Con una petición que supera los $1,300 millones, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) acudió el martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para defender su presupuesto consolidado para el año fiscal 2025-2026.
La comparecencia, celebrada como parte de los trabajos sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 79, estuvo liderada por el secretario del DSP, el general Arturo Garffer, acompañado por los comisionados de sus seis negociados principales.
Según la ponencia oficial, el DSP solicitó $1,305,747,000 para el nuevo ciclo fiscal, de los cuales $1,229 millones provienen del Fondo General, $65.5 millones de Fondos Especiales y $11 millones de Fondos Federales. La cifra refleja una ligera disminución respecto al presupuesto vigente, pero mantiene, según la agencia, el enfoque en fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de seguridad.
El funcionario también defendió que el DSP ha integrado sus sistemas fiscales, administrativos, tecnológicos y de recursos humanos para lograr mayor sinergia entre sus componentes.
El DSP agrupa seis negociados que, aunque diversos en su operación, comparten la misma misión de respuesta inmediata y protección ciudadana: el Negociado de la Policía, Emergencias Médicas, Bomberos, Manejo de Emergencias, Investigaciones Especiales y el sistema de llamadas 9-1-1.
En conjunto, forman la primera línea de defensa ante el crimen, las emergencias médicas, los desastres naturales y las amenazas al orden público.
Entre los esfuerzos destacados en la presentación presupuestaria, Garffer mencionó el proyecto de relocalización de múltiples negociados en un edificio que actualmente pertenece al Sistema 9-1-1, el cual está siendo reforzado estructuralmente para operar como centro de mando ante desastres.
Esta reubicación incluye áreas críticas como tecnología, emergencias médicas y partes del Cuerpo de Bomberos, con la expectativa de generar eficiencias operacionales y ahorro de recursos.
El secretario también reiteró que la agencia mantiene colaboración directa con organismos federales de seguridad y ha reforzado su marco de fiscalización para combatir el crimen organizado y la corrupción.
En ese sentido, el Negociado de Investigaciones Especiales se perfila como el brazo técnico en la detección de delitos complejos y en el análisis de inteligencia criminal.
Cada negociado, según se desprende del memorial explicativo, tiene funciones específicas: la Policía es responsable de la protección del orden público y los derechos civiles; Bomberos se enfoca en la prevención y manejo de incendios; Emergencias Médicas garantiza atención prehospitalaria y traslado médico urgente; Manejo de Emergencias lidera la respuesta a catástrofes naturales o incidentes críticos; el 9-1-1 coordina llamadas de emergencia y su distribución; mientras que el NIE ejecuta investigaciones de alto perfil con enfoque pericial.
El DSP insistió ante la Comisión que el modelo de integración implantado tras la aprobación de la Ley 20-2017 ha permitido eliminar duplicidad de funciones y establecer controles presupuestarios más sólidos.
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