4 de agosto de 2022 - Arresto federal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien enfrenta siete cargos por soborno y a una pena de hasta 20 años de cárcel por participar de un esquema con otras cuatro personas para financiar su campaña política a la reelección a la gobernación en el 2020. El Fiscal Federal W. Stephen Muldrow detalló en conferencia de prensa que la también exsecretaria de Justicia formó parte del esquema de soborno junto con el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, el consultor político John Stanley Blakeman Ortiz, la expresidenta de Bancrédito International Bank & Trust, Frances Diaz Fossé y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en Inglés), Mark Rossini. Según la acusación, Vázquez Garced aceptó en febrero del 2020 destituir al comisionado George Richard Joyner Kelly para sustituirlo por el candidato preferido, de Herrera Velutini, Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido consultor de Bancrédito. Ello, a cambio del pago de $300,000 a consultores políticos para la campaña política para la primaria novoprogresista. En la foto, fiscal Ryan Crosswell.
El Departamento de Justicia federal notificó ayer que sometió al juez federal Raúl Arias Marxuach la evidencia marcada secreta por seguridad nacional en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossinni.
Por la naturaleza del proceso bajo la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés), el expediente público del caso no contiene ningún detalle más allá de la notificación que hizo el fiscal Ryan R. Crosswell y la información se le entrega directamente al juez en su despacho y bajo sello.
La activación de la CIPA implica que la información está marcada sensitiva o secreta bajo el sistema de clasificación de documentos del gobierno federal y denota que la misma incide sobre asuntos de seguridad nacional. El expediente del caso no contiene atisbo de qué tipo de evidencia puede ser, pero se sabe que las actividades financieras del acusado Herrera Velutini puede activar jurisdicción de leyes que implican seguridad nacional.
Los acusados no tienen acceso a los documentos porque, precisamente, lo que ahora tiene que hacer el juez es evaluar si a los acusados se les van a entregar los documentos suprimiéndole algunas partes específicas, o sustituir el documento con un resumen o sustituir el documento con una admisión de los hechos relevantes que el documento tendería a probar.
Arias Marxuach podría determinar que la única forma de proteger los derechos de los acusados sería darle acceso al documento total. Y en ese caso la fiscalía tendría que decidir si pide la revisión del Tribuna de Apelaciones, si la entrega o si desestima aquella parte de la acusación que sea pertinente al documento, de manera tal que no tengan que revelar el documento. Todo este proceso ocurre en secreto y discurre solo entre el juez y el gobierno.
No se espera que el caso se mueva a fase de juicio este año. La fiscalía ha entregado varios paquetes de evidencia a los acusados, incluyendo 24 grabaciones de audio e información extraída de los teléfonos celulares, pero la defensa se ha quejado al tribunal de que la evidencia voluminosa está desorganizada.
El pliego acusatorio alega que los acusados se involucraron en un esquema de soborno para apoyar la campaña primarista de la exgobernadora a cambio de que ésta destituyera al Comisionado de Instituciones Financieras y terminara una investigación del banco de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust. Cuando ganó la elección el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Herrera Velutini también intentó sin éxito sobornarlo para mantener control sobre la dependencia gubernamental.
Hay dos posibles testigos que ya hicieron alegación de culpa: el exconsultor de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz, y la expresidenta de Bancrédito, Frances Diaz Fossé.
Vea:
Documentos clasificados abren ruta fuera de lo común en caso Wanda Vázquez
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