El Proyecto de la Cámara 899 propone establecer la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores”.

Un proyecto que busca regular la industria de gas licuado y prevenir las prácticas denunciadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como que propician prácticas monopolísticas, fue objetado por una de las empresas que controlan ese mercado y apoyado, con enmiendas, por el Departamento de Justicia.

La otra empresa que participa del control de este mercado, Empire Gas, compareció ayer a una audiencia pública cameral, pero la persona que se presentó no llevó ponencia escrita como le fue requerido por la Comisión, por lo que fue “excusado” y serán citados nuevamente.

El Proyecto de la Cámara 899 propone establecer la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores”. El mismo fue radicado por la representante Estrella Martínez Soto, que preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor de la Cámara de Representantes, que es la que evalúa la medida.

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“El objetivo de la legislación y los requerimientos contenidos en la misma, ya al presente se encuentran atendidos, a través de reglamentación y ordenes administrativas vigentes. El DACO al presente posee facultad y jurisdicción amplia sobre el mercado del gas en la isla, así como otras dependencias de gobiemo pertinentes”, sostuvo el vicepresidente de la empresa Tropigas, Luis Humberto Berríos.

Este argumentó que el mercado de gas licuado de petróleo en Puerto Rico está sumamente regulado y fiscalizado.

“El sector debe cumplir con normativas del Negociado de Transportación y otros Servicios Públicos; del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Negociado de Bomberos de Puerto Rico; y todas las regulaciones federales aplicables”, dijo.

Aseguró que la industria del gas es un mercado competitivo, que labora para brindar a nuestros ciudadanos los precios más bajos, ya que de este esfuerzo dependen las oportunidades en el mercado.

Rechazó las alegaciones de prácticas monopolísticas en el sector, a pesar de que está controlado por solo dos empresas.

“Son alegaciones. La imagen que tenga alguien o deje de tener alguien, yo no la puedo cambiar. Yo le puedo dar información referente a nuestra empresa: los precios se les informan a los clientes; DACO lo único que le falta saber es el calzado de mis empleados, porque toda la información referente a mi empresa se le entrega, y se le entrega a tiempo. ¿Qué más puedo hacer para ser más transparente?”, señaló Berríos.

Por su parte el Departamento de Justicia endosó la medida, pero objetó varias de sus disposiciones, en particular la que concede solo 30 días a dicha agencia para evaluar y actuar en casos de prácticas monopolísticas que puedan presentarse en torno a esta industria.

“Debemos aclarar que la iniciativa legislativa que promueve esta medida es encomiable, responde a preocupaciones legítimas y se encuentra dentro de los linderos de la facultad legislativa, en cuanto propone una protección adicional a los consumidores frente a practicas inescrupulosas, injustas y desleales en la venta y distribución de un bien de primera necesidad corno lo es el gas licuado. Por tanto, el Departamento concurre con la intención del presente proyecto. Sin embargo, no podemos responsablemente refrendar las disposiciones propuestas en cuanto a limitar a treinta (30) días el tiempo para que la Oficina de Asuntos Monopolísticos comience y culmine una investigación sobre violaciones a la Ley de Monopolios. Imponer este término tan corto al Departamento de Justicia para realizar y finiquitar una investigación, que por su naturaleza es de gran envergadura, atenta contra los postulados básicos de la búsqueda de la verdad y la justicia”, indica la ponencia sometida por Guarionex Díaz Martínez, Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos.