El primer director de la Autoridad de Energía Eléctrica tras la declaración de quiebra, y que estuvo cuatro meses en el cargo, pone su reclamación por salario que nunca le pagaron.

El exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins, quien entró a la corporación pública poco después de que la misma radicara quiebra y quien se vio involucrado en un escándalo público por su salario, sometió una reclamación ante el Tribunal de Quiebras para que le paguen $750,000 que le deben por concepto de salario.

La reclamación presenta detalles de cómo le proceso político dicta los movimientos en la corporación pública aún después de los esfuerzos de «profesionalización» de los cuales fue parte también la propia contratación de Higgins como resultado de un proceso de búsqueda de talento en Estados Unidos.

Residente de Nevada y con experiencia en la industria energética, Higgins llegó a la AEE el 8 de marzo de 2018 con el entendido de que su salario serían $900,000, una cantidad que ya el ejecutivo consideraba un descuento significativo en comparación con posiciones comparables en la industria. Ocupó el cargo hasta julio de 2018.

Desde el principio, a Higgins se le dijo que un salario de $900,000 no sería bien visto a nivel político, por lo que la entonces Junta de Gobierno, presidida por Ernesto Sgroi, sugirió que la AEE se comprometiera a una compensación total de $900,000 pero dividiéndolo entre un salario base de $450,000 y otros $450,000 como bonificación por desempeño. Higgins lo aceptó «por consideraciones políticas», pero asegurando que la Junta estableciera que los $900,000 se los tenían que pagar aunque el acuerdo se terminara antes del primer año.

Aunque se supone que la AEE fuera autónoma, tanto por su naturaleza como corporación pública como por el anunciado plan de «despolitizarla» y hacerla más profesional, el borrador sobre el que Higgins y la Junta concretaron el acuerdo tiene una divulgación revelatoria. Bajo el encabezado de «relación de supervisión», Higgins dice que «entiendo que la Junta de Gobierno es mi ‘jefe’ pero también reconozco que el Gobernador de Puerto Rico es el principal ejecutivo del Estado Libre Asociado y tiene autoridad máxima sobre mis actividades y las de la AEE».

«Poco después (de mayo de 2018), el Sr. Higgins se convirtió en rehén de la clase política de Puerto Rico», dice la reclamación que el exdirector sometió ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain. Fue en ese período que se tornó más álgida la discusión pública sobre el «salario» de $450,000 de Higgins y su «bonificación», incluyendo que legisladores y el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, plantearon que no se pagaría dicha «bonificación» porque lo prohibía la ley.

Higgins dijo a la jueza que, hasta el momento de la presentación de la reclamación, ha intentado sin éxito que la AEE le pague los $750,000 que quedan del salario de $900,000 anual después de restarle lo que le pagaron por cuatro meses de servicio.

Tras la salida de Higgins, el entonces miembro de la Junta, y parte del comité que contrató a Higgins, Rafael Díaz Granados, se convirtió en director ejecutivo. Duró en el cargo menos de 24 horas por el furor público causado cuando se conoció que su salario serían $750,000 anuales y cuando el ejecutivo lo defendió indicando que significaba un «sacrificio» para él.

En abril de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de $2,000 a Higgins por no cumplir con el requisito de radicación de informes financieros correspondientes al tiempo que estuvo en la AEE.