Pese a que aún resta la reunión de hoy de la junta de directores de la AEE, es un hecho que el acuerdo suplementario seguirá en pie, pero tras la decisión de la AAPP, el caso llegaría a los tribunales.

¿Será una extensión del contrato suplementario con una fecha fija para su futura modificación? ¿O el acuerdo temporero permanecerá vigente hasta que la AEE salga de la quiebra? ¿Terminará en tribunales la disputa por definir qué pacto será el que rija a la privatizadora? ¿Qué papel cumplieron los representantes del interés público en la votación final de la junta de directores de la AAPP?

Esta y otras preguntas serán respondidas hoy, en una conferencia de prensa que tendrá lugar alrededor de las 11am. Será entonces cuando el gobierno se manifieste finalmente -en la fecha límite del 30 de noviembre- sobre el porvenir del consorcio que, tras aprobarse el contrato suplementario ayer por parte de la AAPP, seguirá a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país.

LUMA Energy, en más de un año de gestión, ha soportado protestas por los continuos apagones y las sistemáticas alzas de tarifa, así como la casi detención de su presidente Wayne Stensby y un huracán categoría 1, Fiona, que dejó a Puerto Rico entero sin electricidad.

El consorcio también ha tenido que lidiar con una “probatoria” establecida por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que hasta el momento parece más una reprimenda verbal que otra cosa, lo mismo que la exigencia del mandatario de la salida de la alta gerencia de la empresa, lo que a meses de la petición aún no ocurre.

Este es el escenario con el que se llegó a la fecha límite de hoy, establecida en el pacto establecido por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y LUMA Energy.

Lo que ya está claro, es que no se dará paso al contrato definitivo a 15 años para la compañía y sí la extensión del suplementario, que puede exhibir distintas variantes, cuyos detalles se conocerán hoy.

También está clara la posición de las organizaciones cívicas, sociales, políticas, religiosas y sindicales, que han anticipado que las manifestaciones contra LUMA Energy continuarán. La última fue ayer, martes, nuevamente en el Viejo San Juan y frente a La Fortaleza.

Mientras eso ocurría, la junta de directores de la AAPP mantenía una reunión clave en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, en la que los dos representantes del interés público (y, a la vez, de la Cámara y Senado) fueron los protagonistas.

Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes se han mostrado “decepcionados” con la labor de la privatizadora, se abstuvieron en la votación que contó con los otros tres votos a favor de la propuesta. Alegaron, entre otras cosas, que no contaron con la documentación para evaluar las opciones y que se enteraron por la prensa de que ya la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado la extensión del contrato.

Para ellos, era necesario su voto a favor (basados en la ley 120 de 2018); para la AAPP y el gobernador, solo se necesitaba una mayoría simple de los cinco miembros de la junta directiva (Ley 29 de 2009), lo que en definitiva, sucedió.

Ahora, habrá que ver la acción que tomen los presidentes de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quienes ya han advertido que podrían acudir a tribunales y llevaban días implicando la confusa estrategia que requirió de una reunión para un consenso con el Gobernador, quien insistía en convencerles de su posición.

Dalmau Santiago dijo ayer que «la extensión del contrato de LUMA ignoró las disposiciones de la Ley 120 del 2018, que exige un voto unánime de todos los miembros de la junta de la AAPP, que incluye a los dos representantes del interés público».

“El gobernador Pedro Pierluisi demostró hoy dónde están sus verdaderas lealtades al otorgarle una extensión injustificada a la empresa LUMA. Peor aún, el gobernador ignoró a los representantes del interés público mientras favorece a los intereses privados. Llama la atención que, a través de la extensión del contrato, no se le requirieron nuevas métricas ni exigencias de cumplimiento a esta empresa, por lo que se actuó de forma contraria a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Al ignorar y atropellar a los representantes del interés público, el gobernador demuestra que su diálogo de ayer con los presidentes de los cuerpos fue un acto deshonesto. Por ello, la Asamblea Legislativa utilizará todos sus poderes constitucionales para salvaguardar los intereses del pueblo de Puerto Rico, fiscalizar a LUMA y evitar nuevos aumentos en las tarifas”, declaró.

Pedirán la anulación de la votación

Por su parte, Hernández Montañez adelantó ayer que su cuerpo apoyará cualquier gestión que lleven a cabo los representantes del interés público para que se anule la votación que se llevó a cabo en el seno de la Junta de Directores de la AAPP.

»Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP. Específicamente, la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se ‘deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE’», recordó el presidente cameral, quien agradeció el trabajo de ambos servidores, quienes »agotaron todos los remedios a su alcance».

»Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico. Asimismo, ya agotando todos los procesos administrativos en la AAPP, la Cámara apoyará a los representantes del interés público, quienes tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018”, destacó.

Por ahora, la suerte del contrato parece estar echada, incluso para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que ayer, en declaraciones escritas, dio su bendición al contrato: “El sistema energético de Puerto Rico tiene que cambiar. Puerto Rico necesita y merece una red y proveedores de electricidad modernos y fiables. El antiguo monopolio de la AEE condujo a un callejón sin salida. La transición definida en el plan discal se basa en la responsabilidad. El pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las centrales eléctricas, y está facultado para exigirles rendición de cuentas a los operadores privados. Extender el Acuerdo Suplementario forma parte de ese importante proceso”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel.

Ya a pocas horas de que expire el acuerdo y, por tanto, el contrato, aún hoy se debe estar celebrando otra reunión relevante: la de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que también tiene que dar su aval a las condiciones que seguirán en vigor.

Una vez se cumpla este paso, será el gobernador quien, tarde o temprano hoy, dé a conocer los detalles de la decisión final de un proceso a contrarreloj del que ya se conocerán los entresijos.

Vea:

AAPP tomó decisión de extender contrato suplementario de LUMA

A los tribunales a tratar de anular aprobación de la AAPP a extensión de contrato a LUMA

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JSF aprueba extensión de contrato suplementario de LUMA