El ente fiscal está esperando que los poderes constitucionales lleguen a acuerdos antes de que ellos entren unilateralmente a decidir la controversia por el aumento de salario a los jueces.

A pesar de que inicialmente dieron a entender que esperarían por la decisión de los tribunales sobre el mecanismo para poner en vigor el aumento de salario a los jueces, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ahora no se muestra convencida por esa decisión y espera a que la Legislatura y el Judicial puedan resolver entre ellos el impasse que protagonizan por este aumento.

El director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, aseguró el miércoles estar listo para pedir a la Junta una determinación que ponga fin a la discusión, pero argumentó que prefiere dar espacio a que ocurran las “conversaciones constitucionales” y que se llegue a un acuerdo.

La postura de Mujica supone que el ente fiscal no cree que la controversia se acabó cuando un juez del apelativo y la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña (AJP) obtuvieron una sentencia en la que un juez superior concluyó que no la resolución del presupuesto para este año era la “ley especial” que a Constitución del Estado Libre Asociado dice que hay que aprobar para asignar salarios a los jueces.

El Supremo sostuvo la sentencia del juez superior Anthony Cuevas Ramos de manera indirecta cuando desestimó la apelación que hizo la Cámara de Representantes, pero nunca entraron en los méritos de si la resolución de presupuesto era suficiente para poner en vigor el aumento. El 13 de febrero pasado, el Alto Foro denegó una segunda reconsideración que sometió la Cámara, lo que es la última oportunidad para alterar el dictamen.

Mujica dijo que todavía están estudiando la sentencia del 17 de noviembre pasado. En la sentencia, el juez dispuso que la resolución de presupuesto, que solo tiene vigencia por un año, es la “ley especial” que hacía falta para poner en vigor el aumento y que, después de que los aumentos estén en vigor, no se podrían recortar en un presupuesto futuro porque la Constitución prohíbe que se le reduzca la compensación a los jueces.

Pero Mujica no lo ve tan claro. “Hay mucho en esa sentencia… hay complicaciones porque hay un compromiso de fondos continuo que hay que hacer. Esos fondos (del aumento) tienen que estar ahí cada año, recurrente”, comentó.

A la vez que el director ejecutivo de la Junta contestaba preguntas sobre esto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, expresó que el borrador de presupuesto del próximo año no incluye la partida para el aumento de los jueces porque no hay una ley que lo ordene.

“Yo con el mayor respeto a los jueces, yo creo que la decisión que se tomó no va a tono con el proceso legislativo, y mucho menos la definición de qué es una resolución y una ley… Yo sigo insistiendo que, dentro del proceso legislativo yo no puedo incluir una partida de algo que no existe, que es una ley, y el borrador del presupuesto de la Junta no los incluye… No está incluido”, expuso en NotiUno.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria que la Junta envió el 27 de febrero contiene una partida de $12.3 millones para cubrir aumentos a los jueces y en el Departamento de Justicia.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia sometió un proyecto de administración para que el aumento a los jueces ocurra mediante un cambio en la ley especial que designa estos salarios. Es el segundo intento por conseguir un mecanismo legislativo para este propósito y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, se ha opuesto a ambos porque entiende que junto con el aumento a jueces debe discutirse aumento al gobernador y a los legisladores. Además, dispuso que la discusión del aumento ocurriría después de las primarias del 2 de junio. De las dos cámaras legislativas, la que preside Hernández Montañez es la que más consecutivamente ha aprobado proyectos alineados a las intenciones del ente fiscal.

La Junta espera que esto se resuelva antes de la recta final de la aprobación del presupuesto el 30 de junio para que esa disputa “no sea un obstáculo” en el trámite presupuestario. “Esto es una disputa entre la Rama Judicial y la Rama Legislativa. Hay asuntos serios entre ellos. Estamos tratando de dar espacio para que las partes lleguen a un acuerdo”, añadió.

La JSF ya aprobó el dinero correspondiente al aumento y las cantidades de incremento en el salario de cada tipo de juez y el presupuesto del año en curso tiene esa partida incluida. Pero la disposición constitucional requiriendo una ley especial ha sido el tranque.

La Judicatura intentó conseguir el aumento en 2019 mediante una comitiva de jueces de distintos niveles, incluyendo el Supremo, que visitó el Senado para gestiones de cabildeo, pero desistió tras el repudio público que causó esta acción. El juez Cuevas Ramos integró esa comitiva.

Los aumento que la Junta aprobó son de 24% en el salario de la jueza presidente para llevarlo a $154,556; 20% en los jueces asociados para llevarlo a $144,480; 24% en los jueces apelativos para llevarlo a $130,579; 32% en los jueces superiores para llevarlo a $118,133 y 32% en los jueces municipales para llevarlo a $91,764.

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