Entienden no se debe comenzar a trabajar «desde cero» con las leyes y políticas públicas que afectan dicha población, pero enfatizaron la necesidad de crear nueva legislación atemperada a los tiempos.

Puerto Rico ocupa el cuarto lugar como el país más envejecido del mundo donde sobre del 31% de la población tiene 60 años o más.

Por ello, mediante una carta, la colectividad Mayores Unidos ha extendido su llamado a la gobernadora electa con miras de colaborar activamente en la planificación y ejecución de políticas públicas que transformen la infraestructura y los servicios del país en beneficio de la población adulta mayor.

«Tenemos que adaptar la agenda y los programas de las agencias de gobierno y el enfoque de las agencias de gobierno todas a lo que es el envejecimiento de la población e incluir la participación del adulto mayor con dignidad. Por eso creamos este colectivo que se llama a Mayores Unidos: Colectivos de Vida con Dignidad. Tenemos 25 organizaciones y lo que estamos buscando es cómo insertarnos en la conversación, cómo insertarnos en el trabajo», explicó José Acarón; director estatal de AARP Puerto Rico.

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El colectivo está integrado por organizaciones tales como: AARP Puerto Rico, VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, Sociedad Americana contra el Cáncer, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc., Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, entre otras que, de igual forma, están comprometidas con el bienestar de los envejecientes en la Isla.

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Por otro lado, Acarón expresó que no sería la primera vez que trabajan mano a mano con González Colón.

«Nosotros (AARP) hemos trabajado mucho con la gobernadora electa, desde que era presidenta de la Cámara, como comisionada residente y esperamos seguir trabajando en colaboración con ella ahora como gobernadora un rol mucho más grande» dijo Acarón.

Asimismo, los miembros del colectivo enfatizaron la urgencia de unir esfuerzos desde el principio del cuatrienio para que Puerto Rico se adapte a su realidad poblacional actual y de las generaciones futuras. Es por esto que entienden es crucial la colaboración con el Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), y todas las agencias gubernamentales a cargo de la implantación de la Ley 121 del 2019, según enmendada por la Ley 195 del 2024.

Jonathan Morales, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, alegó que “el Departamento de la Familia está especializado en menores».

«La realidad del país cambia completamente cuando hablamos de los adultos mayores. Por eso, para comenzar a trabajar y diversificar esos fondos del gobierno, debemos crear una administración para adultos independiente del Departamento de la Familia”, dijo Morales.

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Según entiende Acarón, «hay una política pública que ya se ha creado, pero lo que falta es la ejecución».

«Así que lo que queremos tener son esas conversaciones; insertarnos en ese discurso, tanto el ejecutivo como el legislativo, para poder hacer algo certero, bien efectivo», dijo.

El director estatal de AARP también reveló que, de cara al proceso de nombramientos, uno de los primeros pasos del colectivo será compartir su experiencia y su peritaje a raíz del trabajo colaborativo con agencias gubernamentales.

«Según nuestras experiencias colaborativas con jefes de agencias, promoviendo política pública en pro del adulto mayor, los funcionarios más exitosos se han caracterizado por lo siguiente: capacidad y disposición para unir y aglutinar voluntades, acciones y esfuerzos; apertura, inclusividad y buena disposición para el diálogo; visión del cuadro más amplio social y económico; proyección, reconocimiento, verticalidad e integridad; y experiencia con buena administración».

Por su parte, Morales explicó que «como instituciones de cuidados prolongados alrededor de la Isla tenemos unos 33,000 adultos mayores bajo nuestras instituciones».

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Creemos que somos un servicio esencial. Así que, necesitamos que haya una continuidad con la Ley 121 (Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores)», indicó.

Ante preguntas de NotiCel, Morales dijo que van tras “una implementación en todo el gobierno”.

“No solamente en el Departamento de Salud y en el de la Familia; porque entendemos que la población de los adultos mayores ha ido en crecimiento así que, todo el gobierno debe involucrarse con los adultos mayores”, añadió.