Entre los efectos identificados, el informe señala aumentos significativos en el costo del servicio de la deuda del Gobierno, pérdidas por refinanciamientos y desembolsos sin evidencia de beneficio fiscal.

La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, publicó hoy el informe de auditoría correspondiente al período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024, sobre las operaciones fiscales relacionadas con las emisiones y refinanciamientos de bonos realizados por varias instrumentalidades del gobierno.

Estas son: el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Puede leer la auditoría aquí:

El examen de las transacciones relacionadas con las emisiones de bonos y refinanciamientos incluyó el análisis del pago de líneas de crédito y de intereses por miles de millones de dólares, con el propósito de evaluar si las operaciones se efectuaron conforme a las leyes, los reglamentos y las políticas aplicables.

La auditoría identificó que el 98% de los fondos recibidos de las emisiones de bonos examinadas se destinó al pago de deudas, notas y líneas de crédito, mientras el 2% se utilizó para mejoras capitales. También reveló que varias emisiones refinanciadas no generaron las economías esperadas, resultando en pérdidas de $123.2 millones, y aumentos por $3,360 millones en el costo del servicio de la deuda por refinanciamiento de bonos.

Asimismo, se identificaron deficiencias relevantes en la evidencia suministrada por las entidades. En particular, no se pudo corroborar el uso de $1,934,862,171 en fondos provenientes de emisiones de bonos, y de $9,035,992,022 de líneas de crédito y otras deudas, cuyos documentos justificativos no fueron provistos. La falta de evidencia impidió confirmar si los desembolsos se realizaron para los propósitos autorizados.

El informe detalla que, en múltiples instancias, los documentos esenciales para evaluar las transacciones no estaban disponibles, estaban incompletos, o no se conservaron según exige el Reglamento 4284 de 1990. La ausencia de documentación afectó la evaluación del uso de fondos en entidades tales como el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la COFINA, la AEP, y la ACT. Además, limitó la capacidad del Gobierno para justificar decisiones relacionadas con refinanciamientos, depósitos en fondos de reserva y operaciones financieras.

Entre los efectos identificados, el informe señala aumentos significativos en el costo del servicio de la deuda del Gobierno, pérdidas por refinanciamientos y desembolsos sin evidencia de beneficio fiscal. Las causas incluyen aumentos en gastos operacionales, fondos no utilizados para los usos autorizados, y deficiencias en la conservación de los documentos necesarios para justificar la razonabilidad del gasto o el refinanciamiento.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos y mejorar la transparencia fiscal. Entre ellas, se insta a las entidades a asegurar la conservación adecuada de toda evidencia relacionada con emisiones y refinanciamientos; establecer procesos uniformes de documentación y evaluación; cumplir con los requerimientos de los reglamentos aplicables; y garantizar que futuras decisiones sobre la deuda pública se sustenten en análisis financieros completos, comparaciones de alternativas y documentación verificable. Además, la Contralora exhortó a los funcionarios y juntas de directores a implementar medidas correctivas para atender las situaciones identificadas y prevenir recurrencia.