Integra PR fue creado para centralizar los procesos de finanzas, presupuesto, compras, inventario, propiedad y contabilidad de más de 60 agencias gubernamentales.

El director de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, denunció el miércoles que fallas en Integra PR impiden a suplidores del Gobierno presentar facturas desde el 23 de junio y han provocado que algunos limiten sus servicios.

“El nuevo proyecto Integra PR ha resultado ser uno desarticulado, improvisado, disfuncional e inoperante. Su diseño y desarrollo no tomó en cuenta las necesidades ni realidades de las agencias del gobierno. Al ponerlo en función no se procuraron las condiciones adecuadas para asegurar una transición efectiva. Este sistema no está alineado con las responsabilidades y los controles fiscales que rigen la administración pública para salvaguardar el manejo de los recursos del pueblo de Puerto Rico”, señala la Resolución 2026-003 aprobada por la Junta de Comisionados.

Integra PR fue creado para centralizar los procesos de finanzas, presupuesto, compras, inventario, propiedad y contabilidad de más de 60 agencias gubernamentales.

Según Padilla Ruiz, las dificultades para presentar facturas amenazan la continuidad de servicios ofrecidos por proveedores a centros para adultos mayores, pacientes con trastornos de salud mental, menores bajo cuidado sustituto y programas para la niñez temprana.

Las agencias tienen hasta el 29 de agosto para procesar facturas correspondientes a obligaciones registradas del año presupuestario 2025-2026.

“Las agencias que participamos de este proceso conocemos la presión que esto ha generado. La implementación de este sistema sin haber preparado y capacitado tanto a las agencias y empleados como a los suplidores ha sido nefasta. Máxime con la situación económica que enfrenta Puerto Rico en cuanto al alza en los costos y la inestabilidad geopolítica mundial”, sostuvo Padilla Ruiz en declaraciones escritas.

La Comisión también advirtió que iniciar la segunda fase del proyecto, relacionada con reclutamiento, nómina, beneficios y otros procesos de recursos humanos, sin resolver las fallas de la primera etapa podría poner en riesgo el pago de empleados y la información confidencial.

Además, denunció que empleados públicos no han recibido pagos de dietas y millaje, situación que, según sostuvo, limita sus funciones y la fiscalización de las agencias.

La Resolución solicita a la gobernadora Jenniffer González Colón que atienda los problemas atribuidos a la plataforma antes de continuar con su implantación.