El caso del representante Néstor Alonso trajo a la atención pública esa posibilidad.

El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, fue encontrado culpable ayer en el foro federal de nueve cargos entre los que se encuentran robo y soborno con fondos federales. Sin embargo, durante el juicio en su contra, el testimonio de uno de los testigos que aseguró que el exlegislador mantenía relaciones sexuales en su oficina legislativa, acaparó la atención del país.

El exayudante especial de Alonso Vega, Alexis Torres, relató en sala que el exlegislador mantenía relaciones sexuales con «varias mujeres» en su oficina en el Capitolio. Dijo también que los actos eran escuchados por todos los demás empleados de la oficina.

Las escandalosas declaraciones generaron reacciones en diferentes frentes, pero aunque el senador del PNP, Thomas Rivera Schatz, sostiene que esos actos violan los reglamentos éticos de la Asamblea Legislativa, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) alega que no existe una ley que prohíba tener relaciones sexuales en dependencias gubernamentales.

Según detalló Luis A. Pérez Vargas, director de la Oficina de la OEG en entrevista con ‘El Push de la Mañana’, la ley vigente se centra en condenar una relación sexual no consetida, o lo mismo que una violación, pero no aborda relaciones sexuales consentidas.

«Ahí entra lo que no se legisla. No se encuentra una ley que prohíba eso, pero cualquier servidor público con dos dedos de frente puede entender que un edificio público o una dependencia pública no es para ese tipo de actividad», declaró el funcionario sobre el caso.

Dijo también que la Oficina de Ética no puede entrar o investigar contra los miembros de la Asamblea Legislativa, por lo que cualquier asunto que llegue a su atención, lo refieren a la Comisión de Ética de la cámara correspondiente. Según explicó, un asunto como el señalado contra Alonso Vega, ante la falta de legislación, requeriría plantear el hecho de haber utilizado un bien público para un fin no público.

«La ley no nos permite entrar contra los miembros de la Rama Legislativa, por eso es que la Oficina, cuando tiene tiene algún asunto administrativo de un legislador, lo refiere ante las Comisión de Ética, ya sea de Cámara o Senado, pero si entra un asunto penal, como fue el caso de la senadora Maritere … colaboramos ya sea con entidades federales o estatales», señaló también.

Rivera Schatz, por su parte y de manera independiente, planteó que le correspondería a las partes denunciar los hechos.

La sentencia contra el exlegislador quedo pautada para el mes de octubre.

Mira las declaraciones de ambos funcionarios a continuación: