La Junta de Supervisión Fiscal avisó al gobierno que no han demostrado cómo van a recuperar los ingresos que se dejen de recibir por la suspensión temporera del impuesto.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avisó al gobierno que no puede poner en vigor una carta circular del Departamento de Hacienda (DH) que exime del cobro del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) a ciertos artículos de cara al inicio de la temporada de huracanes y que está sustentada con la Ley 20 que el Gobernador firmó el 6 de mayo pasado.

Para el ente fiscal, tanto la Ley 20 como el borrador de carta circular de Hacienda son inconsistente con el Plan Fiscal porque son medidas que reducen recaudo sin identificar de dónde va a salir el dinero para sustituir esa reducción, por ende, no son «fiscalmente neutrales».

El aviso ocurrió ayer, martes, y Hacienda dijo hoy, sin hacer alusión a la comunicación, que estaba posponiendo la venta especial sin IVU para el fin de semana del 17 de junio «atendiendo el pedido de los comerciantes de contar con más tiempo para ofrecer un inventario más amplio en artículos y equipos relacionados a la temporada de huracanes».

La Junta le recordó al gobierno que la jueza Laura Taylor Swain, que supervisa los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico, ya ha sustentado el poder de ese ente para invalidar medidas que no sean «fiscalmente neutrales». Le dijeron al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, que estaban «disponibles para trabajar con usted para crear una venta especial que cumpla con el fisco», pero que, como está ahora, la venta especial sin IVU «no puede ser implementada».

El Gobierno le había dicho a la Junta que la venta especial implicaría una reducción de $7 millones en recaudos y, a la vez, que esto no era «significativamente inconsistente con el Plan Fiscal».

Los artículos cubiertos en la venta del fin de semana sin IVU incluyen: envases, tanques y cisternas para combustible y agua; tormenteras; herrajes, anclaje y tornillería; madera en palos y paneles no tratados; sogas y amarres; paneles de zinc; alimentos no perecederos; agua, artículos de limpieza e higienización y piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia.

En cuanto a equipos, abarca: generadores portátiles cuyo precio no exceda los 3,000 dólares; baterías individuales o paquetes; lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos; equipo solar de emergencia; herramientas como taladros, sierras y martillos; estufas y hornillas de gas; gas en cilindros y tanques; escaleras; contraventanas para huracanes; hachas y machetes; abridores de lata no electrónicos; neveras portátiles; extintores de incendio; detectores de humo o de monóxido de carbono operados con baterías; botiquines de primeros auxilios; artículos reusables o artificiales de congelación; baterías de teléfonos y cargadores de móviles; radios portátiles; abanicos operados con baterías o energía alternativa y lonas u otro material flexible.

También, ese fin de semana se pueden hacer transacciones sin IVU bajo planes de pago o ‘lay away’, con vales o ‘rain checks’, compras por correspondencia, teléfono, correo electrónico o internet y certificados y tarjetas de regalo, siempre y cuando el pago final sea efectuado durante los tres días de exención.

«Estamos confiados que ante el espectro positivo en que se encuentran los recaudos, estas ventas sin IVU no serán inconsistentes con la Ley PROMESA. Es nuestra responsabilidad atender cualquier pregunta o solicitud de información de la Junta de Supervisión Fiscal sobre este tema. También es la determinación del gobernador agotar todos los remedios para implementar esta medida”, dijo Parés Alicea.

El Departamento de Hacienda ha tomado medidas de cumplimiento que permiten identificar los fondos para dar paso a este alivio a los ciudadanos. Por tratarse de una cantidad que no es inconsistente con el plan fiscal y en cumplimiento con el principio de neutralidad fiscal requerido en dicho plan, no vemos razones para que la Junta impida que se implemente la misma y así se lo aclararemos a este organismo. Entendemos que no representará un problema mayor poder honrar esta exención cuyo costo podría alcanzar la cantidad de $7 millones.

El gobernador está comprometido con que este alivio al bolsillo de la gente sea una realidad. De igual forma, con la posposición de fecha recientemente atendimos la preocupación de los comerciantes que entendían que no estarían listos con los cambios de programación de sus sistemas y disponibilidad de inventario y solicitaron la posposición por escrito.