El ente federal concluyó que esa iniciativa no ha sido efectiva para la promoción del desarrollo económico, mientras su costo supera los $21,000 millones en un año.

La Junta de Supervisión Fiscal advirtió al gobierno de Puerto Rico que debe descontinuar su política de incentivos contributivos para atraer inversión, tras concluir que la misma no ha resultado efectiva para la promoción de desarrollo económico, mientras su costo al país supera los $21,000 millones en un solo año.

La advertencia está contenida en una carta enviada al Departamento de Hacienda, con copia al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, y en la que se evalúa un informe que preparó esa agencia sobre los “Gastos Tributarios” del gobierno local y que corresponde al año 2018.

“La estructura de incentivos contributivos ha creado un sistema contributivo engorroso (cumbersome) y altamente complicado que ha fallado en apoyar crecimiento y desarrollo económico”, dice la misiva. “Puerto Rico debe descontinuar su dependencia de incentivos contributivos como mecanismo para atraer inversión y debe trabajar en reformas estructurales que se enfoquen en fortalecer las ventajas competitivas de la Isla como un destino para inversión”, sostiene la carta firmada por la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

Resalta el documento que, según este informe de Hacienda, que fue publicado en junio pasado, existían para entonces 424 incentivos o exenciones contributivas que tuvieron en aquel momento un costo estimado para el gobierno de $21,400 millones. Cerca de dos terceras partes de estos, se indica, son en forma de tasas contributivas preferenciales para empresas manufactureras de propiedad extranjera.

Desde el inicio del escrito, la Junta expresa preocupación por los datos contenidos en el mencionado informe y hace notar que la magnitud del gasto tributario de Puerto Rico supera por mucho su uso internacional, su utilización en Estados Unidos a nivel nacional y también la de cualquier estado norteamericano en particular.

“Puerto Rico es demasiado dependiente de incentivos contributivos como herramienta para promover desarrollo y la magnitud de los incentivos ofrecidos están introduciendo fuertes distorsiones y poca uniformidad en el sistema contributivo, lo que contribuye significativamente al desarrollo de un regimen contributivo poco amigable”, se añade.

Expresan que el gasto contributivo de Puerto Rico es cuatro veces mayor que el observado en Michigan, que es la jurisdicción que le sigue en este renglٖón, y es hasta siete veces mayor que de los estados con un ingreso per capita relativamente bajo, como Alabama, Tennessee y Mississippi.

Aún cuando reconoce el esfuerzo de Hacienda de producir este tipo de información, la carta advierte que el informe está incompleto, pues no incluye varios mecanismos contributivos que también impactan el gasto tributario.

Destacan entre estos el régimen de arbitrios de la Ley 154 a empresas foráneas, que según indican, erosiona también la base contributiva corporativa; el sistema de contribuciones sobre la propiedad; y también los incentivos que otorgan los municipios en sus sistemas de patentes.

Estos, indica Jaresko a nombre de la Junta, deben contabilizarse también para entender plenamente el nivel de ingresos comprometidos y hacer más transparentes las decisiones de política pública que se adopten.

“Todos los gastos tributarios deben tener el requisito de ser evaluados y rejustificados anualmente, y solo aquellos que demuestren su mérito deben mantenerse”, afirma.

En otra expresión sobre lo costoso, inefectivo y disruptivo es esta política contributiva, la carta indica que estos “incentivos ad hoc tan frecuentes y amplios imponen una estructura altamente distorsionada (con tasas tan altas como 37.5%) sobre la restante base empresarial”.

A todo lo anterior se añade la queja de que este informe del 2018 fue sometido el 1ro de junio de 2021, por lo que la edad de estos estimados y su disponibilidad a tan solo 30 días de comenzar el año fiscal 2022, limita significativamente su utilidad para trazar política presupuestaria.

“De acuerdo con el Plan Fiscal Certificado el informe del gasto tributario debe ser entregado consistentemente durante el mes de diciembre de cada año. No obstante, lo más importante que debe hacer el Departamento de Hacienda es actualizar la data sobre la cual los futuros informes de gasto tributario deben basarse para hacer estos útiles para completar un análisis que pueda utilizarse para informar las decisiones presupuestarias de un próximo año”, concluyen.