Cuestionado por las quejas de vecinos de Río Piedras por la compra de varios edificios en el sector y el alza de alquileres a estudiantes, el gobernador declaró que «el dueño de una propiedad tiene derecho de venderla y el que la compra de usarla».

El gobernador Pedro R. Pierliuisi Urrutia se refirió hoy a los reclamos de vecinos de Río Piedras por la llegada de inversionistas al sector que han comprado varios edificios y subido los alquileres a los estudiantes, afirmando que «hay que respetar la propiedad privada».

Cuestionado en torno a lo que está sucediendo en el casco antiguo de Río Piedras con la adquisición de varios edificios por parte de inversionistas, el primer ejecutivo del país se limitó a responder que «son propiedades privadas y el gobierno tiene que respetar la propiedad privada, la Constitución lo exige».

Sin embargo, reconoció que «es importante» propiciar viviendas para los estudiantes.

Al respecto, expresó que «los alcaldes y alcaldesas, usando los fondos, los $1,000 millones que hemos dado bajo el programa de revitalización de los cascos urbanos, pueden incentivar o llevar a cabo la construcción de vivienda de ese tipo, para estudiantes, cerca de donde están los recintos de las universidades por todo Puerto Rico».

Ante las quejas de los vecinos por lo que está ocurriendo en su barrio, el mandatario insistió en que «aquí en Puerto Rico hay una Constitución aque exige que se respete la propiedad privada. El dueño de una propiedad tiene derecho de venderla y el que la compra también de usarla, siempre y cuando sea conforme a la ley y los reglamentos aplicables».

Ayer, el residente de Río Piedras Elliott Lassy Lugo indicó, durante conferencia de prensa ofrecida en el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que teme ser desplazado de su hogar, nuevamente, tras la llegada de inversionistas a la comunidad.

Como parte de la conferencia, Lassy Lugo señaló que, anteriormente, fue desplazado de su apartamento en Santurce, debido a inversionistas cobijados por la Ley 22.

Actualmente, enfrenta dificultades tras la compra del condominio La Torre en el que reside en Río Piedras.

“Yo no quiero pasar esa experiencia otra vez, de ser desplazado de mi hogar por inversionistas de afuera”, compartió el residente.

La Ley 22, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advienen residentes de Puerto Rico. La ley establecía que concederían estas exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.

El nuevo dueño del condominio La Torre es Thomas Axon, quien representa a Fortaleza Equity Partners 2.

Según Lassy Lugo, ya la gerencia comunicó que las rentas aumentarán, y los precios pueden ascender a $1,000 mensuales. Asimismo, los aumentos serán de $100 a $300, y el precio final no incluye agua ni luz.

De igual manera, en Río Piedras hay ocho propiedades adicionales que han sido compradas por Puerto Rico Flips, cuya presidenta es Kira Golden.

La adquisición de estas propiedades dificulta el panorama para los residentes riopedrenses y para los estudiantes, que se quedan sin vivienda accesible durante sus años de estudio en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPR-RP).

La Ley 22 conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, consolidó decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la Ley 20 de 2012 y la Ley 22 de 2012.

Según Microjuris, el objetivo de la consolidación en una misma ley era “promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico”.

“Aquí culturas y ciudades enteras se van. Esto no es solo un desplazamiento, sino una forma de violencia. Tenemos que verlo como violencia racista y clasista, ya que parte de su inversión es desplazar a gente pobre”, puntualizó Lassy Lugo.