Héctor Ferrer Santiago sostuvo que no es suficiente que funcionarios del Gobierno aleguen que determinada información está protegida por el privilegio abogado-cliente cuando lo que está en juego es un asunto de alto interés público.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, exigió hoy al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, que renuncie voluntariamente al privilegio abogado-cliente relacionado con las gestiones realizadas por su asesor legal durante el proceso de contratación de generación temporera con Power Expectations.

Ferrer Santiago sostuvo que, ante la magnitud del contrato, los señalamientos que han surgido y las contradicciones expuestas durante la vista pública de la Comisión de Gobierno, no es suficiente que funcionarios del Gobierno aleguen que determinada información está protegida por el privilegio abogado-cliente cuando lo que está en juego es un asunto de alto interés público.

Hoy se supone que Juan González Galarza, abogado de Colón, preste testimonio a puerta cerrada ante la Comisión de Gobierno de la Cámara.

“Josué Colón tiene una oportunidad de disipar todas las dudas: que renuncie al privilegio abogado-cliente y permita que se conozca toda la información relacionada con las conversaciones, instrucciones y gestiones realizadas por su representación legal en este proceso. Si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el temor?”, cuestionó Ferrer Santiago.

El portavoz popular recordó que durante la vista pública Colón reconoció haber sido entrevistado por el Departamento de Justicia y el FBI como parte de los referidos relacionados con el proceso de contratación. Al mismo tiempo, su abogado principal, Juan González Galarza, ha invocado el privilegio abogado-cliente ante la Comisión de Gobierno.

“Estamos hablando de un proceso gubernamental que involucra un contrato millonario que ha estado acompañado de serios cuestionamientos sobre el manejo del proceso. Aquí nadie debe levantar una muralla de confidencialidad para evitar contestar preguntas legítimas”, afirmó.

Ferrer Santiago enfatizó que su reclamo no pretende interferir con ninguna investigación criminal ni sustituir el trabajo de las agencias de ley y orden.

“Que investiguen el FBI, Justicia y quien tenga que investigar. Pero la Cámara también tiene una responsabilidad constitucional de fiscalizar cómo se toman decisiones en el Gobierno y cómo se manejan los asuntos que afectan directamente a la gente. La transparencia no puede ser selectiva”, sostuvo.

El Portavoz cuestionó además que se pretenda utilizar el privilegio abogado-cliente para limitar el acceso de la Asamblea Legislativa a información relacionada con actuaciones de funcionarios públicos.

“Cuando un abogado interviene en asuntos oficiales del Gobierno y su trabajo está relacionado con decisiones tomadas desde una entidad pública, hay preguntas legítimas que tienen que contestarse. Por eso le exijo al zar de Energía que renuncie al privilegio, que permita que se conozca la totalidad de las comunicaciones pertinentes y que elimine cualquier duda sobre su participación en este proceso”, expresó Ferrer Santiago.