decenas de cartas circulares y otros documentos que están disponibles públicamente en las plataformas digitales de la agencia y a los cuales, según Ramos Parés, los funcionarios de la Junta tienen acceso.

«Resulta inoficioso pedir que personal del Departamento invierta nuevamente tiempo en recopilar y remitir documentos que sus equipos pueden consultar directamente como parte de sus propios procesos de análisis. Además, hemos explicado que muchas de estas cartas circulares atienden aspectos administrativos y operacionales que, desde la perspectiva del Departamento, no tienen una incidencia fiscal directa», dijo.

«Hay otro elemento que no podemos ignorar. Entre los funcionarios que trabajan para la Junta y que interactúan con nuestro equipo hay personas que anteriormente ocuparon posiciones de liderato dentro del propio Departamento de Educación. Por tanto, existe conocimiento institucional sobre cómo opera esta agencia y sobre la complejidad de administrar el sistema de educación pública de Puerto Rico», añadió.