El Departamento de Justicia solicitó hoy al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como delegada congresional.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, convocó a una conferencia de prensa para anunciar el resultado de la evaluación sobre el desempeño de la funcionaria electa.
Una querella de un grupo de jóvenes afiliados al Partido Demócrata en Estados Unidos (Young Democrats) fue presentada ante Justicia en septiembre del 2021 y pedía que se iniciara un proceso de destitución contra Torres porque la delegada supuestamente no estaba cumpliendo con sus funciones para las que fue electa, es decir, adelantar la causa estadista para Puerto Rico, mietras cobra $90,000 más gastos reembolsables por ese puesto.
Otras figuras, como el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, también pidieron acción de Justicia ante su desempeño.
Torres Rodríguez también se ha expresado en contra del organismo al que pertenece. En su primer informe registrado en septiembre del año pasado, pidió al gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, que disolviera el ente, entre otras cosas, por el alto costo que representaba para Puerto Rico.
La delegada congresional también se vio en el ojo público luego que publicara un video en sus redes sociales alegando que la vacuna contra el covid-19 le habría provocado «magnetismo». La delegada por la estadidad utilizó tenedores para evidenciar que se pegaban a su cuerpo y que ello era resultado de la vacuna contra el covid-19.
Justicia puede intervenir
Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Carmen M. Feliciano, afirmó que Justicia puede intervenir con un delegado si se entiende que no cumple con su deber.
«Su responsabilidad según lo establece este estatuto, es abogar ante el Congreso de los Estados Unidos de América para que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión Americana. Dicha Ley en su Artículo 13 dispone que los gastos de la Delegación y los salarios serán sufragados por los fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus sigla en inglés). De igual forma, según dispone el Artículo 12 de la referida Ley, los delegados tienen la obligación de rendir un informe cada cada noventa (90) días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. Asimismo dispone que en el incumplimiento de alguno de sus deberes, dará paso a un proceso que será incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra incumplimiento en el deber para el que fueron electos», expresó Feliciano en un comunicado de prensa.
«La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico permanecerá atenta al proceso incoado por el Secretario y acogeremos la decisión del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Sra. Torres Rodríguez», agregó Feliciano.
Vea aquí el documento presentado en el Tribunal de Primera Instancia San Juan:
Vea la conferencia de prensa aquí:
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