Ya hay municipios que han dado contratos a una entidad que fue vinculada en el tribunal con el convicto codueño de J. R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos.

El pleito que atiene el Tribunal de Primera Instancia para la disolución de la empresa J. R. Asphalt, Inc. expuso el supuesto esquema que ideó el codueño de la misma, Raymond Rodríguez Santos, para seguir prestando servicios gubernamentales aún después de declarare culpable a nivel federal por actos de corrupción.

Las imputaciones las presentó en una moción el miércoles el codueño de la empresa, Mario Villegas Vargas. Los exsocios se encuentran colocado en lados opuestos en la estela de acusaciones federales por corrupción en, hasta ahora, cinco municipios. En un lado está Rodríguez Santos quien, igual que el dueño de Waste Collection, Corp., Oscar Santamaría Torres, se benefició de cooperar temprano con las autoridades y realizar pagos y grabaciones encubiertas que ahora son evidencia contra exfuncionarios municipales y exalcaldes. Por otro lado, está Villegas Vargas, quien está en espera de juicio tras ser acusado por un gran jurado.

Además de los casos en la esfera federal, los exsocios están enfrentados también en un proceso que inició Villegas Vargas contra Rodríguez Santos en agosto de 2021, antes de que se revelaran los casos federales, para cobrarle un dinero. Pero el pleito se ha desarrollado en uno para disolver la compañía en el que el tribunal designó a un administrador judicial, Eduardo Soria, quien debe manejar los activos existentes de la asfaltera para pagar a los acreedores y acabar con la corporación.

En ese contexto, la moción de los abogados de Villegas Vargas plantea que Rodríguez Santos está cometiendo fraude porque, a través de la empresa PR Disposal 4 Contractor Services, Inc., se estaría apropiando de equipos de Asphalt a espaldas del administrador judicial y se continuaría beneficiando de contratos en el gobierno.

PR Disposal fue incorporada en agosto de 2020, un mes cercano al momento en que al menos el exalcalde de Cataño, Félix «El Cano» Delgado Montalvo, comenzaría conversaciones con las autoridades federales, según un estimado de tiempo que ofreció su abogado, Juan Matos de Juan, después de ese arresto que inició la racha de casos resultantes de la cooperación de Rodríguez Santos y Santamaría Torres.

Los abogados de Villegas Vargas plantean que el incorporador y oficial de PR Disposal, Donald Keillor Aponte, está vinculado con Rodríguez Santos desde por lo menos 2012 mediante otras empresas. Además, los contratos públicos de PR Disposal, todos desde septiembre de 2021, están firmados por Yeiremar Rivera Alicea, quien fue secretaria corporativa de J. R. Asphalt nombrada por Rodríguez Santos.

Los contratos, para pavimentación, son siete con el municipio de Yauco por $691,012 y uno con Vega Alta por $300,000 que, según la moción, fueron otorgados después de que se le solicitara una propuesta por correo electrónico a PR Disposal. Por ley, Rodríguez Santos o empresas en las que participe, no pueden tener contratos públicos tras su declaración de culpabilidad. Ambos municipios tenían contratos con J. R. Asphalt y Waste Collection, pero no se han presentado acusaciones en contra de sus alcaldes.

Soria fue nombrado administrador en diciembre de 2021 y desde entonces identifica activos y equipos de la empresa para la disolución. El 11 de enero de 2022, la compañía CEFI, que financió equipos a J. R. Asphalt, emitió una carta con el balance de cancelación para una unidad Caterpillar por $139,584, pero la carta no fue remitida a la dirección de J. R. Asphalt sino a la dirección de otra corporación asociada a Rodríguez Santos. El día siguiente, 12 de enero, PR Disposal pagó el balance de la deuda del equipo, según consta en carta que el abogado de la empresa, Iván Rivera Reyes, sometió al administrador judicial en marzo para evitar que la unidad fuera vendida en subasta como parte de la disolución de J. R. Asphalt. Rivera Reyes es comentarista de noticias y comparte programa con el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, quien es el abogado de Rodríguez Santos en este pleito y también es abogado de Waste Collection.

«Es importante resaltar que la alegada transacción para disponer de propiedad de J. R. Asphalt se configuró casi un mes después de la designación del Administrador Judicial, y la misma se efectuó sin su consentimiento, y sin que se le informara», puntualiza la moción al solicitar una investigación de los vínculos de Rodríguez Santos con PR Disposal, de los contratos públicos y de la transacción con el Caterpillar.

«Como cuestión de hecho, aún hay maquinaria de J.R. Asphalt, Inc. que no ha sido encontrada, y el Administrador se encuentra trabajando para lograr su recuperación a fines de que sea vendida para el pago de acreedores, suplidores, empleados de la corporación», añaden los abogados de Villegas Vargas.

Vea:

Empresas en el caso de corrupción de Cataño quedan mezcladas en pelea entre dueños de asfaltera

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