Organizaciones advierten sobre riesgos para la presunción de inocencia, víctimas y testigos y plantearon también preocupaciones sobre contaminación de jurados y exposición pública de jueces, fiscales y empleados judiciales.

El debate sobre dónde debe trazarse la línea entre la transparencia judicial y la protección de los derechos constitucionales de las partes dominó hoy una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, en la que varias entidades favorecieron la propuesta legislativa que limitaría la transmisión en vivo de vistas preliminares y procedimientos de determinación de causa para arresto.

La discusión surgió durante una audiencia presidida por el representante José «Che» Pérez Cordero, en la que participaron representantes del Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Sociedad para Asistencia Legal, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Comisión de Derechos Civiles como parte de la investigación ordenada mediante la Resolución de la Cámara 139.

Durante la vista, el representante por acumulación Gabriel Rodríguez Aguiló defendió el Proyecto de la Cámara 1211, medida de su autoría que propone prohibir la transmisión, difusión o retransmisión en tiempo real de las vistas de causa probable para arresto y las vistas preliminares, al entender que se trata de etapas procesales donde todavía no se presenta la totalidad de la prueba ni comparecen todos los testigos.

“La discusión que estamos teniendo es necesaria porque existe preocupación dentro del propio sistema de justicia sobre los efectos de la exposición excesiva de procedimientos que ocurren antes de un juicio. Hemos escuchado planteamientos relacionados con la seguridad de jueces, fiscales, alguaciles y empleados de los tribunales, así como preocupaciones legítimas sobre la protección de víctimas, testigos y los derechos de los acusados, quienes siguen cobijados por la presunción de inocencia. La prensa puede continuar haciendo su trabajo, los ciudadanos pueden asistir a las vistas y los procesos continúan siendo públicos. Lo que estamos evaluando es si la transmisión masiva en tiempo real de estas etapas aporta a la justicia o si, por el contrario, puede afectar su resultado”, puntualizó Rodríguez Aguiló al recordar que la restricción aplicaría únicamente a la transmisión electrónica de estas etapas preliminares.

Representantes del Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados, la Oficina del Procurador General y la Sociedad para Asistencia Legal expresaron preocupación por los riesgos que la difusión en tiempo real puede representar para la presunción de inocencia, la imparcialidad de los procesos judiciales, la protección de víctimas y testigos y la integridad de futuras selecciones de jurado. Durante los trabajos también se discutieron preocupaciones relacionadas con la posible contaminación de jurados potenciales por la amplia cobertura mediática de casos de alto perfil. Los deponentes señalaron que los candidatos a jurado permanecen expuestos a análisis y comentarios públicos sobre evidencia que todavía no ha sido evaluada en un juicio.

También se mencionaron preocupaciones sobre la exposición pública de jueces de primera instancia, fiscales, abogados y testigos en casos criminales de alta notoriedad. Otro asunto planteado fue la utilización de fragmentos de transmisiones oficiales por personas que posteriormente monetizan contenido o promueven servicios privados de análisis jurídico a través de plataformas digitales. Ante ese planteamiento, la comisión solicitó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Procurador General y a la Oficina de Administración de los Tribunales que sometan ponencias adicionales sobre el tema.

Rodríguez Aguiló, quien preside la Comisión cameral de Salud, señaló que la medida sigue una línea similar a la adoptada por los tribunales federales en Puerto Rico donde no se permite la transmisión de vistas judiciales y recordó que la jurisprudencia federal reconoce que la publicidad excesiva puede afectar el derecho a un juicio imparcial.

“El propósito de este proyecto es evitar que una persona sea juzgada en la opinión pública antes de que un tribunal examine toda la prueba. En una vista preliminar o en una determinación de causa para arresto no comparecen todos los testigos ni se presenta toda la evidencia. Cuando el público recibe información parcial y fragmentada, existe el riesgo de adjudicar responsabilidades antes de tiempo. Lo que buscamos es proteger la integridad del proceso, preservar la imparcialidad de los jurados y garantizar que los casos se decidan en los tribunales y no en las redes sociales”, añadió el legislador.

Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales defendió la transparencia como parte de la política pública del Poder Judicial y destacó que el nuevo Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales busca balancear el acceso público con la protección de los derechos de las partes. No obstante, manifestó apertura a continuar evaluando medidas relacionadas con seguridad y protección de participantes del proceso judicial.

El Proyecto de la Cámara 1211 dispone que cualquier incumplimiento con la prohibición constituirá desacato al tribunal y establece una excepción para transmisiones autorizadas por el tribunal con fines educativos o de supervisión judicial. La medida también concede al Tribunal Supremo un término de 90 días para adoptar la reglamentación necesaria para su implantación, de convertirse en ley. La medida continúa en discusión en la Cámara de Representantes.