El presidente venezolano reiteró que los detenidos forman parte de un golpe de Estado en su contra.

CARACAS — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves encerrar en dos cárceles de máxima seguridad a los más de 1,200 detenidos que, según la Fiscalía, han dejado las protestas en contra del resultado electoral del domingo, que lo ratificó como ganador, lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

«Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas en 15 días, ya estaban preparándose (Tocorón y Tocuyito), y todos los guarimberos (manifestantes violentos) van para» estos penales, aseguró el mandatario durante una reunión con empresarios, en la que reiteró que los detenidos forman parte de un golpe de Estado en su contra.

Por ello, prosiguió, decidió acondicionar estas dos prisiones, que ya existían en los estados norteños Aragua y Carabobo, «para todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (como llama el chavismo a las protestas antigubernamentales) y en el ataque criminal».

«No va a haber perdón ni contemplación», remarcó el líder chavista, recordando que el Estado actuará «en el marco de la Constitución y de las leyes».

Vamos a «hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertirlas en granjas productivas, que (los presos) lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época», señaló, en alusión a la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958), que puso en marcha un plan de trabajo para los privados de libertad.

El Gobierno cree que las manifestaciones registradas en varias regiones del país -saldadas con 11 muertos, según ONG- están impulsadas por la oposición mayoritaria, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen y publicó actas electorales que, según el antichavismo, demuestran su reivindicación.

Entretanto, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados completos, violando la normativa establecida, lo que ha incentivado los pedidos de transparencia dentro y fuera del país.