Tribunal apenas recibió la posición del gobierno sobre por qué se le debe permitir que siga la campaña publicitaria “Haciendo que las cosas pasen”.

La demanda que sometió el Partido Popular Democrático (PPD) para impugnar el uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen” en varias campañas de publicidad del gobierno no parece que tendrá resolución antes de que entre en vigor la veda electoral de publicidad gubernamental el 1 de enero próximo.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos recibió el martes la posición de los demandados, el gobernador y los secretarios de Transportación y Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Comercio, y le dio espacio al PPD para que replique a la misma. Ese partido sometió una demanda enmendada el 8 de diciembre después de que se celebrara una vista argumentativa el 28 de noviembre pasado.

Cuando comience la veda electoral el 1 de enero, la controversia caerá en una situación particular. Probablemente siga vigente en el tribunal pero, a la vez, se activará la jurisdicción de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para aprobar todo anuncio gubernamental de manera que no se usen fondos públicos para propósitos político partidistas. Sin embargo, ya esa oficina dijo que la campaña no es de índole político partidista y los demandados urgieron al juez en sus escritos que aplique el mismo razonamiento de la OCE para permitir que la campaña siga corriendo.

Los argumentos de la demanda enmendada y de las mociones sometidas el martes, así como los esgrimidos en la vista, no han variado notablemente.

El PPD plantea que los anuncios solo tienen el propósito de “realzar y promover las aspiraciones políticas de reelección de (Pedro) Pierluisi Urrutia como Gobernador en las próximas elecciones generales” y que el uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen” es “para contrarrestar las críticas a su falta de obra, incluyendo las más recientes hechas por su adversaria primarista, Jennifer A. González Colón”.

De hecho, el PPD dice que la frase fue usada en la campaña de Pierluisi Urrutia de 2020 y apuntan a, precisamente, un anuncio de este con su entonces compañera de papeleta en la elección a la comisaría residente en la que el funcionario dice “voy a hacer que las cosas pasen”.

El partido calcula que, en seis meses, la campaña incurrió en gasto de fondos públicos de al menos $3 millones. Los anuncios siguen corriendo mientras la demanda está pendiente y parte de los remedios que se piden al tribunal es que se detenga la campaña y que los jefes de agencia reembolsen los gastos.

En moción de desestimación, el Departamento de Justicia dijo en nombre del gobernador y los secretarios que esa frase en un solo anuncio, de por sí, no establece que “haciendo que las cosas pasen” es un estribillo político. “Nótese que ‘Voy a hacer que las cosas pasen’ es una frase distinta a la aquí en controversia”, resaltaron al tribunal.

Justicia colocó el origen de la frase en el Mensaje de Situación de Estado que el gobernador pronunció este año. La frase no solo se ha usado en publicidad del gobierno, sino también en la del Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside el gobernador.

“En el fondo, la frase ‘Haciendo que las cosas pasen” es una expresión fuera de líneas político-partidistas que sirve para motivar a que tanto los servidores públicos, así como empleados y organizaciones privadas, se concentren en provocar que pasen cosas positivas en distintas áreas de nuestra vida como sociedad”, dijo el gobierno.

El PPD recordó que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo ordenando la paralización de campañas gubernamentales por tener fines político partidista, como ocurrió en 1995 contra el exgobernador Pedro Rosselló González. “El Secretario de Justicia que permitió el mal gasto de 70 millones del erario perteneciente a todos los contribuyentes, era Pedro Pierluisi Urrutia”, recordaron al apuntarle al tribunal que ya la Contralora Yesmín Valdivieso emitió expresiones concluyendo que la frase en disputa es político partidista. A pesar de las expresiones, esa funcionaria se declaró sin jurisdicción por la injerencia de la OCE en el tema.

Justicia ripostó que el Supremo no prohibió toda expresión publicitaria del gobierno y que reconoció que pueden haber usos apropiados de la misma que no constituyan erogación ilegal de fondos públicos. En el caso de la campaña actual dicen que “existe un fin público pues beneficia el interés público el que la ciudadanía este adecuadamente informada, lo cual permite la evaluación adecuada de la función pública y contribuye a una participación ciudadana en los procesos gubernamentales”.

Surge del expediente que el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, comparece en el caso por separado con su propio abogado, aunque Justicia también comparece en nombre suyo. La comparecencia separada de Cidre Miranda repite los mismos argumentos legales de Justicia sobre por qué debe desestimarse la demanda.

“[E]l anuncio de información pública por el gobierno puede tener un efecto incidental que favorezca políticamente al gobierno de turno. Esto no es difícil de explicar. Si una administración está teniendo un impacto positivo sobre los asuntos que afectan a la ciudadanía, la opinión en la ciudadanía de esa administración va a ser positiva”, aportó en su escrito en nombre del secretario el licenciado Francisco González Magaz. Este es también abogado, en otros pleitos, del PNP.

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