Las acciones del municipio de Aguadilla sobre las quejas de vecinos del recaudador por las fiestas en su mansión no han sido notificadas a la fiscalía federal.

Las condiciones de fianza en las que se ha mantenido el exrecaudador popular, Anaudi Hernández Pérez, no se han afectado con las acciones oficiales que se han tomado por el uso indebido de su mansión para fiestas y actividades no contempladas en su permiso de uso.

Esta semana, en una conferencia de status en el caso federal de corrupción que todavía está vivo y que encabeza Hernández Pérez, el fiscal federal Timothy Henwood indicó al juez Pedro Delgado Hernández que no se ha tomado ninguna acción oficial o se ha recibido ninguna notificación de una agencia pública relacionada con las condiciones de libertad supervisada de su testigo estrella.

El abogado del exrecaudador, el exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares, dijo al juez también que los informes de prensa sobre acciones del municipio de Aguadilla relacionadas a la mansión localizada en Playuela, cerca de la playa Crash Boat, no han sido notificadas formalmente a su cliente ni han resultado en violaciones a su libertad supervisada.

El juez concedió 60 días para que se le informe de cualquier desarrollo y mantuvo a Hernández Pérez bajo las mismas condiciones de libertad en las que está en 2016, cuando se declaró culpable por el esquema de obtención de contratos públicos a cambio de favores a funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Cámara de Representantes y en la Administración de Desarrollo Laboral.

El 25 de mayo pasado, el municipio de Aguadilla emitió una orden de cese y desista contra Hernández Pérez que le prohíbe realizar actividades en la mansión que la fiscalía federal le permitió retener cuando se declaró culpable y que el hombre mercadea bajo el nombre de Casa Herdz para vacaciones de lujo. Sobre la residencia hay también una querella en agencias ambientales locales y federales por descarga ilegal de aguas negras en el mar.

Desde 2016, Hernández Pérez todavía no ha sido sentenciado ya que se mantiene latente la posibilidad de que la fiscalía federal lo presente como testigo otra vez en el tribunal. Específicamente, porque uno de los nueve coacusados, Glenn O. Rivera Pizarro, mantiene viva discusiones con la fiscalía que son previas a una sentencia y apelación. Mientras las discusiones no terminen, el testimonio de Hernández Pérez sería necesario si Rivera Pizarro apela y se ordena un nuevo juicio.

Las partes deben informar al juez del progreso de las negociaciones para el 25 de agosto.

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