La empresa Caribbean Golf Academy que colinda con el vertedero, suministró una carta al Senado denunciando que se les había prohibido participar de la vista ocular a la que fue invitada.

La Legislatura abrió una investigación en el que se ve involucrado el vertedero en Carolina, por la supuesta expansión del espacio, posibles daños ambientales y la contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

A través de la Resolución del Senado 2, los senadores Marissa Jiménez, Ángel Toledo,Héctor Joaquin Sánchez y Eliezer Molina, acudieron el pasado viernes, al vertedero para darle continuidad a una denuncia que aún no se ha resuelto.

La resolución establece que el vertedero ha sido objeto de críticas por parte de los mismos residentes de Carolina, así como arqueólogos y organizaciones ambientales debido a la alegada expansión ilegal del espacio para el depósito de desperdicios.

La exposición de motivos se incluyó un estudio de campo del 2023 que se llevó a cabo por la arqueóloga Aurora Muriente, quien concluyó que el vertedero ha incurrido en sobre 30 violaciones a leyes estatales y federales.

La zona donde se ubica el vertedero tiene un elevado valor arqueológico por ser parte de una cordillera de mogotes y ubicada en la Reserva Natural del Bosque de Piñones. Sin contar que está sobre un sistema kárstico y en una zona de acuíferos vital para especies en peligro de extinción.

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A inicios de enero de 2024, NotiCel reportó que la juez superior Diana Conde Rodríguez rechazó desestimar una demanda en contra el municipio y los operadores del sistema bajo los argumentos de que están usado ilegalmente los terrenos del vertedero e invadido la propiedad de un colindante que maneja la Caribbean Golf Academy (CGA).

La acción viene desde diciembre de 2021, después de que en verano de ese año CGA hiciera una denuncia sobre el mal uso de una “zona de amortiguamiento” que tiene el vertedero y en la que se supone que no depositen desperdicios, precisamente, para no afectar las operaciones de sus vecinos. La ciudad obtuvo ese terreno hace 20 años cuando realizó una expropiación de 35 cuerdas de terreno a Hacienda Campo Rico.

El ayuntamiento opera el vertedero hace unos 50 años y CGA pide el cese del depósito de basura en el área de amortiguamiento, construir verjas que demarquen las zonas, retirarse de la casi una cuerda de su terreno que le invadieron, la rehabilitación ambiental de la zona y una compensación de $5 millones.

Esta demanda continúa en litigio

Según dijo la senadora Jiménez al finalizar la vista ocular, a simple vista no se ve incumplimiento o daños a la reserva natural, por lo que, solicitaron algunos requerimientos de información.

«Aquí lo que queremos es verificar es que todo esté en perfectas condiciones. Hubo un accidente hace aproximadamente un año y medio, ellos nos han estado mostrando la reparación que hubo dentro del sistema de relleno y cómo ha sido debidamente corregido. Estaremos haciendo unos requerimientos tanto a Conwaste, al municipio de Carolina, como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)», dijo Jiménez.

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«Tenemos muchas dudas, algunas de ellas es la zona de amortiguamiento que es la zona las cuales se ha hablado, terrenos que presuntamente se adquirieron y no pudimos ver durante este recorrido. Nos explica que no es necesario, así que, hay una contradicción y queremos tener información adicional», agregó.

Se le dio un término de cinco días laborales a Conwaste y al municipio para contestar las dudas en el tintero.

El CEO de la compañía Conwaste, Carlos Contreras, negó en todo momento que se esté incurriendo en violaciones ambientales. Contreras aseguró que al vertedero le queda una vida útil de 20 años.

Por su parte, Maria Olivera, parte del equipo del senador Molina, levantó bandera y describió la contaminación a causa del vertedero como un problema de salubridad pública.

«El karso está protegido por ley y es importante distinguir que más allá del pleito que pueda haber en dos fincas colindantes, esto es un problema de salubridad pública, un problema ecológico y un problema de la preservación y protección de nuestros bienes naturales como de nuestro patrimonio nacional e histórico como son los petroglifos y nuestras especies en peligro de extinción», sostuvo Olivera.

Denuncian prohibición para entrar al vertedero

Luis Rivera Ortiz, presidente de Caribbean Golf Academy, suministró a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales que preside Jiménez, la alegación de que a pesar de que fueron convocados asistir a la vista ocular, recibieron una comunicación restringiendo la asistencia.

La comunicación advertía que personas privadas «que no tengan relevancia con el municipio, la empresa administrativa ni la Comisión, no tendrán acceso a las facilidades».

«Aunque la prohibición anunciada era una a nuestro sereno juicio, ultra vires e ilegal, por obstaculizar una citación de una comisión investigativa legislativa, facultad que está protegida constitucionalmente a un predio que es propiedad pública y que opera con autorización gubernamental, acudimos a la entrada de las facilidades para que se nos permitiese acceso, lo que se consiguió finalmente», fue parte del texto de la misiva que adquirió NotiCel de Rivera Ortiz.

«Llamamos la atención a que ante esta imprudencia cometida por los entes infractores quienes actúan recíprocamente, acudimos al lugar en ánimo cumplidor con la Comisión y en defensa de nuestros derechos. Tenemos derecho a exigir compensación por los daños que se nos han causado, como lo estamos haciendo exitosamente en los tribunales. Tenemos el derecho constitucional de exigir la reparación de agravios que en este caso se extienden además, al Pueblo de Puerto Rico y a los ciudadanos de Carolina», agregó.

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«Hemos sido víctimas del atropello sistemático por parte del Municipio de Carolina quien expropió parte de nuestra propiedad y quien luego ha dañado otra parte de la misma junto con los recursos arqueológicos, las aguas subterráneas, y la flora y la fauna de toda la región», insistió.

La Comisión encargada no descarta celebrar una vista pública con los involucrados antes de emitir un informe final.

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