“Las acciones contra el pueblo tienen que tener consecuencias”, dijo el candidato del PIP.

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Alianza, Juan Dalmau Ramírez propuso ayer lo que llamó un plan de transformación gubernamental en el cual avala la creación del “Panel de Justicia y Verdad”.

El ente estaría encargado de examinar la conducta de los responsables de la deuda y la quiebra del gobierno “con el fin de, no solo de adjudicar responsabilidades donde recaigan, sino para no cometer los errores del pasado”.

El origen de la deuda de Puerto Rico proviene de una crisis económica iniciada en el año 2000. El estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado no le permitió al país acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense.

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La idea de que la deuda fuera auditada no es nueva y varios grupos de interés la impulsaron hasta que finalmente se acordó en el tribunal el Plan de Ajuste de la Deuda.

“Los platos que otros rompieron pretenden que los arreglen quienes no los rompimos”, expresó Dalmau Ramírez.

El aspirante a gobernador enfatizó que el pueblo «tiene el derecho a saber cómo llegamos a donde estamos» dado que su propuesta aspira dar a conocer quienes incurrieron en actos ilegales que produjeron la quiebra gubernamental actual.

Cuando la prensa le cuestionó cómo exactamente propone definir qué actos que llevaron al país a la quiebra pueden ser considerados ilegales, Dalmau respondió que en propio tribunal federal concluyó que más de $2,500 millones de la deuda es «ilegal».

«Aquí hay tres grandes ladrones que son los responsables de la quiebra del país. Número uno, los gobiernos de turno que hacían representación falsas de la cantidad de recaudo económico que tendría el Gobierno de Puerto Rico. Número dos, las casas acreditadoras que le hacían al gobierno ‘wink wink (refiriéndose al gesto de guiñar un ojo) yo te creo que tú tienes esa capacidad de recaudo, entonces acredito que puedes emitir los bonos’ sabiendo que no la tenían. Los terceros, las casas de corretaje; que sabían que iban a cobrar aunque eso fuera el precio de desmantelar el país».

Del mismo modo, respecto al tema de la Junta de Supervisión Fiscal, el candidato independentista expresó que «no es un problema jurídico; es un problema político» por lo que propone que se adopte como un proyecto de país el acudir múltisectorialmente a exigirle al Congreso de los Estados Unidos la eliminación de la Junta de Control Fiscal.

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«No puedo pensar que un estadista este contento con la imposición antidemocrática de una Junta de Control Fiscal a base del coloniaje que dicen combatir. No puedo pensar que haya miembros del Partido Popular que crean que la Junta de Control Fiscal es un ente democrático dentro del estatus que ellos dicen defender», añadió el candidato.

Asimismo, explicó que la convocatoria va dirigida igualmente a los sectores comerciales, industriales, educativos y de salud para enfrentar la Junta en todos los foros donde sea efectivo.